Colombia atraviesa una nueva tormenta política y económica tras la decisión del presidente Gustavo Petro de decretar un estado de emergencia económica por 30 días para poder crear y modificar impuestos sin pasar por el Congreso. La medida busca cerrar un hueco fiscal que se agrava de cara a 2026, año electoral, pero abre un frente de choques con la oposición, el sector empresarial y parte de la academia, que cuestionan su constitucionalidad y advierten riesgos para la estabilidad jurídica del país.
El decreto y las razones del Gobierno
Según el Gobierno, la emergencia se justifica por la imposibilidad de cubrir las necesidades de gasto en defensa, salud y servicio de la deuda con el marco tributario actual, después de que el Congreso negara o bloqueara una nueva reforma tributaria que habría aportado cerca de 4.000 millones de dólares adicionales en 2026. Petro argumenta que el país enfrenta un “desequilibrio grave e inminente” y que se requiere actuar con rapidez para asegurar la financiación del presupuesto, que para 2025 ronda los 134.000 millones de dólares, un nivel de gasto superior incluso al de los años más duros de la pandemia.
En la práctica, el decreto habilita al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley en materia fiscal durante un mes, creando nuevos tributos, modificando tarifas y ajustando beneficios, siempre con la obligación posterior de enviar esas medidas a revisión de la Corte Constitucional. El Ministerio de Hacienda ha adelantado que el foco estaría en gravar sectores con mayor capacidad contributiva, revisar exenciones y explorar impuestos temporales ligados a rentas altas y utilidades extraordinarias de empresas en sectores específicos.
Un gasto en aumento y un Congreso en resistencia
Desde su llegada al poder en 2022, el gobierno de Petro ha impulsado una agenda de expansión del gasto en programas sociales, transición energética, educación, salud y fortalecimiento de las Fuerzas Militares, lo que ha elevado el tamaño del Estado por encima de los niveles previos a 2020. El margen fiscal se ha reducido por el aumento del servicio de la deuda y por una desaceleración del crecimiento económico, mientras las cuentas oficiales reconocen que la regla fiscal está bajo presión.
La nueva reforma tributaria presentada en 2025, que buscaba reforzar la caja justo antes del ciclo electoral de 2026, se estrelló con un Congreso fragmentado donde el Gobierno perdió apoyos de antiguos aliados. Bancadas de centro y derecha denunciaron “fatiga tributaria” en empresas y clases medias, y cuestionaron que se siguiera aumentando el gasto sin recortes claros ni mejoras en eficiencia. Ante ese bloqueo, el Ejecutivo optó por la vía extraordinaria de la emergencia, argumentando que el Legislativo dejó al país “sin herramientas” para honrar sus compromisos.
Críticas: constitucionalidad, seguridad jurídica y clima de inversión
La decisión ha sido recibida con fuertes críticas de la oposición, expertos en derecho constitucional y gremios empresariales. Se cuestiona si existe realmente una “situación sobreviniente y grave” que no pudiera ser manejada con los instrumentos ordinarios, requisito que exige la Constitución para declarar una emergencia económica. Varios analistas señalan que el problema de caja era previsible y responde en buena parte a decisiones de gasto del propio Gobierno, lo que dificultaría defender la figura ante la Corte.
Los gremios alertan, además, sobre el impacto que un paquete de impuestos dictado por decreto puede tener sobre la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Cambios acelerados en la carga tributaria, sin debate parlamentario ni concertación, podrían aumentar la percepción de riesgo en un momento en que Colombia compite por atraer capital en la región. Las calificadoras de riesgo vigilan de cerca la trayectoria de deuda y déficit; un diseño poco cuidadoso de nuevos tributos podría terminar encareciendo aún más el financiamiento del Estado, el efecto contrario al que se busca.
Qué podría pasar ahora
En el corto plazo, el Gobierno deberá detallar el tipo de impuestos que piensa crear o ajustar y el monto exacto de recaudo que espera conseguir, mientras opositores preparan demandas ante la Corte Constitucional para tumbar el decreto de emergencia. Varios partidos ya han anunciado acciones jurídicas y políticas, señalando que el Ejecutivo estaría “saltándose” al Congreso y tensando el sistema de pesos y contrapesos.
Si la Corte considera que no se cumplen las condiciones de excepcionalidad, podría declarar inexequible la emergencia y extinguir los decretos tributarios que se aprueben, lo que devolvería la discusión al terreno político ordinario justo en la antesala de las elecciones de 2026. Si la avala, Petro tendrá un respiro fiscal, pero quedará instalado el precedente de usar estados de excepción para resolver impasses tributarios, algo que muchos consideran un riesgo institucional. En cualquiera de los escenarios, el debate sobre hasta dónde puede llegar un gobierno para financiar su agenda de gasto, y qué papel debe jugar el Congreso en esa tarea, marcará la recta final del mandato y la campaña que ya se perfila para sucederlo.