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Colombia dio un paso clave para asegurar el abastecimiento de gas natural a partir de 2027, tras el cierre de un acuerdo comercial vinculante entre la Transportadora de Gas Internacional (TGI)

 

Colombia dio un paso clave para asegurar el abastecimiento de gas natural a partir de 2027, tras el cierre de un acuerdo comercial vinculante entre la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá, y la multinacional Höegh Evi para suministrar una Unidad de Almacenamiento y Regasificación Flotante (FSRU). Esta infraestructura será el corazón de la futura planta de regasificación de La Guajira, proyecto estratégico que se proyecta entre en operación en el primer trimestre de 2027, con la meta de estar lista desde enero de ese año.

Una FSRU para la costa Caribe

La FSRU es un buque especializado que permite recibir gas natural licuado (GNL) importado, almacenarlo en estado líquido y regasificarlo para inyectarlo al sistema nacional de transporte. Con el acuerdo, TGI garantiza la disponibilidad de este activo flotante por un periodo de largo plazo, lo que despeja una de las mayores incertidumbres técnicas y financieras del proyecto de La Guajira. La terminal se ubicará en la costa Caribe del departamento, aprovechando su cercanía a rutas internacionales de GNL y a los gasoductos que conectan con el interior del país.

Seguridad energética y caída de la producción interna

El avance de la regasificadora se enmarca en un contexto de descenso progresivo de la producción interna de gas natural en campos como Chuchupa–Ballena y otros yacimientos de la Costa Atlántica, así como en la necesidad de respaldar la generación térmica y la demanda residencial e industrial. Autoridades y empresarios han advertido que, sin nueva infraestructura de importación, Colombia podría enfrentar estrechez de oferta en la segunda mitad de esta década, especialmente en escenarios de fenómeno de El Niño o de mayor demanda eléctrica.

En ese sentido, La Guajira se sumaría a la planta de Cartagena (SPEC), que ya opera como terminal de GNL para el Caribe y el interior, pero que por sí sola no sería suficiente para garantizar la seguridad energética futura. La nueva FSRU permitirá diversificar puntos de entrada del gas, aumentar capacidad de regasificación y ofrecer redundancia al sistema, reduciendo la vulnerabilidad ante eventualidades técnicas o choques de oferta.

Impacto para hogares y empresas

La puesta en marcha de la terminal guajira está pensada para respaldar tanto a los generadores térmicos como al sector residencial e industrial. En regiones como la Costa Caribe y el nororiente, el gas natural es clave para cocina, calentamiento de agua y procesos productivos; una falla prolongada de suministro podría traducirse en racionamientos o mayores costos energéticos. El proyecto busca evitar esos escenarios, asegurando que el país pueda recurrir a importaciones de GNL cuando la producción local no alcance.

Además, el desarrollo de la planta y de la infraestructura asociada —muelles, conexiones a gasoductos, servicios portuarios— promete dinamizar la economía local de La Guajira, con empleos en construcción, operación y servicios conexos. No obstante, organizaciones ambientales y comunidades han pedido que cualquier intervención se haga respetando la normatividad ambiental y los derechos de las comunidades étnicas de la zona.

Próximos pasos y retos

Con el acuerdo FSRU ya asegurado, los próximos hitos del proyecto incluyen la culminación de licencias ambientales, la construcción de las instalaciones portuarias y de conexión al Sistema Nacional de Transporte de gas, y el cierre financiero definitivo. El cronograma es ajustado: para cumplir con la meta del primer trimestre de 2027, las obras deberán avanzar sin mayores retrasos.

El proyecto de regasificación de La Guajira se ha convertido así en una pieza central de la política de seguridad energética colombiana: su éxito o fracaso definirá en buena medida si el país atraviesa la segunda mitad de la década con suficiente gas para hogares, industrias y generación eléctrica, o si se ve obligado a enfrentar escenarios de escasez y precios más altos en medio de la transición energética.

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