El Senado de Colombia volvió a asestar un golpe central a la agenda de cambios sociales del presidente Gustavo Petro al archivar, por segunda vez, su ambiciosa reforma a la salud. La decisión cierra el camino a uno de los proyectos emblemáticos del gobierno y agrava la tensión entre el Ejecutivo y un Congreso cada vez más reacio a sus transformaciones estructurales.
Votación y hundimiento en comisión
La reforma fue archivada en la Comisión Séptima del Senado con ocho votos en contra y cinco a favor de continuar el trámite, lo que en la práctica entierra el proyecto en esta legislatura. Al tratarse de un archivo en comisión y en el último día del periodo, el gobierno pierde la posibilidad de revivir el mismo texto en plenaria, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma laboral. Desde el oficialismo se interpreta el calendario como una maniobra calculada para impedir que la iniciativa tuviera una “segunda vida” en el recinto pleno.
La derrota parlamentaria tiene un fuerte contenido político: confirma que el gobierno no cuenta con una mayoría estable para sus grandes reformas y que antiguos aliados se han replegado o alineado con la oposición en temas sensibles. Para varios senadores críticos, el proyecto era confuso, concentraba demasiado poder en el Estado y ponía en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema.
Reacción del gobierno y acusaciones de bloqueo
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó con dureza al resultado y acusó a los senadores de “jugar con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”. Según el alto funcionario, el Congreso esperó deliberadamente hasta el último día de sesiones para hundir la propuesta y evitar que el Ejecutivo pudiera insistir con ella más adelante. El tono del mensaje refleja el deterioro de la relación entre la Casa de Nariño y buena parte del Legislativo.
Gustavo Petro, por su parte, ha insistido en que el país necesita una transformación profunda del modelo sanitario, al que considera inequitativo y capturado por intereses privados. Tras el nuevo fracaso, el gobierno enfrenta el dilema de intentar un texto más acotado que logre consensos, o recurrir a decretos y ajustes administrativos dentro del marco legal vigente, con menor alcance que la reforma estructural inicialmente planteada.
Qué proponía la reforma a la salud
El proyecto buscaba desmontar gradualmente el esquema creado en 1993, basado en aseguradoras privadas conocidas como EPS (Entidades Promotoras de Salud), para pasar a un sistema con mayor protagonismo del Estado en la administración de los recursos. La iniciativa planteaba fortalecer la red pública, crear centros de atención primaria en todo el territorio y reducir la intermediación financiera, de modo que los recursos fluyeran directamente desde un fondo estatal hacia los prestadores.
El gobierno argumentaba que el modelo actual permite que las EPS acumulen poder económico y político, y que algunas incurran en prácticas de corrupción, como desvío de recursos, retraso en pagos a hospitales y negación de servicios. La reforma proponía convertirlas en simples gestoras o integrarlas a un nuevo esquema de redes regionales, lo que para sus detractores implicaba, de hecho, su desaparición gradual.
Desigualdades territoriales y críticas a las EPS
Petro ha subrayado reiteradamente que alrededor de 600 municipios carecen de puestos de salud adecuados en sus zonas rurales, mientras en las grandes ciudades se concentran clínicas de alta complejidad. Esa brecha geográfica fue uno de los argumentos centrales para defender la reforma: el gobierno sostenía que el modelo de aseguramiento vigente no logró corregir la inequidad territorial y que, por el contrario, favoreció a regiones urbanas de mayores ingresos.
Además, el presidente ha acusado a varios responsables de las EPS de ser “empresarios corruptos” que se enriquecen gestionando recursos públicos destinados a la atención médica. Estas afirmaciones generaron una fuerte respuesta del gremio, que reivindica haber permitido un aumento de la cobertura y de ciertos indicadores de salud desde los años noventa, y culpa al Estado de no pagar a tiempo ni vigilar adecuadamente el sistema.
Impacto político y futuro de la agenda social
El nuevo hundimiento de la reforma a la salud, sumado al reciente rechazo de la reforma fiscal con la que el gobierno pretendía financiar parte de su presupuesto, debilita la agenda de cambios estructurales de Petro. Sin ingresos frescos y sin un rediseño del sistema sanitario, el Ejecutivo ve limitadas sus capacidades para cumplir promesas de campaña ligadas al acceso universal y oportuno a la salud.