Estados Unidos dio este martes un paso inédito en su ofensiva contra el crimen organizado al designar al Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante de Colombia, como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés). Con esta decisión, ya son 14 las estructuras criminales latinoamericanas incluidas en la lista desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, que ha convertido la etiqueta de “terrorismo” en eje de su política contra los carteles.
La decisión del Tesoro y el Departamento de Estado
En una actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Tesoro confirmó que el Clan del Golfo —también conocido como Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia— pasa de tener miembros sancionados por narcotráfico a figurar como FTO y como “Specially Designated Global Terrorist” (SDGT). Esta doble designación permite congelar todos los activos del grupo bajo jurisdicción estadounidense, perseguir penalmente a quienes le brinden apoyo material y aplicar sanciones secundarias a bancos y empresas que mantengan vínculos con la organización.
El secretario de Estado, Marco Rubio, describió al Clan del Golfo como “una organización criminal violenta y poderosa con miles de integrantes”, cuya principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Washington atribuye al grupo atentados con explosivos, asesinatos de funcionarios, policías y militares, así como desplazamientos masivos y extorsiones en varias regiones de Colombia.
Un golpe en medio de negociaciones de paz
La designación llega mientras el Clan del Golfo participa en conversaciones con el gobierno de Gustavo Petro dentro de la política de “paz total”, que busca pactos con varias estructuras armadas. Analistas señalan que la etiqueta de FTO complica la mesa de diálogo: por un lado, refuerza la presión para que el grupo cese sus actividades; por otro, podría limitar la capacidad del gobierno colombiano para ofrecer beneficios jurídicos sin chocar con la justicia estadounidense.
Expertos en seguridad destacan que Estados Unidos ya había probado esta estrategia al catalogar como terroristas a ocho carteles y pandillas latinoamericanas a inicios de 2025 —entre ellos el Cártel de Sinaloa, el CJNG, Tren de Aragua, MS-13 y Barrio 18— y luego añadió estructuras ecuatorianas y el llamado “Cartel de los Soles” vinculado al régimen de Nicolás Maduro. El Clan del Golfo se suma ahora a ese listado ampliado, consolidando el giro doctrinario que equipara a ciertos carteles con organizaciones yihadistas en términos legales.
Alcance legal y posibles usos militares
La designación como FTO implica que cualquier persona en Estados Unidos que provea apoyo financiero, logístico o material al Clan del Golfo puede ser procesada por terrorismo, con penas mucho más severas que las previstas para delitos de narcotráfico ordinario. También autoriza al gobierno estadounidense a utilizar herramientas de inteligencia y persecución típicas de la lucha antiterrorista, como operaciones encubiertas, cooperación reforzada con terceros países y, en escenarios extremos, el uso de fuerza militar en el exterior.
El Departamento de Estado sostiene que estas catalogaciones “ayudan a las acciones policiales de otras agencias estadounidenses y de otros gobiernos”, al facilitar extradiciones, decomisos de bienes y coordinación de investigaciones transnacionales. Críticos de la medida, sin embargo, advierten que extender el concepto de terrorismo a organizaciones cuyo móvil principal es económico puede tensar las relaciones diplomáticas con países de la región y generar efectos colaterales sobre poblaciones civiles, por ejemplo si empresas o navieras restringen operaciones por temor a sanciones.
Reacciones en Colombia y en la región
En Colombia, la noticia ha sido leída de manera ambivalente: sectores que se oponen a los diálogos con grupos armados celebran el anuncio como un reconocimiento internacional de la peligrosidad del Clan del Golfo, mientras voces cercanas al gobierno temen que complique las salidas negociadas que se intentan construir. Organizaciones de derechos humanos señalan que la prioridad debe ser proteger a las comunidades afectadas por el control territorial del grupo y evitar que una mayor presión externa se traduzca en escaladas de violencia local.
En el plano regional, la incorporación del Clan del Golfo eleva a 14 el número de organizaciones latinoamericanas declaradas terroristas desde 2025, consolidando a América Latina como uno de los focos principales de la nueva “guerra contra el terror” redefinida por la administración Trump. El alcance real de esta política dependerá de la capacidad de los Estados de la región para coordinarse con Washington sin sacrificar sus propias estrategias de seguridad y de paz, en un contexto donde la línea entre combate al narcotráfico y manejo político del concepto de terrorismo se vuelve cada vez más difusa.