La Guardia Indígena Enrique Arce del resguardo La Puria, en Carmen de Atrato, Chocó, mantiene retenidos a dos suboficiales y 16 soldados desde el domingo; defensora del Pueblo anuncia misión humanitaria para su liberación
CARMEN DE ATRATO, CHOCÓ – Sobre la tarde del domingo 21 de diciembre, una multitud integrada por aproximadamente 200 personas secuestró a 18 militares de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional durante una operación contra el grupo armado organizado ELN en la zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó Wikipedia.
Dos suboficiales y 16 soldados fueron conducidos a un resguardo indígena, acción que impidió la continuidad de la misión constitucional que desarrollaban en ese territorio Wikipedia, según denunció el Comando de la Décima Quinta Brigada en un comunicado.
El hecho marca una nueva asonada contra la Fuerza Pública en zonas de conflicto armado, evidenciando el delicado equilibrio entre la autoridad militar del Estado, los derechos territoriales indígenas y el control de facto que ejercen grupos armados ilegales en vastas regiones del país.
"No existe territorio vedado para la Fuerza Pública"
"Rechazamos de manera categórica el secuestro de 18 militares de nuestro Ejército, ocurrido en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, Chocó", afirmó el ministro Pedro Sánchez, al explicar que los uniformados fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena, mientras adelantaban operaciones legítimas contra el ELN El Diario 24.
El ministro Sánchez utilizó una frase contundente en su mensaje en la red social X: "NO EXISTE TERRITORIO VEDADO PARA LA FUERZA PÚBLICA", subrayando que ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de los militares.
El ministro Sánchez explicó que las acciones adelantadas por el Ejército Nacional en esta zona del país tienen como objetivo central proteger a la población civil, en particular a las comunidades indígenas, frente a fenómenos como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otras expresiones de violencia asociadas a la presencia de grupos armados ilegales El Diario 24.
La versión indígena: falta de consulta previa y violencia militar
La comunidad indígena de la Guardia Indígena Enrique Arce del pueblo Embera argumentó que los militares ingresaron al territorio sin consulta previa ni autorización de las autoridades tradicionales, lo que motivó su detención TuNota.
De acuerdo con la denuncia pública de la Guardia Indígena Enrique Arce, la detención se produjo luego de que una mujer de la comunidad, acompañada de sus dos hijos, reportara haber sido intimidada por la fuerza pública, llegando al centro comunitario en estado de shock y llanto TuNota.
Como parte de las medidas de control territorial, la guardia decomisó 18 fusiles y pertenencias de los soldados TuNota. El incidente se registró en el contexto de operaciones militares contra el ELN, que mantiene presencia en la región.
El resguardo de La Puria: historia de desplazamiento y retorno
El resguardo indígena de La Puria tiene una historia marcada por el conflicto armado. Según un reportaje de La Silla Vacía de 2023, La Puria es el hogar de 135 familias embera katío que hace un año dejaron las difíciles calles de Medellín y regresaron a las neblinosas montañas, en la frontera entre Chocó y Antioquia, donde nacieron La Prensa.
En La Puria el vidrio más grande fue la guardia indígena que hace un año era un grupo de cuatro hombres. Hoy son una disciplinada guardia civil y no armada de 85 personas, incluyendo a diez mujeres y a diez adolescentes, que toman turnos de una hora cada noche para cuidar a la comunidad La Prensa.
Cuando llegó la hora de ponerle un nombre a la guardia la decisión fue aún más fácil. Por unanimidad escogieron a Enrique Arce, un líder que en los años ochenta se enfrentó a los colonos paisas de Andes que se apoderaron de las minas de oro indígenas en el río Colorado y las recuperó para su comunidad La Prensa. En 1983, Arce fue asesinado por la policía, crimen nunca resuelto.
Llamado a la liberación inmediata
La institución militar hizo un llamado urgente a las autoridades competentes nacionales, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que "se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación, privilegiando el diálogo y el respeto por la institucionalidad" Wikipedia.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, convocó a un consejo de seguridad extraordinario este lunes 22 de diciembre para coordinar acciones orientadas a la liberación de los uniformados.
Misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria para facilitar la liberación de los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen retenidos en el municipio de Carmen del Atrato, en el departamento del Chocó. El proceso contará también con el acompañamiento de la Gobernación departamental y busca garantizar el retorno seguro de los uniformados a su unidad militar Infobae.
Aunque hasta el momento no se han reportado agresiones físicas contra los militares, el Ejército Nacional calificó la situación como una vulneración a la libertad y a la integridad personal de sus hombres Infobae.
Las comunidades indígenas habrían manifestado su inconformidad con las operaciones militares en su territorio y solicitaron mayor presencia de entidades del Estado, en un contexto marcado por la persistencia del conflicto armado Infobae.
Un patrón recurrente: asonadas en zonas de grupos armados
Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal. Autoridades sostienen que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos e indígenas, que actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales que operan en la zona.
Solo en 2025, se han registrado múltiples casos:
Junio 2025 - Cañón del Micay, Cauca: 57 militares fueron retenidos por pobladores cuando llevaban a cabo operaciones para detener a líderes de una organización criminal en la zona Infobae. Los efectivos fueron retenidos por al menos 200 personas el sábado, cuando los militares llevaban a cabo una operación para detener a líderes de una organización criminal en la zona CNN.
Octubre 2024 - Cañón del Micay, Cauca: 60 soldados fueron retenidos por más de 200 campesinos durante más de 15 horas mientras realizaban operaciones militares en el Cañón del Micay ElHeraldo.
Según cifras del Ejército, las fuerzas militares han tenido que sortear ataques diarios con drones y más de veinte asonadas por parte de las comunidades Infobae en su operación para recuperar el control del Cañón del Micay.
El ELN: principal beneficiario de las asonadas
El ELN mantiene fuerte presencia en el Chocó y ha protagonizado una escalada de violencia en diciembre. Entre el 14 y el 17 de diciembre, la guerrilla llevó a cabo un paro armado que resultó en al menos 60 ataques terroristas, cinco personas fallecidas y la paralización de rutas clave en más de una veintena de departamentos.
El 18 de diciembre, siete soldados fueron asesinados y 31 resultaron heridos tras un ataque atribuido al ELN contra una base militar en Aguachica, Cesar, utilizando drones explosivos. Durante 2025, el ELN ejecutó al menos un centenar de ataques en departamentos como Chocó, Antioquia, Nariño, Cauca, Magdalena Medio y Norte de Santander Wikipedia.
El domingo pasado, el ELN anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas, del 24 de diciembre al 3 de enero, en un gesto que contrasta drásticamente con su reciente ola de violencia.
Tensión entre autoridad estatal y autonomía indígena
El caso de La Puria ilustra una tensión fundamental en Colombia: el derecho constitucional de los pueblos indígenas a la consulta previa y a la autonomía territorial versus la necesidad del Estado de combatir grupos armados ilegales que operan en esos mismos territorios.
La Constitución de 1991 reconoce a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, garantizando derechos especiales a los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la consulta previa cuando se realizan proyectos o acciones que puedan afectar sus territorios. Sin embargo, la misma Constitución establece que las operaciones de la Fuerza Pública para combatir grupos armados ilegales no están sujetas a consulta previa.
Reacciones políticas divididas
El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella afirmó en su cuenta de X que el caso representa "un Estado que renuncia a proteger a sus ciudadanos" Infobae.
Otros sectores políticos han señalado que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha debilitado la autoridad de la Fuerza Pública con su retórica de "Paz Total", permitiendo que grupos armados y comunidades manipuladas por estos desafíen impunemente al Estado.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos han llamado a respetar los derechos territoriales de las comunidades indígenas y a buscar soluciones dialogadas que no pongan en riesgo ni a los militares ni a la población civil.
El Chocó: epicentro del olvido estatal
El Chocó continúa siendo uno de los departamentos más afectados por la presencia de grupos armados ilegales. La región, con 82.5% de su población afrodescendiente e indígena, tiene los peores indicadores sociales del país: 68.1% de pobreza multidimensional, 32.6% de analfabetismo y una esperanza de vida 10 años menor que el promedio nacional.
La ausencia histórica del Estado ha permitido que grupos como el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC disputen el control de rutas del narcotráfico, minería ilegal y extorsión. En este contexto, las comunidades quedan atrapadas entre la violencia de los grupos armados, las operaciones militares y la falta de presencia de instituciones civiles del Estado.
¿Manipulación o autonomía?
De acuerdo con el Ejército Nacional, se instauraron denuncias penales en la Fiscalía General de la Nación contra el gobernador indígena de esa comunidad responsable del secuestro de los uniformados Diario Libre.
El ministro de Defensa insiste en que las comunidades actúan bajo coacción del ELN, mientras que las autoridades indígenas argumentan que ejercen su derecho legítimo a controlar su territorio y a proteger a su población de abusos militares.
La realidad probablemente es más compleja: en zonas donde el Estado solo se hace presente a través de la Fuerza Pública, y donde los grupos armados ejercen control social y económico, las comunidades desarrollan estrategias de supervivencia que pueden incluir tanto resistencia legítima como colaboración forzada.
Un desenlace incierto
El Ejército Nacional confirmó que la última comunicación que se tuvo con el grupo de militares fue sobre las 2:13 de la tarde, una vez los 200 miembros de la comunidad indígena que los retuvieron los llevaron escoltados hasta el resguardo, donde, al parecer, los mantienen Diario Libre.
Hasta el cierre de esta edición, no se reporta la liberación de los militares ni avances en negociaciones para su retorno seguro al Ejército Nacional Wikipedia, aunque fuentes oficiales indicaron que los soldados se encuentran en buen estado de salud.
La Defensoría del Pueblo trabaja en coordinación con la Gobernación del Chocó para facilitar un diálogo que permita la liberación pacífica de los 18 uniformados, en un caso que una vez más expone las profundas contradicciones de un Estado que, 60 años después del inicio del conflicto armado, aún no logra ejercer soberanía efectiva en amplias zonas del territorio nacional.
La pregunta que queda es si este incidente se resolverá mediante el diálogo y el respeto mutuo, o si escalará hacia una confrontación que solo beneficiará al ELN y seguirá dejando atrapadas a las comunidades entre fuegos cruzados.