La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha determinado que la campaña sistemática de exterminio contra el partido político Unión Patriótica (UP) durante las décadas de 1980 y 1990 constituye un genocidio. La resolución, anunciada el 9 de diciembre de 2025, representa un hito en la justicia transicional colombiana, pues califica por primera vez con esa categoría un ataque político que profundizó la violencia en el país.
La investigación de la JEP concluyó que el exterminio del partido UP tuvo como intención deliberada destruirlo completamente, por lo que se encuadra como genocidio conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano. Además, se reconocieron estos hechos como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Este genocidio afectó a un total de al menos 8.929 personas vinculadas a la UP. De ellas, 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente. Otros 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias, judicializaciones infundadas y violencia sexual. La JEP contextualizó estos crímenes dentro de una política contrainsurgente del Ejército colombiano, basada en la guerra contra las FARC, pero que implicó la persecución sistemática de militantes y simpatizantes del partido de izquierda.
Cinco oficiales retirados del Ejército colombiano fueron imputados como máximos responsables del genocidio en calidad de coautores. Entre ellos sobresalen el mayor general Iván Ramírez Quintero y el brigadier general Rito Alejo del Río, además de los tenientes coroneles Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez. La imputación implica enjuiciamiento por estos crímenes de gran gravedad, que fueron parte de una estrategia de seguridad con fines políticos.
La Unión Patriótica fue un partido surgido en 1985 como parte de un proceso de paz y desmovilización con las FARC, que buscaba participar en la vida política institucional del país. Sin embargo, su historia estuvo marcada por el asesinato sistemático de sus miembros, desde candidatos presidenciales hasta concejales y militantes de base, lo que denunció durante décadas la grave vulneración de derechos humanos en Colombia.
El fallo de la JEP abre un camino para la verdad y la reparación a las víctimas, además de fortalecer el reconocimiento histórico de un crimen político de gran magnitud. Esta decisión también pone en el centro la responsabilidad institucional del Ejército en la violencia política colombiana y llama a seguir profundizando en mecanismos de justicia y memoria para que estos hechos no se repitan.