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Bogotá, 26 de diciembre de 2025 (Redacción con datos de AP, Defensoría del Pueblo y fuentes locales) — La violencia armada en Colombia ha golpeado con crudeza a más de 200.000 personas en 2025, forzándolas a huir de sus hogares o a confinarse en ellos bajo amenaza constante de muerte. Así lo denuncia un informe oficial de la Defensoría del Pueblo, divulgado este viernes en su cuenta de X, que registra 101.474 desplazamientos forzados —tres veces más que en 2024— y 110.373 casos de confinamiento entre el 1 de enero y el 30 de noviembre.
El reporte detalla 116 eventos de desplazamiento masivo y 93 de confinamiento, afectando derechos fundamentales de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. El desplazamiento forzado ocurre cuando la amenaza armada obliga a la salida abrupta de viviendas o comunidades, mientras el confinamiento deja a las familias aisladas, sin acceso a alimentos, salud o educación básica, expuestos a la muerte inminente.
Estas cifras triplican las de 2024, cuando la Defensoría reportó solo 25.611 desplazados en todo el año. La escalada se atribuye principalmente a enfrentamientos entre grupos ilegales como disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y emergentes "uvas" (grupos locales), así como choques con las Fuerzas Armadas. Aunque la Defensoría no respondió de inmediato a consultas sobre causas específicas, expertos señalan el vacío de poder post-acuerdos de paz, el narcotráfico y la migración venezolana como detonantes.
Epicentros de la Crisis: Norte de Santander y Cauca
La mayoría de los casos se concentran en Norte de Santander (fronterizo con Venezuela) y Cauca (suroeste), donde persiste una "crisis humanitaria persistente". En Catatumbo (Norte de Santander), epicentro de la violencia, un informe de la Defensoría del 25 de diciembre alerta sobre pobladores refugiados en una escuela de Tibú, huyendo de combates entre el ELN y disidencias. Esta región vio 40% de los desplazamientos nacionales, con oleadas en junio y octubre por disputas por rutas de cocaína.
En Cauca, grupos como las disidencias "Jaime Martínez" y "Caparros" controlan corredores clave, generando 30% de los casos. Un pico en septiembre desplazó a 15.000 en Jamundí y Morales tras atentados con explosivos. Indepaz reportó 1.200 líderes sociales amenazados en estos departamentos hasta noviembre, exacerbando el éxodo.
Datos adicionales de la ONU (OCHA) confirman: Colombia registró 250.000 afectados por violencia en 2025, con 70% en zonas rurales. El gobierno de Gustavo Petro, en su "Paz Total", ha invertido 2 billones de pesos en asistencia humanitaria, pero críticos como el uribista Álvaro Uribe denuncian fracaso, citando 120 masacres (según Indepaz).
Impacto Humano y Llamados Urgentes
Testimonios recolectados por la Defensoría pintan un panorama desgarrador: familias caminando días sin comida, niños sin escuela y mujeres expuestas a violencia sexual. En Chocó y Nariño, emergen casos similares, sumando 20% de los eventos.
La Defensoría exige "presencia efectiva del Estado" con más tropas, programas sociales y diálogos. Organizaciones como Human Rights Watch urgen sanciones internacionales a grupos armados y protección a indígenas (25% de afectados en Cauca son nasa y emberá). El Ministerio de Defensa reportó 1.500 bajas a narcotraficantes, pero admite limitaciones presupuestales.