El galeón español San José se hundió en combate con los ingleses en 1708 cerca de Cartagena de Indias con casi toda su tripulación y pasaje a bordo. Hoy, tres siglos después, sus restos todavía reposan a 600 metros de profundidad en el mar territorial colombiano.
Esta localización en su territorio permite a Colombia defender que, según su derecho interno, los restos del galeón son propiedad pública de la República. Pero España, dada la condición de buque de guerra del San José, considera que la embarcación es propiedad pública española como Estado de pabellón, según la Ley 14/2014 de Navegación Marítima y de acuerdo con el derecho internacional.
Un botín para los cazatesoros
Más allá del interés arqueológico que ambas naciones comparten, los cazatesoros pronto pusieron sus ojos en el pecio puesto que parte de la carga del San José incluía materiales preciosos (oro, plata, perlas y esmeraldas)
En la década de 1980, una compañía (Glocca/SSA) obtuvo una serie de permisos de hallazgo por parte de las autoridades colombianas en amplias zonas cercanas a Cartagena. Esa empresa sostiene que halló los restos del galeón, cuestión que niega el Gobierno colombiano. Éste, tras revocar alguno de esos permisos, hizo público en 2015 el efectivo hallazgo de los restos del San José y decidió iniciar un proceso de extracción y comercialización de los restos a favor de otra compañía cazatesoros (MAC).
Esta aproximación mercantilista de la Administración de Juan Manuel Santos fue rechazada por la comunidad científica colombiana e internacional, que exigió del Gobierno colombiano la gestión de los restos del San José como parte del patrimonio cultural subacuático en beneficio de la humanidad.
Esta reacción produjo que la siguiente Administración colombiana, la del presidente Iván Duque, decidiera no proseguir con el contrato y declarara en 2022 el sitio arqueológico del San José –también tumba marina, no debe olvidarse– como bien de interés cultural.
Todo ello provocó que la primera compañía cazatesoros demandara a Colombia ante un tribunal internacional de arbitraje de inversiones. Argumentaba que sus posibles derechos sobre la carga –pues sólo les interesa la carga, no el pecio ni su valor histórico– habían sido ilegalmente anulados.
Hoy día, el litigio sigue pendiente. España intentó personarse bajo la figura de amicus curiae, pero el tribunal rechazó provisionalmente esa pretensión en diciembre de 2023. En un nuevo plazo que acabó el pasado 17 de enero, España presentó un nuevo escrito de amicus para alegar sus derechos.
Un problema añadido llegó también en enero, cuando la segunda compañía cazatesoros (MAC) presentó una reclamación contra Colombia para iniciar un arbitraje de inversiones ante el CIADI. Cabe entender que dicha reclamación deriva de la anulación del contrato con MAC por la Administracion Duque.