Tegucigalpa, 30 de enero de 2026. El nuevo Congreso Nacional de Honduras estrenó su primer paquete de decisiones con una agenda abiertamente social, que combina promesas de medicinas gratuitas, ampliación de la red de quirófanos, regulación del empleo por hora, internet para las escuelas públicas y un esquema de apoyo directo a las alcaldías, en sintonía con las prioridades del gobierno de Nasry Asfura para el periodo 2026‑2030. La dirigencia legislativa afirma que se trata de “compromisos claros y decisiones firmes”, mientras sectores sociales y de oposición advierten que el éxito dependerá de la ejecución presupuestaria y de que las reformas no signifiquen retrocesos en derechos laborales ni en la calidad de los servicios públicos.
Un Congreso que busca marcar diferencia desde el primer día
El Congreso Nacional para el período 2026–2030 abrió su legislatura con un mensaje político de ruptura con prácticas del pasado y una narrativa centrada en “unidad, transparencia y respuesta al pueblo”, encabezada por su nueva junta directiva. En sus primeras comunicaciones oficiales, el Legislativo se ha presentado como un órgano que “trabaja desde el primer día”, subrayando que las primeras decisiones aprobadas están orientadas a la vida cotidiana de los hondureños, sobre todo en salud, educación y empleo.
El plan legislativo divulgado incluye, además de la agenda social inmediata, cambios institucionales como la eliminación de la Comisión Permanente del Congreso y la creación de un Consejo de Sociedad Civil para abrir la elaboración de leyes a la participación ciudadana organizada. Estas reformas, según voceros parlamentarios, buscan reforzar la transparencia y evitar concentraciones de poder que en el pasado fueron señaladas como puerta a negociaciones opacas y decisiones tomadas a espaldas de la población.
Medicinas gratis y más quirófanos en un sistema colapsado
Uno de los anuncios más llamativos es la aprobación de mecanismos para garantizar medicinas gratuitas al pueblo, lo que incluye la posibilidad de que farmacias privadas entreguen medicamentos sin costo a pacientes del sistema público cuando los hospitales y centros de salud no tengan existencias, con cargo posterior al Estado. En paralelo, el presidente Asfura suscribió un convenio con organizaciones internacionales y fundaciones que prevé hasta 10 millones de dólares anuales en medicamentos durante los próximos cuatro años, equivalentes a unos 1.000 millones de lempiras en total, como parte de la estrategia para enfrentar el desabastecimiento crónico.
La apuesta por medicinas gratuitas y más atención en salud se da en un contexto de hospitales colapsados, mora quirúrgica estimada en alrededor de 14.000 pacientes y una red sanitaria con déficit de personal, deudas acumuladas y fuga de talento médico, según especialistas y autoridades entrantes. Por ello, el Congreso incorporó también el compromiso de construir y habilitar nuevos quirófanos en todo el país, con el objetivo de reducir la mora quirúrgica y agilizar cirugías que llevan meses o años de retraso.
Empleo por hora: promesa de reactivación y temor a precarización
En el terreno laboral, la nueva agenda social del Congreso incluye la aprobación de una Ley de Empleo por Hora o Empleo a Tiempo Parcial, presentada como una herramienta clave para reactivar la economía y generar nuevas plazas para jóvenes, sobre todo en la zona norte y en sectores como la maquila y los servicios. La iniciativa, introducida en la primera sesión legislativa, plantea un marco regulatorio para el trabajo por hora, que, según sus promotores, garantizaría derechos básicos a los trabajadores y daría flexibilidad a las empresas para adaptarse a la demanda del mercado.
El sector privado, a través de dirigentes empresariales, ha respaldado la ley al considerarla un mecanismo para formalizar relaciones laborales hoy en la informalidad y atraer inversión, beneficiando a personas que no pueden cumplir jornadas de ocho horas continuas. Sin embargo, diputados de oposición y organizaciones laborales han manifestado su rechazo o preocupación, argumentando que modelos similares no han generado empleo digno en el pasado y podrían abrir la puerta a la precarización, menores ingresos y menor estabilidad para los trabajadores hondureños.
Internet en escuelas públicas y apoyo directo a alcaldías
Otro de los puntos de la nueva agenda social es la aprobación de medidas para asegurar acceso a internet en las escuelas públicas del país, concebido por el Congreso como un paso necesario para reducir brechas educativas y tecnológicas entre estudiantes de zonas urbanas y rurales. La decisión se enmarca en un esfuerzo más amplio de modernización de la infraestructura digital, que incluye proyectos de conectividad educativa y posibles alianzas con proveedores privados y cooperación internacional.
En materia de descentralización, el Legislativo también anunció un esquema de apoyo directo a los alcaldes, que busca transferir recursos y facilitar la ejecución de proyectos locales sin intermediaciones burocráticas excesivas, respondiendo a demandas históricas de gobiernos municipales que piden más herramientas para atender de forma inmediata necesidades de infraestructura, agua, seguridad y servicios básicos. Alcaldes de distintas fuerzas políticas han señalado que, si los fondos llegan con reglas claras y sin uso partidario, podrían convertirse en un pilar para mejorar la calidad de vida en los municipios más rezagados del país.
Retos de implementación y vigilancia ciudadana
Aunque el paquete inicial de decisiones ha sido presentado como un golpe de timón social, expertos en políticas públicas recuerdan que su viabilidad depende de la sostenibilidad fiscal del Estado y de la capacidad de gestión del nuevo gobierno, que hereda un cuadro económico complejo y un sistema de salud al límite. Organizaciones de sociedad civil plantean que la creación del Consejo de Sociedad Civil y la promesa de apertura legislativa deberán traducirse en auditoría real de los programas de medicinas gratuitas, construcción de quirófanos, contratación por hora y fondos para alcaldías.
Analistas coinciden en que el nuevo Congreso Nacional ha optado por una agenda de alto impacto simbólico y social en sus primeros días, lo que eleva las expectativas ciudadanas sobre resultados concretos en el corto plazo. De no cumplirse las metas anunciadas, advierten, el desencanto podría alimentar la desconfianza en las instituciones y profundizar la brecha entre los compromisos públicos y la realidad cotidiana de los hondureños que esperan medicinas, empleo y mejores servicios desde hace años.