La estrategia de Paz Total en Colombia enfrenta una crisis profunda debido a la ausencia de un marco jurídico claro que impida la integración de actores armados en la Justicia Transicional, generando incertidumbre y dificultades en las negociaciones. La reciente orden gubernamental para que el Frente 33 se concentre en una zona temporal no asegura seguridad ni condiciones adecuadas para la población civil, enfrentando retos como la protección de combatientes y civiles, la dejación colectiva de armas y la transformación territorial en zonas conflictivas como Tibú.
Los diálogos con el ELN están estancados y podrían quedar en manos del próximo gobierno, mientras que la propuesta de mediación del Vaticano no ha tenido respuesta concreta. Los procesos urbanos de paz en ciudades como Buenaventura, Quibdó y Medellín están paralizados o estancados, y nuevas iniciativas en Barranquilla generan dudas sobre su claridad y efectividad.
En cuanto a las disidencias de las Farc, las negociaciones están congeladas o rotas en varios frentes, limitándose a acercamientos parciales que, sin un marco jurídico sólido, solo contemplan el indulto, lo cual genera incertidumbre sobre el rumbo de las conversaciones.
Adicionalmente, una denuncia del expresidente Juan Manuel Santos apunta a una supuesta organización de disidencias por parte del gobierno anterior, lo que refuerza la percepción de improvisación y falta de una política de seguridad clara. En resumen, sin seguridad, marco legal ni negociaciones coherentes, la viabilidad de la Paz Total está en grave riesgo.