El Contralor General de la República de Colombia , Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó los hallazgos de un estudio sobre los subsidios en los sectores de electricidad, gas combustible, GLP y combustibles líquidos en el periodo 2014-2024. Según el informe, la asignación de estos subsidios ha sido deficiente, afectando la sostenibilidad fiscal, la calidad del servicio y la cobertura de los beneficiarios.
Rodríguez Becerra enfatizó la necesidad de realizar ajustes en la distribución de estos subsidios para garantizar que lleguen a quienes realmente los necesitan. Además, propuso revisar el sistema de estratificación como método de asignación, ya que este no parece ser el más eficiente. En este sentido, destacó la importancia de avanzar en la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), administrado por el Departamento Nacional de Planeación.
El estudio de la Contraloría Delegada de Minas y Energía identificó cuatro problemas estructurales en la gestión de los subsidios:
1. Inadecuada focalización: Existen errores en la inclusión y exclusión de beneficiarios. Se recomienda minimizar estos errores mediante una mejor identificación de la población que realmente necesita el subsidio.
2. Sostenibilidad financiera: Se requiere una vigilancia continua para garantizar la sostenibilidad del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI).
3. Falta de controles efectivos: Se deben fortalecer los mecanismos de supervisión para verificar el uso adecuado de los recursos, incluyendo auditorías a los agentes involucrados y la optimización del Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI).
4. Medición de impacto: Es fundamental evaluar los efectos de los subsidios en la eficiencia energética, la cultura de pago y la promoción de energías renovables.
En cuanto a la deuda por subsidios, la Contraloría advirtió que el Estado adeuda $2,7 billones a los prestadores del servicio de energía eléctrica hasta diciembre de 2024. Esta mora pone en riesgo la continuidad de la prestación del servicio y podría llevar al desmonte de los subsidios, lo que impactaría directamente a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.
Ante esta situación, la Contraloría está coordinando una mesa de trabajo con la Procuraduría General y los ministerios de Minas y Hacienda para encontrar soluciones que garanticen la estabilidad del sistema de subsidios y la seguridad energética del país.