El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el jueves que ordenó la consulta de John T. McNamara, embajador interino en Bogotá, tras declaraciones infundadas y reprensibles de altos funcionarios del gobierno colombiano. El Departamento de Estado también calificó a Colombia como un socio estratégico esencial, pero afirmó que tomaría otras medidas para dejar clara nuestra profunda preocupación por el estado actual de nuestra relación bilateral.
En respuesta, Petro indicó que volvería a llamar al embajador Daniel García-Peña desde Washington para informarnos sobre el progreso de la agenda bilateral, a la que me comprometí desde el inicio de mi gobierno.
Aunque Rubio no dio más detalles sobre las presuntas declaraciones “reprobables”, el periódico colombiano El Tiempo publicó el jueves una carta presuntamente enviada al Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitando una investigación sobre los republicanos de la Cámara, incluyendo a los legisladores de Florida Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez. La carta fue firmada por 30 representantes colombianos.
En ella, los congresistas expresaron su “profunda preocupación” por la conducta de los legisladores y afirmaron que “cualquier injerencia injustificada en los asuntos internos de un país soberano socava” los principios de respeto mutuo entre las naciones.
Los representantes Díaz-Balart y Giménez fueron mencionados junto con asesores de Trump, incluyendo a Rubio, en grabaciones filtradas al periódico español El País que supuestamente muestran al exministro de Asuntos Exteriores de Petro, Álvaro Leyva, buscando la presión de Estados Unidos para destituir a su antiguo jefe.
“Estuve en Estados Unidos con una figura de primer nivel: Mario Díaz-Balart. Los Díaz-Balart son quienes están detrás del Secretario de Estado”, supuestamente le dijo Leyva a una persona desconocida en la grabación. (La representante Salazar no fue mencionada en la grabación, pero legisladores colombianos la acusaron de hacer comentarios públicos para deslegitimar a Petro).
Según El País, la Casa Blanca nunca consideró la propuesta de Leyva, y Díaz-Balart desestimó las acusaciones, afirmando que se reúne con todo tipo de grupos, incluyendo funcionarios del actual gobierno colombiano. “Me río de tantas mentiras, disparates e hipocresía. Me recuerda al dicho ‘cada tonto con su propia agenda’”, dijo.
Giménez restó importancia a las acusaciones, calificándolas de “circo mediático de Gustavo Petro y sus secuaces”, y dijo que no deberían quejarse si Estados Unidos les niega las visas posteriormente.
Sigue siendo difícil encontrar pruebas concretas de un intento de golpe de Estado real, y los analistas consideran problemática la retórica del gobierno colombiano.
“La única prueba que tenemos [de un intento de golpe de Estado] son las grabaciones de Leyva… Ni siquiera tenemos pruebas reales de que esto sucediera por parte de los allegados de Leyva, lo cual es problemático porque no está claro si estos individuos conspiraban activamente, especialmente porque muchos de ellos han negado rotundamente estas acusaciones”, declaró Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis.
“El Congreso de Estados Unidos no quiere callar ni dejar pasar esto”, añadió.
El retiro de embajadores representa la escalada más grave hasta la fecha en la tensa relación entre Trump y Petro, que se ha estado gestando durante meses. Guzmán señala varios factores que deterioran la relación, como el trato de Petro a la oposición; la falta de protección política para los candidatos presidenciales; la incorporación de Colombia al banco de desarrollo BRICS; y el aumento del cultivo de coca, que podría llevar a recortes en la ayuda estadounidense para combatir el narcotráfico.
El analista afirmó que la impulsiva política exterior de Petro ha aislado cada vez más y restado credibilidad a Colombia ante su aliado, Estados Unidos. Su actual canciller, Laura Sarabia, también anunció su renuncia el jueves.
La senadora Paola Holguín, del partido opositor Centro Democrático, declaró al Miami Herald que las reiteradas declaraciones irrespetuosas de Petro, su falta de compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y la alineación de nuestro país con regímenes antidemocráticos y rivales estadounidenses están creando crecientes dificultades entre ambos países. Mientras tanto, los partidarios de Petro exigen que los políticos estadounidenses respeten la soberanía de Colombia y a su presidente electo democráticamente. “Llamarlo narcoterrorista y drogadicto es más que un insulto; es también una falacia inaceptable; es una afrenta a nuestra nación y su soberanía”, escribió la senadora María José Pizarro Rodríguez, del partido político Pacto Histórico por Colombia, de Petro, el 10 de junio.
Colombia y Estados Unidos han forjado fuertes lazos a lo largo de dos siglos, pero la relación ha sido tensa en el pasado, concretamente por la política de la Guerra Fría y la guerra contra las drogas. Sin embargo, esta última disputa diplomática resulta desconcertante para quienes estudian la relación.
“Estamos muy preocupados por el estado actual de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia”, declaró Holguín. “Estados Unidos ha sido nuestro principal socio comercial, un gran aliado en nuestra lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y un importante apoyo humanitario”.
Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Wilson Center, se hizo eco de las preocupaciones, afirmando: “Durante décadas, Colombia ha sido el socio más estratégico de Estados Unidos en la región, por lo que es preocupante ver otra crisis diplomática”.