El presidente Gustavo Petro redobló su apuesta política este sábado al exigir a su gabinete la firma inmediata del decreto que convoca a una consulta popular, una medida ampliamente cuestionada por juristas y sectores políticos. A través de su cuenta oficial en X, el mandatario lanzó un ultimátum: “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”.
La consulta, que pretende someter a votación popular reformas en materia laboral y sanitaria, ha generado fuertes críticas debido a que el Senado ya rechazó la iniciativa en mayo. Según la Constitución colombiana, este tipo de convocatorias debe contar con el aval del Congreso. Sin embargo, Petro argumenta que la votación en el Senado estuvo marcada por irregularidades y que, ante la ausencia de una respuesta válida, puede proceder por decreto.
Diversos expertos constitucionalistas han advertido que esta interpretación podría vulnerar la institucionalidad y abrir la puerta a una crisis legal. “El camino elegido por el presidente no tiene respaldo jurídico claro y probablemente será objeto de demandas ante la Corte Constitucional”, afirmó un analista consultado por El Tiempo.
La consulta popular ha sido vista por analistas como un instrumento político en el tramo final del mandato de Petro, cuyo periodo concluye en 2026. Originalmente planteada en marzo tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, la propuesta ha sido calificada por la oposición como una estrategia para movilizar apoyo popular en lugar de impulsar reformas efectivas.
Actualmente, una nueva versión de la reforma laboral sigue su curso legislativo, aunque con modificaciones que, según el Ejecutivo, desvirtúan su esencia. Por eso, Petro insiste en acudir a las urnas, pese a que para que la consulta sea válida deberá superar los 13 millones de votos, una cifra superior a la obtenida por el mandatario en las elecciones de 2022.
La controversia pone nuevamente a prueba la relación entre el Gobierno y las instituciones democráticas. Mientras tanto, sectores de la oposición y de la sociedad civil se preparan para impugnar el decreto y cuestionar lo que consideran un intento de sobrepasar los límites constitucionales.