La Fiscalía colombiana embargó este martes dos oficinas de la petrolera anglofrancesa Perenco en Bogotá, en el marco de una investigación que la vincula con el financiamiento de un grupo paramilitar en el noreste del país entre 1997 y 2005.
Desde 2010, exintegrantes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han señalado a la multinacional Perenco de haber apoyado económicamente a esa organización, responsable de múltiples crímenes durante los años más intensos del conflicto armado colombiano.
Como resultado del embargo, la fiscalía informó el martes en un comunicado que las oficinas y los bienes de la compañía serán destinados a un fondo de reparación de víctimas, creado tras la desmovilización de unos 30.000 combatientes en 2006 durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Las propiedades, avaluadas en unos 10 millones de dólares, serán destinadas a la "indemnización de la población afectada por la violencia paramilitar en el departamento del Casanare", según el ente acusador.
Los allanamientos fueron ordenados por un tribunal en Bogotá en el marco de la ley de Justicia y Paz, que otorgó beneficios judiciales a excombatientes como un máximo de ocho años de cárcel a cambio de deponer las armas y confesar sus crímenes.
Perenco en silencio
La multinacional, que se instaló en Colombia en 1993, aún no se ha pronunciado sobre el embargo. Según testimonios de excombatientes de las AUC, la petrolera financió entre 1997 y 2005 a su organización con "dinero, combustible, alimentación y transporte a cambio de un servicio de seguridad que ofrecían en los pozos de extracción de crudo".