Bogotá, 27 de noviembre de 2025 – La Procuraduría General de la Nación ordenó este jueves la suspensión provisional por tres meses del general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y de Wilmar Mejía, director de Operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en medio de una investigación por sus supuestos vínculos con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), disidencia de las FARC liderada por Alexander Díaz, alias 'Calarcá'. La medida, de carácter disciplinario y con efecto inmediato, busca preservar la integridad del proceso sin prejuzgar responsabilidades, según el procurador delegado Gregorio Eljach.
El fallo de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, notificado al presidente Gustavo Petro para su ejecución inmediata, responde a una investigación periodística de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, publicada el 24 de noviembre, que destapó decenas de correos electrónicos, chats y documentos hallados en dispositivos incautados el 23 de julio de 2024 durante la detención de una caravana de siete jefes disidentes en Anorí, Antioquia. Entre el material –que incluye computadoras, teléfonos y memorias USB– figuran comunicaciones que sugieren filtraciones de información reservada, pactos de no agresión y planes para crear una empresa de seguridad privada como "puerta de salida" para guerrilleros en caso de fracaso de los diálogos de paz.
Evidencia revelada: filtraciones, empresas fachada y tensiones internas
La pesquisa de Caracol, replicada por medios como El País, detalla cómo Huertas y Mejía habrían facilitado al EMBF datos sensibles para evadir operativos militares en regiones críticas como Catatumbo, sur de Bolívar y Antioquia. Una carta de febrero de 2024, firmada por un integrante del grupo armado, propone la creación de una empresa de seguridad "mitad y mitad": el general obtendría permisos y contactos, mientras el EMBF aportaría unos 20 hombres armados para "legalizar" a sus miembros y blindar desplazamientos de comandantes. "Es una buena inversión si los procesos de paz fallan", reza el documento, que menciona garantías para "no pararlos en ningún lado" mediante órdenes a bases militares y estaciones de policía.
Chats de mediados de 2024 entre subalternos de Iván Mordisco –líder de otra facción disidente– revelan tensiones con el bloque de 'Calarcá', a quien acusan de recibir favores del Gobierno, incluyendo supuestos financiamientos a la campaña presidencial de Petro en 2022 vía la vicepresidenta Francia Márquez. Un comandante anónimo del EMBF, citado en la investigación, confirma que obtuvieron "puntos de contacto" con el Ejército para evitar choques armados. Además, los archivos aluden a apoyo de un empresario chino para fabricar o adquirir armas, información que permanece sin procesar en la Fiscalía, donde parte de la evidencia fue entregada con un año de retraso por la Dijín, según confirmó la fiscal general Luz Adriana Camargo.
Huertas, forzado a retirarse en el gobierno de Iván Duque y reintegrado en agosto de 2025 bajo la administración Petro –donde se unió a su campaña en junio de 2022–, es señalado como pivote en la supuesta alianza. Mejía, por su parte, habría usado su posición en la DNI para filtrar inteligencia estratégica. Ni el general ni el funcionario han emitido pronunciamientos públicos; CNN intenta contactarlos sin éxito.
Reacciones: del Gobierno a la oposición, un torbellino político
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reiteró el compromiso institucional: "El Gobierno cumple y acata todos los fallos, toda la Constitución y la ley. Rechazamos y evitaremos cualquier acto ilegal dentro de las instituciones". El Ejército, en un comunicado, anunció que "adoptará las medidas que correspondan" y colaborará con la justicia, mientras la DNI inició dos pesquisas paralelas: una interna por Contrainteligencia y otra independiente liderada por la inspectora Isabel Molina.
El presidente Petro, quien inicialmente tildó el reportaje de "falso" y un "montaje" para purgar a sus aliados anticorrupción, ordenó un análisis forense de los chats y afirmó que tomará decisiones "basadas en la verdad". El ministro del Interior, Armando Benedetti, confesó sorpresa: "Me coge en frío. No esperábamos un movimiento tan inmediato de la Procuraduría, sobre todo después de las dudas del presidente". Francia Márquez rechazó cualquier implicación en financiamientos, exigiendo "periodismo serio".
La oposición no tardó en reaccionar. La senadora María Fernanda Cabal demandó la "suspensión inmediata" de los implicados, mientras la precandidata Vicky Dávila acusó a la Fiscalía de inacción y Claudia López urgió terminar las mesas de negociación por "corrupción". Cristina Plazas, de Cambio Radical, celebró la medida como un freno a "los peligros en los que este Gobierno nos está poniendo". En redes sociales, el escándalo genera revuelo: usuarios como @RevistaSemana destacan el retraso en la entrega de evidencia, y @BluRadioCo publica el fallo completo, con más de 10 mil vistas en horas.
Internacionalmente, Estados Unidos pidió investigar los nexos entre disidencias y funcionarios, en el marco de su preocupación por el "Paz Total" de Petro, que ha colapsado en varios frentes. El EMBF, escindido del Estado Mayor Central (EMC) en 2024 por disputas económicas con Mordisco, mantiene diálogos en su séptimo ciclo, pese al recrudecimiento del conflicto.
Investigaciones en marcha y el peso del 'Paz Total'
La Procuraduría abrió dos procesos disciplinarios independientes contra Huertas y Mejía, que podrían prorrogarse más allá de los tres meses iniciales. El Ejército y la DNI avanzan en sus indagaciones internas, mientras la Fiscalía evalúa si hay méritos penales –distintos a las faltas disciplinarias– y el CTI extrae datos pendientes de los dispositivos. El procurador Eljach enfatizó: "No quiere decir que se esté declarando su responsabilidad, pero sí garantiza la integridad del proceso".
Este caso, calificado como uno de los mayores escándalos de inteligencia en años, expone fisuras en la política de 'Paz Total', lanzada en 2022 para negociar con grupos armados. Con el EMBF controlando economías ilícitas en el noroeste colombiano, las revelaciones cuestionan la seguridad nacional y la autonomía de instituciones clave. Mientras el Gobierno acata el fallo, el país espera respuestas que podrían reconfigurar el tablero de la seguridad.