Seis meses después del llamado “tarimazo” de La Alpujarra, en Medellín, el episodio sigue pasando factura política y ahora se ve agravado por denuncias sobre presuntos lujos y privilegios de los cabecillas criminales que participaron en el evento y que permanecen recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. El escándalo se reavivó, además, por la reciente fuga de Darío Arcadio Zapata Mazo, alias “el Zorro” o “el Flaco”, disidente de las Farc condenado a más de 30 años de prisión, lo que pone bajo la lupa el régimen carcelario y los beneficios de facto de los jefes delincuenciales trasladados por orden del Gobierno.
El “tarimazo” y la presencia de cabecillas
El 21 de junio de 2025 el gobierno de Gustavo Petro organizó una concentración política en la Plaza de La Alpujarra, presentada como un acto de apoyo popular y de avances en la “paz total”. Allí, en un hecho sin precedentes, fueron llevados desde la cárcel La Paz de Itagüí al menos nueve jefes de bandas del Valle de Aburrá, entre ellos cabecillas de la llamada Oficina de Envigado, quienes estuvieron en carpas contiguas a la tarima presidencial y fueron presentados como interlocutores de los diálogos de sometimiento. El traslado, que el Inpec reconoció haber ejecutado por instrucción directa de la Casa de Nariño, generó críticas por legitimar a los capos en un espacio político y por el uso de recursos oficiales para esa logística.
Denuncias por presuntos lujos y derroche
Investigaciones de medios locales han advertido que varios de esos cabecillas habrían gozado en prisión de condiciones muy alejadas del régimen estricto que exige una cárcel de alta seguridad. Entre las irregularidades señaladas figuran celdas con televisores de gran tamaño, electrodomésticos, comidas especiales, acceso frecuente a teléfonos celulares y supuestas zonas de esparcimiento diferenciadas, que contrastan con el hacinamiento y la precariedad que viven la mayoría de reclusos. De acuerdo con estos reportes, el poder económico de las estructuras criminales les habría permitido sostener un esquema de privilegios que se mantuvo intacto pese a su participación en el acto político con el presidente.
Fuga de Darío Arcadio Zapata y crisis de seguridad
La situación tomó un giro más grave con la fuga, el 8 de diciembre, de Darío Arcadio Zapata Mazo, considerado uno de los disidentes de las Farc más peligrosos recluidos en Itagüí. Zapata Mazo cumplía una condena de alrededor de 35 años por secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión y concierto para delinquir, y enfrentaría además una nueva imputación por el asesinato de ocho personas, incluida la desaparición de un menor, según reveló la prensa. Su escape desde un pabellón de máxima seguridad encendió las alarmas sobre posibles complicidades internas, debilitamiento de controles y la capacidad real del Estado para mantener bajo custodia a los mismos cabecillas que han sido incorporados en la narrativa oficial de paz.
Investigaciones contra Petro e Isabel Zuleta
El “tarimazo” ya había desatado investigaciones por presunta participación indebida en política y uso irregular de recursos públicos. La Comisión de Acusación de la Cámara abrió una indagación previa contra el presidente Petro por posible vulneración de las normas que prohíben a los mandatarios intervenir en actos de contenido electoral, mientras el Consejo de Estado estudia una demanda de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta, señalada como principal promotora del evento y enlace con los presos. Paralelamente, se pidieron informes detallados al Inpec, a la Presidencia y al Senado para determinar bajo qué autorizaciones se hicieron los traslados y si se incurrió en un favorecimiento indebido a organizaciones criminales.
Impacto político y cuestionamientos a la “paz total”
Las revelaciones sobre presuntos lujos carcelarios y la fuga de Zapata Mazo han fortalecido el discurso de la oposición, que acusa al gobierno de haber dado protagonismo y legitimidad política a capos que siguen controlando economías ilegales desde prisión. Analistas y sectores de la sociedad civil advierten que el caso golpea la credibilidad de la política de “paz total”, pues combina mensajes de diálogo con hechos que transmiten permisividad frente a estructuras criminales altamente violentas. Mientras avanzan las investigaciones disciplinarias y penales, el episodio de La Alpujarra se consolida como uno de los mayores frentes de desgaste político para el gobierno Petro en la recta final de su mandato.