Las esperadas obras para ampliar la capacidad del aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro están detenidas, no por falta de recursos ni planificación, sino por la ausencia de permisos desde Bogotá. Esta situación ha generado preocupación entre líderes del sector de infraestructura, que señalan a la Aeronáutica Civil como responsable del retraso en un proyecto crucial para aliviar la congestión del terminal aéreo.
Diseñado para movilizar 11 millones de pasajeros al año, el aeropuerto superó esa cifra desde 2022 y cerró 2023 con 13,7 millones de viajeros, una cifra que sigue en aumento. Pese a esto, los trabajos para ampliar su capacidad siguen paralizados, aunque Airplan, operador del aeropuerto, ya cuenta con diseños listos y más de 120.000 millones de pesos disponibles para iniciar las obras.
José Fernando Villegas, director en Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, criticó la situación: “Hay disponibles más de $100.000 millones por parte del concesionario para hacer unas obras de emergencia que se requieren y que no han podido arrancar por negligencia de la Aeronáutica Civil”.
Según Sara Ramírez Restrepo, gerente de Airplan, los principales cuellos de botella están en la plataforma y el edificio terminal. Por ello, se propone una intervención urgente que incluye seis nuevas posiciones de parqueo para aviones, 24 nuevos counters para aumentar la atención de pasajeros, dos filtros de seguridad adicionales y seis puertas de embarque con acceso por bus. Además, se planean mejoras en la zona internacional con nuevos filtros y equipos automatizados para emigración e inmigración.
El paquete de obras, valorado en más de 166.000 millones de pesos, permitiría atender hasta 17,5 millones de pasajeros anuales mientras se culmina el plan maestro de modernización del aeropuerto.
Sin embargo, los permisos necesarios para iniciar las obras no han llegado debido a un frenazo desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), presuntamente bajo instrucciones de la Aeronáutica Civil para no modificar el contrato de concesión mediante un otrosí, trámite indispensable para viabilizar las inversiones.
El conflicto escaló al Viceministerio de Infraestructura del Ministerio de Transporte, donde existen indicios de que la decisión de no firmar el otrosí ya estaría tomada. Se cree que, más allá de motivos técnicos, el Gobierno Nacional prefiere que la inversión quede bajo control estatal y no en manos privadas.
Mientras tanto, el aeropuerto José María Córdova continúa operando al límite de su capacidad, lo que afecta tanto a pasajeros como a aerolíneas, víctimas del bloqueo burocrático que retrasa una ampliación urgente.