La JEP en Colombia: Primeras Sentencias contra Exjefes de las FARC por Secuestros y su Contexto en la Justicia TransicionalLa Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

 



La JEP en Colombia: Primeras Sentencias contra Exjefes de las FARC por Secuestros y su Contexto en la Justicia TransicionalLa Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial creado por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC-EP, está a punto de emitir sus primeras sentencias contra máximos responsables de crímenes graves del conflicto armado. El próximo martes 16 de septiembre de 2025, la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP leerá la sentencia de penas restaurativas contra siete exjefes del último Secretariado de las FARC por el macrocaso 01, que investiga más de 21.000 secuestros y otros delitos conexos como torturas, homicidios y violencia sexual en el contexto del cautiverio. Esta decisión marca un hito histórico, ya que representa el cierre de una etapa clave en la implementación de la justicia transicional, priorizando la verdad, la reparación a víctimas y la no repetición sobre la cárcel tradicional. A continuación, detallo exhaustivamente el evento, su trasfondo, el proceso judicial, reacciones y el panorama general de la JEP en sus siete años y medio de operación, basado en reportes oficiales, declaraciones judiciales y análisis de fuentes independientes.El Evento del 16 de Septiembre: Detalles de la Primera SentenciaLa audiencia de lectura de sentencia se llevará a cabo en Bogotá, presidida por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz. Los siete comparecientes son los últimos líderes del Secretariado de las FARC: Rodrigo Londoño Echeverri (alias "Timochenko"), actual presidente del partido Comunes.

Pastor Alape (Pastor Lisandro Alape Lascarro).

Jaime Alberto Parra (alias "El Médico" o Mauricio Jaramillo).

Pablo Catatumbo (Jorge Torres Victoria).

Milton de Jesús Toncel (alias "Joaquín Gómez").

Julián Gallo (alias "Carlos Antonio Lozada").

Rodrigo Granda (Ricardo Téllez o "El Canciller").

 

Estos excomandantes reconocieron su "responsabilidad de mando" por una política sistemática de secuestros implementada desde los años 80, que afectó a civiles, políticos, militares, policías y extranjeros entre 1990 y 2016. La JEP documentó 21.396 víctimas directas, con fines de financiación (extorsiones por rescates), control territorial y canje de prisioneros. Crímenes asociados incluyen torturas, malos tratos, desplazamientos forzados y homicidios (al menos 11 víctimas murieron en cautiverio, como los diputados del Valle del Cauca en 2007).Naturaleza de las Penas Restaurativas: No habrá prisión, ya que los comparecientes aportaron verdad plena, pidieron perdón y propusieron reparaciones. Las sanciones durarán 5 a 8 años e incluirán:Trabajos restauradores: Desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos, reforestación, proyectos de memoria histórica y apoyo a comunidades indígenas/afrodescendientes afectadas.

Restricción de libertades: Monitoreo geográfico (posiblemente en zonas rurales seguras) y limitaciones a la movilidad, compatibles con su participación política (como senadores de Comunes).

Reparación simbólica y material: Entrega de información sobre fosas comunes, apoyo psicológico a víctimas y proyectos en territorios como Antioquia, Cauca y Meta.

El Gobierno Nacional giró 20.000 millones de pesos (alrededor de 5 millones de dólares) en agosto de 2025 para implementar estas sanciones, incluyendo seguridad y habitabilidad. El Ministerio de Defensa prepara un decreto para ubicaciones: exmilitares en unidades castrenses, ex-FARC en áreas evaluadas con comunidades. Si hay apelaciones, el cumplimiento se suspende hasta resolución final.Esta sentencia coincide con otra simultánea contra 12 exmilitares del Batallón La Popa (Valledupar) por 14 "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales entre 2002-2005), con penas similares. Ambas representan el 19 primeros sancionados por la JEP.Contexto Histórico del Macrocaso 01 y el Proceso JudicialEl macrocaso 01, abierto el 4 de julio de 2018, es el primero en calificar secuestros de las FARC como crímenes de lesa humanidad y guerra, violando el Derecho Internacional Humanitario (DIH). La JEP contrastó testimonios de víctimas, exguerrilleros, Fiscalía y Fuerza Pública para demostrar una "política nacional de secuestro" desde 1980, con tres modalidades:Detenciones en zonas de control.

Secuestros para rescate (Ley 03 de las FARC, que "legalizaba" extorsiones).

Retención para canjes (como en 2000, liberando 350 uniformados por 12 guerrilleros).

Cronología Clave:Enero 2021: Primera imputación a ocho exjefes (incluyendo al fallecido Juan Hermilo Cabrera) por 21.396 secuestros.

Junio 2022: Audiencia de reconocimiento; exjefes piden perdón públicamente, admitiendo "fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad".

Noviembre 2022: Resolución de conclusiones; JEP avala verdad aportada y recomienda 5-8 años de sanciones.

Julio 2025: Audiencia de verificación (31 julio-1 agosto); se evalúa cumplimiento de compromisos. Ausencias de Timochenko, Catatumbo y Granda por salud, generando molestia del magistrado Alejandro Ramelli: "Es un compromiso ético y moral".

Agosto 2025: Proyectos de sentencia radicados; tutela de ex-FARC para unificar procesos rechazada parcialmente, pero JEP debe aclarar acumulación de conductas.

Septiembre 2025: Lectura de sentencia; no frena el proceso pese a tutelas pendientes.

Víctimas acreditadas (4.213) participaron activamente, proponiendo sanciones propias como memoria en plazas públicas o apoyo a desplazados. Casos emblemáticos: Secuestro de Íngrid Betancourt (2002), diputados vallecaucanos (2002, 11 asesinados) y el "paseo millonario" de la hija del dueño de Algarra (2000).La JEP en Números: Avances y Desafíos en 7,5 AñosDesde su instalación en marzo 2018, la JEP ha priorizado víctimas (centro del modelo), pero enfrenta críticas por lentitud y percepción de impunidad. No es una justicia punitiva tradicional, sino transicional: Amnistía para delitos políticos, sanciones restaurativas para graves violaciones si hay verdad.Estadísticas Actuales:Macrocasos Abiertos: 11 (e.g., secuestros, falsos positivos, reclutamiento de menores, violencia sexual, abortos forzados).

Víctimas Acreditadas: >50.000 (incluyendo 4.213 en macrocaso 01).

Crímenes Investigados: >250.000 (secuestros, ejecuciones, reclutamiento de 18.600 menores, >40.000 falsos positivos).

Responsables: ~15.000 comparecientes (8.994 ex-FARC, 3.539 Fuerza Pública, 1.754 civiles, 1.261 ex-ELN/ EPL).

Imputaciones: 264 por crímenes de guerra/lesa humanidad (e.g., noviembre 2024: 6 exjefes por reclutamiento de menores).

Sentencias Emitidas: Hasta ahora, ninguna contra FARC máximos responsables; estas del 16/09 son las primeras. Previamente, amnistías/indultos a ~7.000 ex-FARC no máximos.

Presupuesto: >1.000 millones de dólares (2025: 200.000 millones de pesos); críticas por sobrecostos y demoras.

En 2025, la JEP adoptó medidas para agilizar: Acuerdo 025 (movilidad de magistrados para no máximos responsables) y AOG 001 (coordinación con Gobierno para ejecución). Reconocida internacionalmente como "modelo mundial" por ONU y DW, por priorizar reparación (e.g., >100 fosas localizadas).Reacciones: Polarización y ExpectativasEl anuncio genera división: Víctimas y opositores ven "impunidad" por falta de cárcel; defensores destacan avance en verdad.Víctimas: Familiares de secuestrados (e.g., Gloria Narváez, hermana de diputado asesinado) exigen "verdad plena" y sanciones firmes. Sigifredo López (exdiputado secuestrado): "La JEP es cómplice de impunidad". Piden reparación material (e.g., >21.000 afectados directos).

Ex-FARC/Comunes: Reiteran compromiso: "Fieles al Acuerdo; secuestro fue error, no justificación". Pastor Alape: "Cargamos vergüenza por el dolor causado".

Gobierno (Petro): Apoya implementación; giro de fondos muestra compromiso con Paz Total.

Oposición/Opinión Pública: Críticas en X (e.g., @claudiapalacios

: "Reto para la opinión pública"; @CriticasEstado

: "Cero sentencias a guerrilleros"). Acusaciones de sesgo contra militares (e.g., falsos positivos vs. secuestros).

Internacional: ONU y UE elogian; EE.UU. monitorea por nexos narcotráfico-FARC. En X, posts como @NoticiasRCN

 destacan "histórico", pero con escepticismo.

 

Tabla: Comparación de Macrocasos Emblemáticos de la JEPMacrocaso

Crímenes Principales

Responsables

Estado (2025)

Víctimas Documentadas

01: Secuestros

Toma de rehenes, torturas, homicidios (1990-2016)

7 exjefes FARC (Timochenko et al.)

Sentencia 16/09/2025 (5-8 años restaurativos)

21.396

02: Falsos Positivos

Ejecuciones extrajudiciales (2002-2008)

12 exmilitares Batallón La Popa

Sentencia simultánea (restaurativas, desminado)

14 (este subcaso); >6.400 total

07: Reclutamiento Menores

Reclutamiento forzado, violencia sexual (1996-2016)

6 exjefes FARC

Imputación 2024; audiencia verificación pendiente

18.600 menores

10: Violencia Sexual

Abusos sistemáticos

Ex-FARC y Fuerza Pública

Investigación activa

>1.000 casos

11: Crímenes Ambientales

Deforestación, minería ilegal

Ex-FARC, paramilitares

Abierto 2023

>100.000 ha afectadas

 

Impacto y PerspectivasEstas sentencias fortalecen la implementación del Acuerdo (avance del 30% per Kroc Institute), pero desafían la percepción pública: ¿Restauración vs. Impunidad? La JEP busca "no repetición" en territorios (e.g., proyectos en Catatumbo). Desafíos: Amenazas a víctimas (e.g., Deisy, denunciante de abusos FARC), disidencias (e.g., alias "Gafas", ex-FARC capturado traficando armas pese a comparecencia) y presupuesto 2026 (no incluye fondos para sanciones, per Ramelli).

 


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