la jueza tercera de conocimiento del Circuito Penal Especializado de Medellín, Claudia Marcela Castro, emitió una sentencia de 82 páginas que condena a José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector de Inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a 28 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo agravado en calidad de determinador. Este crimen se refiere al secuestro de la exsenadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz el 21 de mayo de 1999, perpetrado por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Además, Narváez fue inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos y condenado a pagar una multa de 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente 1.100 millones de pesos colombianos) a favor de Natalia María Córdoba Castro, hija de la víctima.
En el mismo fallo, la jueza ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe Vélez y al general retirado Mauricio Santoyo Jaramillo (identificado en algunos reportes como "General Ospina") como presuntos determinadores de los homicidios de dos defensores de derechos humanos: Jorge Eduardo Umaña Mendoza (asesinado el 18 de abril de 1998 en Bogotá) y Jesús María Valle Jaramillo (asesinado el 10 de febrero de 1998 en Medellín). Estos crímenes, ocurridos en el pico de la violencia paramilitar en Antioquia, han sido calificados como lesa humanidad en procesos previos.
Detalles del Secuestro de Piedad Córdoba
Piedad Córdoba, entonces senadora del Partido Liberal y reconocida defensora de derechos humanos crítica del paramilitarismo, fue interceptada por hombres vestidos con uniformes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía mientras asistía a una cita médica en el barrio El Poblado de Medellín. Fue retenida durante 14 días (hasta el 4 de junio de 1999) en una finca en las afueras de la ciudad, donde sufrió torturas y amenazas de muerte. Su liberación se logró gracias a la mediación de sectores políticos y humanitarios, incluyendo la Iglesia Católica y figuras como el entonces presidente Andrés Pastrana.
Según la Fiscalía, Narváez, en su rol como alto funcionario del DAS, visitó al jefe paramilitar Carlos Castaño Gil y le entregó información clasificada sobre la agenda y ubicación de Córdoba, con el pretexto de que ella era colaboradora del ELN (Ejército de Liberación Nacional). Esto facilitó la operación paramilitar. El caso fue declarado como delito de lesa humanidad, destacando la colusión entre inteligencia estatal y grupos armados ilegales.
Narváez, quien también fue asesor de seguridad de la entonces ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez, acumula otras condenas: en 2017 fue sentenciado a 31 años por el asesinato del humorista Jaime Garzón en 1999, y ha sido vinculado a redes de inteligencia ilegal durante el gobierno Uribe (2002-2010).
| Aspecto | Detalles |
|---|---|
| Fecha del secuestro | 21 de mayo de 1999 |
| Lugar | Barrio El Poblado, Medellín |
| Ejecutores directos | Bloque Central Bolívar de las AUC |
| Duración | 14 días (liberada el 4 de junio de 1999) |
| Motivo alegado | Acusaciones infundadas de colaboración con guerrilla |
| Pena a Narváez | 28 años de prisión + multa de 1.100 millones COP |
| Indemnización | A Natalia Córdoba Castro, hija de la víctima |
La Orden de Investigación contra los Uribe
La compulsa de copias se basa en el testimonio de Jhon Jairo Villalba Herrera, exparamilitar del Bloque Metro de las AUC, quien en julio de 2008 declaró ante la justicia que, en una reunión en la finca "La Marranera" (propiedad de Álvaro Uribe en Antioquia) en 1997, el expresidente, su hermano Santiago, Narváez y el general Santoyo planearon los asesinatos de Umaña y Valle por ser "molestos" para los intereses paramilitares y ganaderos en la región. Umaña, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, defendía a víctimas de masacres paramilitares; Valle, líder de la Corporación Jurídica y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Medellín, había denunciado públicamente la infiltración paramilitar en el Ejército y la Policía.
Villalba, quien cumplía prisión domiciliaria, fue asesinado en diciembre de 2009 en La Estrella (Antioquia), lo que impidió más declaraciones. La jueza Castro consideró que este testimonio, corroborado por pruebas circunstanciales en el proceso contra Narváez, justifica una nueva indagación, aunque la Fiscalía lo había archivado previamente por falta de pruebas directas.
Álvaro Uribe respondió en X (Twitter) el 6 de octubre de 2025, calificando la orden como una "compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente". Citó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, según él, desestimó el testimonio de Villalba, y cuestionó la motivación política del fallo, alegando "rabia política" en procesos en su contra. Santiago Uribe no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento.
Este caso se suma a otros procesos contra Uribe, como el de fraude procesal y soborno a testigos (por el que cumple prisión domiciliaria desde 2023) y acusaciones de nexos con paramilitares durante su gobernación de Antioquia (1995-1997).
| Víctima | Fecha y Lugar del Asesinato | Perfil | Contexto |
|---|---|---|---|
| Jorge Eduardo Umaña Mendoza | 18 de abril de 1998, Bogotá | Abogado, defensor de víctimas de masacres paramilitares | Asesinado en su oficina; investigaba falsos positivos y paramilitares en el Ejército. |
| Jesús María Valle Jaramillo | 10 de febrero de 1998, Medellín | Líder de derechos humanos, fundador de movimiento de víctimas | Sicarios lo mataron en su oficina; había alertado sobre paramilitares en la Policía. |
Contexto Histórico: Paramilitarismo en Antioquia
Estos eventos ocurren en el marco del auge paramilitar en los años 90, cuando Antioquia fue epicentro de masacres y "limpieza social" contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y supuestos colaboradores guerrilleros. Uribe, como gobernador, impulsó la "Convivencia Ciudadana" (grupos de informantes civiles), criticada por supuestamente legitimar estructuras paramilitares. La sentencia reabre "viejos expedientes" del paramilitarismo, según analistas, y podría derivar en nuevos procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o la justicia ordinaria.
Piedad Córdoba falleció el 20 de enero de 2024 por complicaciones de lupus, dejando un legado controvertido: defensora de paz, mediadora con Venezuela y el ELN, pero criticada por presuntos nexos con el chavismo.
Reacciones Públicas y en Redes Sociales
- Víctimas y defensores: Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), celebró el fallo como "ajustado a derecho" y prueba de la colusión estatal-paramilitar. En X, figuras como la senadora María José Pizarro (@PizarroMariaJo) lo calificaron como un "nuevo paso hacia la verdad", con más de 2.900 likes.
- Medios y analistas: Outlets como El Colombiano y El Tiempo destacan el impacto en la memoria histórica; Página/12 (Argentina) lo enmarca como golpe al uribismo. En X, posts de @BluRadioCo y @WRadioColombia acumularon miles de interacciones, con debates polarizados.
- Uribistas: Apoyan la respuesta de Uribe, alegando sesgo judicial. No hay reacciones masivas de figuras del Centro Democrático hasta ahora.
- Internacional: TeleSUR y EFE cubrieron el caso, enfatizando la implicación de exfuncionarios de Uribe.
Este fallo, en primera instancia, puede ser apelado por Narváez ante el Tribunal Superior de Medellín. La investigación contra los Uribe inicia formalmente con la Fiscalía, pero podría tardar meses en avanzar. Representa un hito en la búsqueda de justicia por crímenes del conflicto armado colombiano.