la jueza tercera de conocimiento del Circuito Penal Especializado de Medellín, Claudia Marcela Castro, emitió una sentencia de 82 páginas que condena a José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector de Inteligencia del DAS durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, a 28 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo agravado en calidad de determinador. Este crimen, calificado como lesa humanidad, se refiere al secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz el 21 de mayo de 1999 por el Bloque Central Bolívar de las AUC. La pena incluye una multa de 3.499 salarios mínimos legales mensuales vigentes (alrededor de 1.100 millones de pesos colombianos) y una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos. Narváez deberá cumplir la condena en un establecimiento carcelario. En el mismo fallo, la jueza compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe Vélez y al general retirado Carlos Alberto Ospina (mencionado como "General Ospina" en algunos reportes) como presuntos determinadores de los homicidios de los defensores de derechos humanos Jorge Eduardo Umaña Mendoza (18 de abril de 1998, Bogotá) y Jesús María Valle Jaramillo (27 de febrero de 1998, Medellín). Estos crímenes, ocurridos en el contexto de violencia paramilitar en Antioquia, también han sido declarados lesa humanidad en procesos previos.
La jueza Castro razonó que Narváez actuó como "determinador" al sugerir a Carlos Castaño Gil, líder de las AUC, retener y asesinar a Córdoba, entregándole información clasificada del DAS sobre supuestos nexos de la senadora con el ELN. La decisión se basa en pruebas de la Fiscalía Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, que demuestran una estructura organizada de planificación, ejecución e indoctrinación involucrando al Estado y paramilitares.
Narváez, quien asesoró a la entonces ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez, acumula condenas previas: 26 años por el asesinato de Jaime Garzón (1999), ajustada de 30 años iniciales en 2021, y 12 años y 5 meses por tortura psicológica a la periodista Claudia Duque (2024), por una campaña de vigilancia y amenazas ligada al DAS.
| Aspecto | Detalles Actualizados |
|---|---|
| Fecha del fallo | 6 de octubre de 2025 |
| Jueza | Claudia Marcela Castro, Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín |
| Pena principal | 28 años de prisión (secuestro extorsivo agravado) |
| Multa | 3.499 SMLMV (~1.100 millones COP) |
| Inhabilidad | 20 años para cargos públicos |
| Clasificación | Lesa humanidad (imprescriptible) |
| Otras condenas de Narváez | 26 años (Garzón, 1999); 12 años 5 meses (tortura Duque, 2024) |
Detalles Ampliados del Secuestro de Piedad Córdoba
Piedad Córdoba, senadora liberal y defensora de derechos humanos crítica del paramilitarismo, fue interceptada el 21 de mayo de 1999 en el barrio El Poblado de Medellín por hombres vestidos como agentes del CTI de la Fiscalía, mientras iba a una cita médica. Fue retenida 14 días en una finca en las afueras de la ciudad, donde sufrió torturas, amenazas de muerte y aislamiento. Su liberación el 4 de junio de 1999 se logró por mediación de figuras como el presidente Andrés Pastrana, la Iglesia Católica y sectores humanitarios.
La Fiscalía probó que Narváez visitó a Castaño en su campamento paramilitar y le entregó datos de interceptaciones telefónicas del DAS, alegando falsamente nexos de Córdoba con el ELN. Esto facilitó la operación de las AUC. El caso resalta la colusión entre inteligencia estatal y paramilitares durante el pico de violencia en los 90.
Córdoba, fallecida el 20 de enero de 2024 por lupus, fue estigmatizada por sus mediaciones con Venezuela y el ELN, pero su legado incluye la defensa de la paz y los excluidos.
| Etapa | Detalles |
|---|---|
| Interceptación | 21 mayo 1999, El Poblado, Medellín; fingidos como CTI |
| Captura y traslado | Retenida en finca rural; torturas y amenazas |
| Duración | 14 días; liberada 4 junio 1999 |
| Mediación | Pastrana, Iglesia Católica, humanitarios |
| Rol de Narváez | Entrega de info DAS a Castaño; propuesta de asesinato |
La Orden de Investigación contra los Uribe: Testimonios y Respuesta
La compulsa se basa en el testimonio de Jhon Jairo Villalba Herrera (alias "Francisco Enrique Villalba"), exparamilitar del Bloque Metro de las AUC, asesinado en 2009 en La Estrella (Antioquia). En julio de 2008, Villalba declaró que en una reunión de 1997 en la finca "La Marranera" (propiedad de Uribe en Antioquia), Álvaro y Santiago Uribe, Narváez y el general Ospina planearon los asesinatos de Umaña y Valle por ser "molestos" para intereses paramilitares y ganaderos. Villalba describió una lista de "inconvenientes" que denunciaban nexos entre la Cuarta Brigada, Ejército y paramilitares.
La jueza Castro consideró este testimonio, corroborado por pruebas circunstanciales en el proceso de Narváez, suficiente para una nueva indagación, pese a archivos previos de la Fiscalía por falta de pruebas directas. La orden no implica imputaciones, pero abre un frente judicial para la familia Uribe, quien enfrenta otros procesos como fraude procesal (prisión domiciliaria desde 2023).
Respuesta de Álvaro Uribe: En X, el 6 de octubre, Uribe calificó la compulsa como "miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente". Citó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desestimó a Villalba y alegó "rabia política". En una declaración detallada, Uribe enumeró seis mentiras en la investigación:
- Asistentes a la reunión: Villalba mencionó al general Manosalva (muerto meses antes), pero la jueza cita a Ospina.
- Propósito de la reunión: Villalba dijo que era para planear la masacre de El Aro; la jueza la liga a los asesinatos de Valle y Umaña.
- Lugar: Villalba alegó "La Caucana" (lugar inaccesible sin helicóptero, que Uribe nunca visitó como gobernador).
- Secuestro de un primo: Villalba afirmó que la reunión era para rescatar a un primo secuestrado; Uribe niega que existiera tal secuestro.
- Rol de Santiago Uribe: Villalba dijo que Santiago llevó 20 paramilitares y lo confundió con "el Pecoso".
- Decoración: Villalba afirmó que Uribe lo condecoró por El Aro; Uribe lo niega.
Santiago Uribe no ha respondido públicamente.
Perfiles de las Víctimas: Umaña y Valle
Estos asesinatos ocurrieron en 1998, en un contexto de 729 agresiones a defensores de DDHH (568 murders) entre 1988 y 1998, con colusión estatal-paramilitar en Antioquia.
| Víctima | Biografía y Trabajo | Circunstancias del Asesinato | Conexión con Paramilitares y Uribe |
|---|---|---|---|
| Jesús María Valle Jaramillo (1943-1998) | Abogado de la U. de Antioquia; profesor; presidente Comité Permanente DDHH Antioquia. Denunció masacres como La Granja (1996) y El Aro (1997); acusó a Convivir de legitimar paramilitares y a Uribe de omisión criminal. Alertó a Uribe sobre incursiones paramilitares, ignoradas. | 27 feb 1998, Medellín: Sicarios de La Terraza (órdenes de Castaño) lo mataron en su oficina con su hermana Nelly y colega Carlos Jaramillo, días antes de su cumpleaños 55. Tropas de IV Brigada operaban cerca sin protección. Condenados dos coautores materiales (en fuga); Castaño absuelto en segunda instancia. CIDH condenó a Colombia en 2018. | Exposiciones de nexos Ejército-AUC; Uribe lo llamó "especialista en criticar FFAA". Mancuso (JEP) revive caso. |
| Jorge Eduardo Umaña Mendoza (?-1998) | Jurista pionero en desapariciones forzadas; defendió víctimas del Palacio de Justicia, USO (sindicalistas) y genocidio UP. Aplicó DDHH internacionales; denunció doctrina "enemigo interno" y complot Ejército-Fiscalía-Ecopetrol contra él. | 18 abr 1998, Bogotá: Tres sicarios disfrazados de periodistas lo mataron en su oficina (Corporación Jurídica Libertad). Plan de asesinato denunciado 4 meses antes, sin acción. Declaro lesa humanidad (2016, imprescriptible); avances mínimos, obstáculos en testimonios paramilitares. | Investigación de falsos positivos y nexos estatales-paramilitares; silencio estatal facilitó crimen. Vinculado a estructura organizada contra defensores. |
Contexto Histórico: Paramilitarismo en Antioquia
En los 90, Antioquia fue epicentro de masacres paramilitares contra defensores, sindicalistas y "colaboradores guerrilleros". Uribe, como gobernador (1995-1997), impulsó Convivir, criticadas por encubrir AUC. La sentencia reabre "viejos expedientes", potencialmente ante JEP. Testimonios de Mancuso y Don Berna (ex-AUC) corroboran nexos estatales.