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Multa histórica del CNE a la campaña de Petro 2022: Exceso de 5.300 millones en gastos irregulares desata tormenta política
Bogotá, 27 de noviembre de 2025 – En una decisión sin precedentes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia impuso este jueves sanciones por cerca de 6.000 millones de pesos (aproximadamente 1,5 millones de dólares) a la campaña presidencial "Petro Presidente 2022-2026", por exceder los topes de financiación electoral establecidos en la ley. La votación, con seis votos a favor y tres en contra, marca la primera vez que una candidatura presidencial es penalizada de esta manera en el país, aunque el fallo no toca directamente al actual mandatario, Gustavo Petro. La medida, impulsada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, obliga a los responsables financieros a devolver los fondos excedentes y enfrenta a la izquierda en un momento de fragilidad, con las elecciones de 2026 en el horizonte.
La irregularidad radica en un sobregiro de 5.300 millones de pesos en los gastos reportados: 3.700 millones no declarados en la primera vuelta electoral y 1.600 millones en la segunda, según el informe del CNE. Entre los sancionados figuran el exgerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, con una multa personal superior a los 5.000 millones de pesos; la tesorera Lucy Aydee Mogollón; y la contadora María Lucy Soto. Además, los partidos aliados Colombia Humana y Unión Patriótica (UP) recibirán penalizaciones por su rol en la coalición que llevó a Petro al poder, incluyendo la obligación de rembolsar aportes prohibidos y asumir parte de las deudas. El CNE también compulsó copias a la Fiscalía General para indagar posibles delitos penales, como falsedad en documento público, aunque el proceso contra Roa ya lleva meses en curso.
El presidente Petro, quien no puede postularse a la reelección por límites constitucionales, rechazó de plano la sanción en su cuenta de X (antes Twitter), calificándola de "persecución política" y negando cualquier vínculo con recursos ilícitos, como los provenientes del narcotráfico. "Esta decisión vulnera la legalidad y se basa en presunciones, no en pruebas", coincidió la UP en un comunicado, alertando sobre un "ataque a la seguridad jurídica y las garantías democráticas". Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, la tildó de "colegiatura política", comparándola con escándalos impunes de gobiernos anteriores, como Odebrecht o la "Ñeñe política".
La oposición, en cambio, celebró el fallo como una validación de denuncias acumuladas desde 2023. La senadora María Fernanda Cabal exigió investigaciones paralelas sobre filtraciones de disidencias de las FARC y la publicación de reportes de la DIAN. Paloma Valencia, también del Centro Democrático, lo vio como base para una eventual destitución por violación constitucional, mientras que Vicky Dávila lo resumió en un tuit: "Violación de topes = corrupción". Paola Holguín y Daniel Palacios recordaron acusaciones previas de financiación indebida, y Juan Manuel Galán, de Cambio Radical, llamó a una reforma integral de la financiación política para evitar futuros abusos.
Este escándalo se suma a la tormenta que azota al gobierno petrista. Paralelamente, Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, enfrenta un juicio en Barranquilla por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, cargos avalados recientemente por un juez. La Fiscalía alega que Nicolás administró más de 1.000 millones de pesos sin origen lícito, incluyendo 400 millones de la narcotraficante Santa López Sierra (extraditada a EE.UU.), entregados en efectivo junto a su exesposa Daysuris Vásquez. Pruebas clave incluyen grabaciones de llamadas sobre "aportes" de figuras controvertidas como Álvaro Gerardo Besaile y Redsalud, y se sostiene que una fracción de esos fondos se inyectó irregularmente en la campaña presidencial de 2022 para favorecer a su padre. El proceso, en fase de juicio desde noviembre, incluye un pliego de cargos de la Procuraduría por irregularidades durante su tiempo como diputado en el Atlántico; Nicolás no ha aceptado los cargos y la audiencia clave se suspendió el 15 de noviembre.
En el contexto más amplio, Petro navega su peor crisis con Estados Unidos –marcada por tensiones diplomáticas recientes– y una cascada de escándalos que erosionan su capital político. Busca un sucesor en la izquierda para 2026, pero su aprobación se estanca: una encuesta de Cifras y Conceptos de noviembre lo ubica en 46%, mientras que el Centro Nacional de Consultoría (CNC) reporta una imagen positiva del 40% al 19 de este mes, en un panorama de reformas estancadas y protestas crecientes.
La multa no invalida el triunfo electoral de 2022, pero aviva el debate sobre la transparencia en la política colombiana. ¿Será este el catalizador para una reforma electoral profunda, o solo otro capítulo en la polarización? Mientras el CNE cierra este expediente, la izquierda se reorganiza y la oposición afila sus armas de cara a las urnas. El tablero está servido.