Multa millonaria del CNE a la campaña de Petro: Primera sanción histórica por violar topes de financiación en Colombia
Bogotá, 27 de noviembre de 2025 – En un fallo histórico que marca un precedente en la democracia colombiana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso este jueves multas por cerca de 1,6 millones de dólares a la campaña presidencial "Petro Presidente 2022", por exceder los topes de financiación permitidos y presentar inconsistencias contables. La decisión, aprobada por seis votos contra tres, salpica a dos partidos de izquierda –Colombia Humana y Unión Patriótica– y a varios responsables financieros, entre ellos Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. Aunque el presidente Gustavo Petro no es directamente sancionado, el mandatario rechazó de plano la medida, acusando al organismo de "parcialidad" y de ser un instrumento de la oposición.
La investigación del CNE, que duró más de dos años, determinó que la campaña superó en aproximadamente 930.000 dólares los límites legales establecidos por la Ley 996 de 2005, que fija un tope de 104.325 millones de pesos (unos 25 millones de dólares) para las presidenciales. Entre las irregularidades detectadas figuran aportes no declarados y movimientos financieros no reportados, lo que viola las normas de transparencia electoral. "Es la primera vez que una campaña presidencial es sancionada en Colombia por este tipo de infracciones", subrayó el magistrado Efrén Tarapues durante la sesión plenaria, enfatizando que el fallo busca "fortalecer la equidad en el juego democrático".
Los partidos implicados enfrentan las sanciones más severas: Colombia Humana deberá pagar 800 millones de pesos (alrededor de 200.000 dólares), mientras que Unión Patriótica acumula una multa de 1.200 millones (unos 300.000 dólares). Roa, como gerente financiero de la campaña, recibe una sanción personal de 500 salarios mínimos (aproximadamente 650.000 dólares), lo que podría complicar su rol en la estatal petrolera. Otros individuos, como la excongresista María José Pizarro y el exsenador Iván Cepeda, también figuran en la lista de sancionados por roles secundarios en la gestión de fondos.
Petro, en un tuit publicado minutos después del fallo, no escatimó en críticas: "Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos", escribió el presidente, quien agregó que el CNE está "parcializado" por influencias políticas. En una rueda de prensa posterior, el mandatario defendió la integridad de su campaña y negó cualquier vínculo con recursos ilícitos, insistiendo en que las acusaciones son "presunciones sin sustento". Esta postura ha desatado un torbellino en redes sociales, donde simpatizantes del gobierno hablan de "persecución política", mientras opositores celebran el fallo como un "paso hacia la rendición de cuentas".
La Unión Patriótica, en un comunicado oficial, calificó la decisión como una "vulneración a la legalidad y las garantías democráticas", argumentando que se basa en "simples presunciones" y no en pruebas contundentes. Colombia Humana, por su parte, anunció que apelará ante el Consejo de Estado, alegando vicios procesales en la investigación. Analistas como el politólogo Rodrigo Uprimny advierten que, aunque el fallo no inhabilita a Petro para influir en la política, podría erosionar la credibilidad de la izquierda de cara a las elecciones de 2026, donde el presidente –prohibido de reelegirse por la Constitución– busca ungir a un sucesor como la vicepresidenta Francia Márquez o el ministro de Interior Armando Benedetti.
Este escándalo se suma a las sombras que aún rondan la campaña de 2022. El primogénito de Petro, Nicolás Petro, enfrenta un juicio en Barranquilla por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras admitir en 2023 que recibió 400 millones de pesos (unos 100.000 dólares) de un exnarcotraficante, parte de los cuales destinó a la campaña de su padre. La Fiscalía retiró recientemente uno de los seis delitos imputados, pero el proceso avanza con la admisión de pruebas clave, como testimonios de colaboradores y registros bancarios. Nicolás, quien no aceptó cargos, podría enfrentar hasta 20 años de prisión si es condenado, lo que ha profundizado la crisis familiar y política del gobierno.
En el contexto de una aprobación presidencial en picada –la encuesta de Cifras y Conceptos de noviembre la sitúa en 46%, aunque una medición de CNC la rebaja al 40% de imagen positiva–, Petro navega turbulencias adicionales: una crisis diplomática con Estados Unidos por el diferendo con Venezuela y escándalos internos como el de la ministra de Transporte. El ranking regional de CB Consultora Opinión Pública lo ubica octavo entre los presidentes menos populares de Sudamérica, con un 38% de apoyo neto. A puertas de la contienda electoral, donde la izquierda compite fragmentada, este fallo del CNE podría ser el catalizador de una reconfiguración en el tablero político, obligando a Petro a redoblar esfuerzos para consolidar su legado sin mancharlo con dudas financieras.
La apelación ante instancias superiores mantendrá el caso en vilo durante meses, pero el mensaje del CNE es claro: en Colombia, ni siquiera las campañas ganadoras están exentas de escrutinio. Mientras tanto, la oposición, liderada por figuras como el expresidente Iván Duque, exige "transparencia total" y vincula el caso a un patrón de irregularidades en el petrismo. El debate, lejos de cerrarse, apenas comienza.