Consejo Nacional Electoral impone histórica multa a campaña de Petro por irregularidades financieras: ¿amenaza a su legitimidad presidencial?
Bogotá, 27 de noviembre de 2024 – En un fallo que sacude el panorama político colombiano, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó este jueves a la campaña presidencial "Petro Presidente 2022" con una multa de 5.922 millones de pesos (aproximadamente 1,56 millones de dólares), por exceder los topes de financiación en 5.300 millones de pesos y recibir aportes de fuentes prohibidas, como sindicatos. La decisión, aprobada por seis votos a favor y tres en contra, remite el caso a la Fiscalía para investigar a figuras clave, incluido Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y pone en jaque la legitimidad del gobierno de Gustavo Petro, aunque el mandatario se deslinda y denuncia "persecución política".
La resolución del CNE, liderada por la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada, determina que la campaña de Petro violó los límites legales de gasto en ambas vueltas electorales de 2022, omitiendo reportes de ingresos y utilizando recursos de entidades jurídicas como la Unión Sindical Obrera (USO) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), donaciones vedadas por la ley electoral. "Se trata de la primera vez en la historia que se castiga a una campaña presidencial por corrupción en financiación", destacaron fuentes del organismo en un comunicado oficial.
Entre los investigados figura Ricardo Roa, quien fungió como gerente de la campaña y ahora dirige la estatal Ecopetrol, controlada en un 88,5% por el Gobierno. El CNE solicita a la Fiscalía indagar posibles delitos como financiación con fuentes prohibidas, fraude procesal y violación de topes, con penas que podrían ascender a ocho años de prisión para los responsables, según analistas jurídicos. También se remite el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes –el "juez natural" del presidente–, aunque este ente ha sido históricamente ineficaz en procesos contra mandatarios, como los casos de Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos.
Petro rechaza el fallo y acusa "doble moral" de la oposición
El presidente Gustavo Petro reaccionó de inmediato en redes sociales, negando cualquier vínculo con dineros ilícitos y tildando la decisión de "parcializada y extemporánea". "No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición", escribió Petro en X (antes Twitter), aludiendo a un conjuez vinculado al abogado de Federico "Fico" Gutiérrez, su rival en la segunda vuelta de 2022. El mandatario anunció que no acepta la sanción administrativa y la atribuirá a una "cuerda de personas cuestionadas" como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez, exfiscal y figura uribista.
Apoyos del Pacto Histórico, como los concejales de Bogotá, respaldaron a Petro, argumentando que el fallo ignora pruebas presentadas por Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP), y que el conjuez comprometió la imparcialidad. Gustavo Bolívar, exsenador y alto funcionario, recordó en X irregularidades en campañas previas de Santos y Duque, financiadas supuestamente con Odebrecht y otros fondos opacos, sin sanciones equivalentes.
Oposición celebra: "Destitución inminente" por artículo 109
La oposición, liderada por el Centro Democrático, celebró el fallo como una "victoria de la justicia". La senadora Paloma Valencia exigió la aplicación inmediata del artículo 109 de la Constitución, que establece la pérdida de investidura para quien obtenga un cargo público violando topes electorales. "El CNE nos dio la razón: Petro rompió los topes y la sanción es la destitución", declaró Valencia en Blu Radio. Figuras como María Fernanda Cabal y analistas como Ariel Ávila ven en esto una "mancha enorme" sobre la legitimidad de Petro, potencialmente ligada a investigaciones por lavado de activos y "paz total".
En redes, el tema explotó con más de 10.000 menciones en X en las últimas horas. Usuarios opositores como @DerechaDiarioCO lo catalogaron de "fraude petrista", mientras petristas como @JDiegoOGarcia lo tildaron de "viciado de origen" por el conjuez. Un hilo de @red_uva vinculó el caso a presuntas infiltraciones de disidencias en el Gobierno, citando reportajes sobre alias "Calarcá" y acuerdos con el EMC.
Antecedentes: Tres años de investigación y fallos previos
La pesquisa inició en 2022, impulsada por denuncias de la oposición tras revelaciones periodísticas de Semana sobre aportes irregulares. En junio de 2024, la Corte Constitucional protegió a Petro de una investigación directa, limitando al CNE a sancionar a terceros. En agosto, magistrados concluyeron la violación de topes por 3.500 millones, radicando un proyecto que hoy se aprobó con el voto decisivo de un conjuez. Abogados como José Manuel Abuchaibe, quien impulsó el caso, celebraron el auto de nuevas pruebas en marzo.
Expertos como el politólogo Ariel Ávila advierten que, aunque la multa es simbólica –los sancionados deben devolver solo 5.000 millones–, las implicaciones penales podrían escalar si la Fiscalía avanza. "Eleva la tensión electoral de cara a 2026", analizó DW, recordando que campañas pasadas como la de Duque también enfrentaron escrutinio sin consecuencias mayúsculas.
¿Qué sigue? Inestabilidad en medio de reformas trabadas
El fallo llega en un momento crítico: con la reforma pensional en jaque por la Corte Constitucional y escándalos como el de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) por corrupción. Analistas consultados por El País ven riesgo de parálisis legislativa, mientras la oposición presiona por una moción de censura contra Roa en Ecopetrol. Petro, por su parte, insiste en que los fondos provenían de aportes sindicales lícitos, no narco, y amenaza con recursos judiciales.
Este caso no solo cuestiona el origen del poder petrista, sino que reaviva el debate sobre la equidad electoral en Colombia, donde campañas millonarias han sido norma histórica. Mientras el CNE ordena la devolución inmediata de fondos, el país espera si la justicia –o la política– definirá el destino de un mandato ya convulso.