El Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia ha concluido que el exterminio sistemático del partido político Unión Patriótica (UP) constituye un genocidio, en el marco de graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este fallo representa un hito histórico en la justicia colombiana al reconocer formalmente que la violencia contra la UP fue parte de una estrategia deliberada para destruir al partido desde sus raíces.
La JEP estableció que el ataque sistemático no fue un conjunto de actos aislados, sino una campaña organizada con la intención explícita de acabar con la Unión Patriótica, creada por acuerdos de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC en los años 80. Con base en el artículo 101 del Código Penal colombiano, el tribunal calificó estos hechos como genocidio, además de reconocer otras violaciones graves de derechos humanos que afectaron a sus militantes y simpatizantes.
Según la sentencia, este genocidio impactó a al menos 8.929 personas vinculadas a la UP. De ellas, 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas, mientras que otras 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detenciones arbitrarias, judicializaciones infundadas y violencia sexual. Estos crímenes forman parte de una política contrainsurgente diseñada por el Ejército Nacional colombiano para debilitar a la guerrilla de las FARC, que incluía también atacar a sus aliados políticos legales, como la UP.
En cuanto a los responsables, la JEP imputó como coautores del genocidio a cinco oficiales retirados del Ejército, señalándolos como máximos responsables por su papel en la ejecución y planificación de estas acciones violentas. Este proceso judicial busca aportar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares, además de contribuir a la reconciliación nacional después de décadas de conflicto armado.
El reconocimiento del exterminio de la Unión Patriótica como genocidio no solo resalta la gravedad de la violencia política en Colombia, sino que también marca un avance en la lucha contra la impunidad. La JEP, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016, se encarga de investigar y juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado, promoviendo una justicia basada en la verdad y los derechos humanos.
Este fallo ha sido recibido con una mezcla de alivio y dolor por familiares y defensores de derechos humanos, quienes han denunciado el impacto devastador que sufrió la UP y la sociedad colombiana en general, donde el asesinato de líderes políticos y sociales ha sido una constante trágica.
La sentencia remarca la importancia de reconocer y sancionar estos crímenes para no repetir la historia, y abre camino a futuras acciones judiciales y políticas para garantizar garantías de no repetición y protección de la participación política en Colombia.