La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desató una nueva ola de temor en Colombia al ordenar a la población civil que se confine durante tres días mientras realiza ejercicios militares, en respuesta a lo que califica como “amenazas de intervención” del presidente estadounidense Donald Trump. La medida, presentada por el grupo insurgente como una “protesta armada” contra los planes de Washington, afectará especialmente a las comunidades que viven en zonas rurales y corredores estratégicos donde el ELN mantiene un fuerte control territorial.
Paro armado y confinamiento forzado
En un comunicado difundido en sus canales de propaganda, el ELN decretó un paro armado de 72 horas que comenzará el 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta el 17 a la misma hora, advirtiendo a la población que se abstenga de transitar por carreteras, ríos y cascos urbanos en áreas donde tiene presencia. La organización anunció que sus unidades realizarán “ejercicios militares” durante ese periodo y afirmó que cualquier vehículo o persona que se movilice desoyendo la orden se expondrá a “consecuencias”, lo que en la práctica convierte el anuncio en una amenaza directa contra la libertad de movimiento de los civiles.
Justificación frente a las “amenazas” de Trump
La comandancia del ELN argumentó que el paro armado es una respuesta al “plan neocolonial” de Donald Trump y a supuestas amenazas de intervención militar estadounidense en territorio colombiano, en el marco de operaciones navales y aéreas que Washington desarrolla en el Caribe y el Pacífico con el argumento de combatir el narcotráfico. El grupo insurgente sostiene que Estados Unidos busca “recrudecer el saqueo” de los recursos naturales de América Latina y acusa a la élite política colombiana de actuar como “socia menor” de esa agenda, utilizando esa narrativa para intentar legitimar su demostración de fuerza armada.
Alcance territorial y riesgo para la población
De acuerdo con centros de investigación sobre el conflicto, como Insight Crime, el ELN tiene presencia en más del 20% de los más de 1.100 municipios del país, con especial influencia en zonas fronterizas con Venezuela, regiones del Pacífico y áreas de economías ilegales ligadas al narcotráfico y la minería. Esto significa que el paro armado podría afectar rutas clave de comercio, transporte público y abastecimiento en amplias regiones, agravando la situación de comunidades ya golpeadas por el desplazamiento forzado, las extorsiones y la disputa entre grupos armados.
Reacción del gobierno y controversia política
El gobierno de Gustavo Petro rechazó el anuncio, calificando el paro armado como un acto de intimidación contra la ciudadanía y advirtiendo que las Fuerzas Militares mantendrán operaciones para garantizar la movilidad en las vías. El propio mandatario sostuvo que la acción del ELN “no es contra Trump, sino a favor de los traquetos”, al sugerir que el grupo utiliza el discurso antiimperialista para proteger rutas del narcotráfico y presionar al Estado en medio de los intentos de diálogo. Sectores de la oposición, por su parte, consideran que el anuncio evidencia el fracaso de la política de paz total y exigen respuestas más contundentes frente a las amenazas del grupo insurgente.
Impacto en el proceso de paz y en las fiestas de fin de año
El nuevo paro armado se produce en vísperas de la temporada navideña, lo que aumenta la preocupación por el impacto en actividades comerciales, celebraciones comunitarias y desplazamientos de fin de año. Analistas advierten que el llamado al confinamiento masivo no solo deteriora la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para protegerla, sino que también tensiona aún más las eventuales conversaciones de paz, pues el ELN envía un mensaje de fuerza militar justo cuando se cuestiona su voluntad real de negociar. Frente a este panorama, organizaciones humanitarias han pedido respeto absoluto por la población civil y recuerdan que someterla a confinamientos forzados y amenazas constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.