Las
declaraciones del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, el
sábado 23 de agosto de 2025, negando la existencia de campamentos de grupos
armados colombianos en territorio venezolano, responden a acusaciones recientes
de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, liderada por
Terry Cole, quien señaló a Venezuela como un "estado narcoterrorista"
que colabora con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en operaciones de
narcotráfico. Este intercambio refleja tensiones geopolíticas de larga data
entre Venezuela, Colombia, y Estados Unidos, en un contexto de acusaciones
mutuas, sanciones, y operaciones militares en la región del Caribe y la frontera
colombo-venezolana. A continuación, se presenta un análisis detallado,
integrando información de fuentes disponibles, contexto histórico, y una
evaluación crítica de las narrativas en conflicto.
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Detalles de
las declaraciones de Vladimir Padrino Contexto del pronunciamiento:
El sábado
23 de agosto de 2025, durante una jornada de alistamiento de las "fuerzas
milicianas" transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Padrino negó
categóricamente la existencia de campamentos de grupos armados colombianos en
Venezuela.
Sus
declaraciones fueron una respuesta directa a las acusaciones de Terry Cole,
director de la DEA, quien afirmó en una entrevista con Fox News el 21 de agosto
que Venezuela colabora con las FARC y el ELN para enviar "cantidades
récord de cocaína" a través de México hacia Estados Unidos.
Padrino
describió la frontera colombo-venezolana como "porosa", lo que
facilita el paso de grupos armados, pero insistió en que la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) actúa como un "muro de contención" para
evitar que estos grupos se establezcan en territorio venezolano.
Afirmó que
la FANB mantiene nueve operaciones militares activas desde enero de 2025, con
164 despliegues de efectivos, enfocados en combatir el narcotráfico, el
terrorismo, y proteger instalaciones estratégicas.
Argumentos
de Padrino:
Negó la
existencia de campamentos de grupos armados colombianos, como las disidencias
de las FARC o el ELN, en Venezuela.
Sostuvo que
estos grupos, aunque históricamente ideológicos, ahora "carecen de
ideología" y están dedicados exclusivamente al narcotráfico.
Enfatizó
que cualquier presencia de estos grupos en la frontera es transitoria, debido a
su porosidad, y que la FANB trabaja activamente para neutralizarlos.
Contexto
adicional:
Las
declaraciones de Padrino se producen en un momento de alta tensión con Estados
Unidos, tras el aumento de la recompensa por la captura del presidente Nicolás
Maduro a 50 millones de dólares, anunciada el 18 de agosto de 2025, y la
advertencia de la Casa Blanca, a través de la portavoz Karoline Leavitt, sobre
el posible despliegue de buques y soldados en el Caribe para frenar el flujo de
drogas.
El lunes 18
de agosto, Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el
país, en respuesta a las sanciones y la retórica estadounidense, lo que sugiere
una postura defensiva frente a posibles acciones militares extranjeras.
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Acusaciones
de la DEA y Estados UnidosDeclaraciones de Terry Cole:
En una
entrevista con Fox News el 21 de agosto de 2025, el director de la DEA, Terry
Cole, calificó a Venezuela como un "estado narcoterrorista" y acusó
al gobierno de Maduro de colaborar con las disidencias de las FARC y el ELN
para facilitar el envío de cocaína a los carteles mexicanos, que luego trafican
las drogas a Estados Unidos.
Cole afirmó
que Venezuela sirve como un corredor clave para el narcotráfico, con cantidades
récord de cocaína, fentanilo, y metanfetaminas llegando a Estados Unidos.
Estas
acusaciones se alinean con la narrativa de Estados Unidos, que desde 2006 ha
señalado a Venezuela como un país que no coopera plenamente en la lucha contra
el terrorismo y el narcotráfico, justificando sanciones y embargos, como el de
armas impuesto en 2006.
Contexto de
las sanciones:
En 2020, el
Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro y a altos
funcionarios venezolanos, incluyendo a Padrino, de liderar el Cártel de los
Soles, una presunta red de narcotráfico operada desde las estructuras del
Estado venezolano. La recompensa inicial por Maduro era de 15 millones de
dólares, aumentada a 50 millones en agosto de 2025.
En 2008, el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos altos funcionarios
venezolanos y a un exfuncionario por presuntamente proporcionar apoyo material
al narcotráfico de las FARC.
La Casa
Blanca, a través de Karoline Leavitt, anunció el 19 de agosto de 2025 que está
preparada para usar "todo su poder" para frenar el flujo de drogas,
incluyendo posibles operaciones militares en el Caribe, lo que ha sido
interpretado como una amenaza directa a Venezuela.
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Contexto
histórico y relación con grupos armados colombianosPresencia de FARC y ELN en
Venezuela:
Desde los
años 1990, el ELN comenzó a establecer posiciones en los estados fronterizos
occidentales de Venezuela, como Zulia, Táchira, y Apure, aprovechando la
porosidad de la frontera y la falta de control estatal.
Durante el
gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), se reportaron vínculos entre funcionarios
venezolanos y las FARC y el ELN. Documentos incautados en 2007 durante una
operación contra el líder de las FARC Raúl Reyes en Colombia sugirieron que
Chávez ofreció hasta 300 millones de dólares a las FARC, aunque analistas
independientes, como Greg Palast, argumentaron que esta cifra podría referirse
a un intercambio de prisioneros y no a financiamiento directo.
En 2002,
periodistas venezolanos presentaron un video que mostraba a oficiales
venezolanos negociando con las FARC para la liberación de un ciudadano
secuestrado, lo que evidenció cierta colaboración táctica.
Desde 2018,
InSight Crime reportó que el ELN opera en al menos 12 de los 23 estados de
Venezuela, consolidándose como una guerrilla binacional que controla
actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
La
Fundación Redes (Fundaredes) documentó en 2018 más de 250 casos de venezolanos
víctimas de reclutamiento forzado por grupos armados colombianos, lo que
sugiere una presencia significativa de estos grupos en territorio venezolano.
Conflicto
en la frontera colombo-venezolana:
La frontera
entre Colombia y Venezuela, que abarca 2.219 kilómetros, es un área de alta
conflictividad debido a la presencia de grupos armados como el ELN, las
disidencias de las FARC (incluido el Estado Mayor Central y la Segunda
Marquetalia), y el Clan del Golfo, que compiten por el control de rutas de
narcotráfico y minería ilegal.
En 2022,
Human Rights Watch documentó un aumento dramático de la violencia en los
estados de Arauca (Colombia) y Apure (Venezuela), con abusos cometidos por el
ELN y disidencias de las FARC, incluyendo asesinatos, desapariciones,
reclutamiento de menores, y desplazamiento forzado. La organización señaló que
miembros de la FANB y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han participado en
operaciones conjuntas con el ELN y han sido cómplices en sus abusos.
En marzo de
2021, Venezuela lanzó la Operación Escudo Bolivariano en Apure, atacando a
disidencias de las FARC (como el Frente 10), lo que desplazó a más de 5.000
venezolanos hacia Colombia. Este hecho contradice la narrativa de Padrino de
que no hay campamentos, ya que el gobierno venezolano reconoció la presencia de
"grupos irregulares" en su territorio.
En 2025, la
Operación Relámpago de Catatumbo, anunciada por Padrino, desmanteló 17
campamentos de grupos irregulares en la frontera con Colombia, lo que sugiere
que, a pesar de las negaciones oficiales, Venezuela reconoce la presencia de
estos grupos en ciertas áreas.
Relaciones
con el gobierno de Maduro:
Desde 2013,
bajo el gobierno de Nicolás Maduro, se han reportado vínculos entre
funcionarios venezolanos y grupos armados colombianos. En 2019, Maduro recibió
públicamente a líderes de las FARC, lo que generó críticas internacionales.
En 2017,
una investigación de CNN y CNN en Español ("Pasaportes en la sombra")
reveló que la embajada venezolana en Irak vendía pasaportes a personas de
Oriente Medio, algunos presuntamente ligados a Hezbollah, una organización
considerada terrorista por Estados Unidos. Aunque no está directamente
relacionada con las FARC o el ELN, esta investigación refuerza la percepción de
que el gobierno venezolano participa en redes criminales transnacionales.
En 2018, el
entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
José Miguel Insulza, afirmó que no había evidencia de que Venezuela apoyara
directamente a grupos terroristas como las FARC, lo que contradice parcialmente
las acusaciones estadounidenses.
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Análisis
crítico
Contradicciones
en la narrativa venezolana:
La negación
de Padrino sobre la existencia de campamentos de grupos armados colombianos en
Venezuela entra en conflicto con evidencia previa. Por ejemplo, la Operación
Relámpago de Catatumbo de 2025, liderada por la FANB, desmanteló 17 campamentos
en la frontera, lo que implica que estos grupos tienen alguna presencia en
territorio venezolano.
La
afirmación de que la FANB actúa como un "muro de contención" ignora
reportes de Human Rights Watch y Fundaredes, que documentan complicidad de la
Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad venezolanos con el ELN en
actividades como narcotráfico y minería ilegal.
La
narrativa de Padrino podría ser una estrategia para desviar la atención de las
acusaciones de la DEA y proyectar una imagen de soberanía y control
territorial, especialmente en un momento de presión internacional tras el
aumento de la recompensa por Maduro.
Credibilidad
de las acusaciones de la DEA:
Las
acusaciones de Terry Cole carecen de evidencia pública específica, como
imágenes satelitales o documentos que detallen los supuestos campamentos. Esto
refleja un patrón en las acusaciones estadounidenses, que a menudo se basan en
inteligencia clasificada o en documentos controvertidos, como los obtenidos en
el caso de Raúl Reyes en 2007, cuya interpretación ha sido cuestionada por
analistas independientes.
La
designación de Venezuela como un "estado narcoterrorista" por parte
de Cole se alinea con la política de Estados Unidos de mantener presión sobre
el gobierno de Maduro, pero podría estar motivada por objetivos geopolíticos
más amplios, como justificar sanciones o posibles intervenciones militares en
el Caribe.
La mención
de fentanilo y metanfetaminas en las acusaciones de Cole es notable, ya que
Colombia y Venezuela son históricamente productores de cocaína, no de estas
sustancias. Esto podría indicar un intento de vincular a Venezuela con la
crisis de opioides en Estados Unidos, ampliando la narrativa de amenaza.
Contexto
geopolítico:
Las
tensiones entre Venezuela y Estados Unidos se han intensificado desde la
ruptura de relaciones diplomáticas en 2019. Las sanciones económicas, el
embargo de armas, y las recompensas por la captura de Maduro y otros
funcionarios han creado un ambiente de confrontación que contextualiza las
acusaciones de la DEA y las negaciones de Padrino.
La amenaza
de Estados Unidos de desplegar buques y soldados en el Caribe, cerca de
Venezuela, sugiere una escalada retórica que podría tener implicaciones
militares, especialmente en un contexto de elecciones presidenciales en
Colombia (2026) y la crisis de seguridad en la región.
La relación
entre Colombia y Venezuela ha mejorado desde la llegada de Gustavo Petro al
poder en 2022, con reuniones bilaterales como la de los ministros de Defensa
Vladimir Padrino e Iván Velásquez en enero de 2025 para discutir la seguridad
en la región de Catatumbo. Sin embargo, las acusaciones de complicidad de
Venezuela con grupos armados colombianos podrían complicar esta cooperación.
Rol de la
frontera:
La
porosidad de la frontera colombo-venezolana, reconocida por Padrino, facilita
la movilidad de grupos armados, pero también dificulta la verificación de las
acusaciones de ambas partes. La falta de control estatal en regiones como Apure
y Arauca ha permitido que el ELN y las disidencias de las FARC operen en ambos
lados de la frontera, a menudo con la complicidad de autoridades locales
corruptas.
La
presencia de estos grupos en Venezuela no necesariamente implica un apoyo
oficial del gobierno de Maduro, pero la tolerancia o incapacidad para
enfrentarlos sugiere una relación compleja que combina intereses económicos
(narcotráfico, minería) y políticos (estabilidad interna).
Implicaciones
regionales:
Las
acusaciones de la DEA y la respuesta de Padrino podrían tensar las relaciones
entre Colombia y Venezuela, especialmente si el gobierno de Petro, que busca la
"paz total" con el ELN y las disidencias de las FARC, percibe estas
declaraciones como un obstáculo para las negociaciones.