El caso del joven de 15 años condenado a siete años de prisión por el intento de asesinato del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ha generado gran interés debido a sus implicaciones políticas, la participación de un menor y el contexto general de violencia en Colombia. A continuación, se presenta un resumen completo basado en la información disponible, incluyendo detalles de las fuentes proporcionadas y contexto adicional cuando corresponda. Detalles del incidente: El 7 de junio de 2025, Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato a la presidencia de 39 años por el partido de derecha Centro Democrático, recibió un disparo durante un mitin político en el barrio Modelia de Bogotá, específicamente en el parque El Golfito de la localidad de Fontibón. El atacante, un menor de 15 años conocido como "alias Tianz" en algunos informes, disparó múltiples tiros, dos de los cuales impactaron a Uribe en la cabeza. Uribe fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos durante 64 días, sometido a múltiples cirugías. Falleció a causa de una hemorragia cerebral el 11 de agosto de 2025. El menor fue detenido en el lugar por el equipo de seguridad de Uribe tras resultar herido en una pierna al intentar huir. Se le encontró en posesión de una pistola Glock de 9 mm, modificada para disparar en ráfagas y, según se informa, adquirida legalmente en Arizona en 2020, aunque se sigue investigando cómo llegó a Colombia. El adolescente confesó el ataque y aceptó los cargos de intento de homicidio y posesión ilegal de armas el 4 de agosto de 2025, siete días antes de la muerte de Uribe. Procedimientos legales y sentencia El adolescente fue procesado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) de Colombia, un marco especial para menores de 14 a 18 años, que impone penas más leves que las de los adultos. El 27 de agosto de 2025, un juez condenó al menor a siete años de detención en un centro especializado para menores administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esta sentencia se acerca al máximo de ocho años permitido por la Ley de Infancia y Adolescencia para menores. Cabe destacar que el menor no será trasladado a una prisión para adultos al cumplir los 18 años, según confirmó un portavoz de la Fiscalía colombiana. Los cargos se limitaron a intento de homicidio y posesión ilegal de armas, ya que el menor aceptó estos cargos antes de la muerte de Uribe, y la ley colombiana no permite modificar retroactivamente los cargos contra menores una vez aceptados. Este matiz legal ha generado controversia, ya que el crimen es ampliamente considerado como un magnicidio (asesinato de una figura política destacada), pero el menor no fue condenado por homicidio. El abogado de la familia Uribe, Víctor Mosquera, reconoció la sentencia como una de las más duras posibles bajo el sistema de justicia juvenil pero la criticó por insuficiente, afirmando en X: “Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor. sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo.” (Traducción: “Bajo la Ley de la Niñez y la Adolescencia, se impuso al menor una de las sanciones más severas. Respetamos la decisión, pero esta sanción jamás podrá compararse con la vida arrebatada ni el dolor causado. Esta ley incentiva la delincuencia utilizando a menores sin un castigo real y efectivo”).
El fallo se dicta en primera instancia y está sujeto a apelación, como señaló la Fiscalía. Investigación y contexto general: El ataque ha sido calificado como un magnicidio por la Fiscalía, lo que refleja su trascendencia política. La investigación ha identificado a seis personas involucradas en la trama, incluyendo al menor. Los demás sospechosos, todos adultos, enfrentan cargos por homicidio agravado y delitos conexos. Entre ellos se encuentran: Carlos Eduardo Mora González (alias “El Veneco”): Conductor del vehículo que trasladó al menor al lugar de los hechos.
Anciano José Arteaga Hernández (alias “El Costeño” o “Chipi”): Presunto coordinador logístico que proporcionó la pistola Glock al menor. Katerine Andrea Martínez Martínez (alias “Andrea” o “Gabriela”): Acusada de transportar el arma.
William Fernando González Cruz: Presuntamente involucrado en la recogida de los perpetradores tras el ataque.
Cristian Camilo González Ardila: Presuntamente encargado de ayudar a la fuga de la menor, pero se retractó debido a la presencia policial.
La investigación apunta a una acción coordinada, en la que la menor habría sido reclutada y pagada para llevar a cabo el ataque. La Fiscalía y las agencias de inteligencia colombianas están siguiendo pistas para identificar a los autores intelectuales del crimen. Las hipótesis preliminares sugieren la participación de la Segunda Marquetalia, una facción disidente de la antigua guerrilla de las FARC, aunque el presidente Gustavo Petro también ha mencionado posibles vínculos con la guerrilla del ELN, otras disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco o una “junta de narcotráfico” que opera desde Dubái. No hay evidencia definitiva.