La condena
de siete años impuesta al adolescente de 15 años que asesinó al senador Miguel
Uribe Turbay el 7 de junio de 2025, en Bogotá, ha generado una fuerte
controversia en Colombia, especialmente por las declaraciones de Miguel Uribe
Londoño, padre del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático,
quien calificó la sanción como un “insulto a Colombia”. Uribe Londoño ha
cuestionado la legislación colombiana sobre menores, comparándola con el
sistema estadounidense, y ha criticado la política de “paz total” del
presidente Gustavo Petro, mientras insiste en la necesidad de identificar a los
autores intelectuales del magnicidio. A continuación, se presenta un análisis
detallado y ampliado de este caso, incluyendo el contexto del crimen, la legislación
colombiana sobre menores, las críticas de Uribe Londoño, las hipótesis sobre
los autores intelectuales, y las implicaciones políticas y sociales, basado en
fuentes recientes.Contexto del crimenEl asesinato de Miguel Uribe TurbayEl 7 de
junio de 2025, Miguel Uribe Turbay, senador de 39 años del Centro Democrático y
precandidato presidencial para las elecciones de 2026, fue atacado durante un
mitin político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá. Un
adolescente de 15 años, identificado como el ejecutor material, disparó varias
veces con una pistola Glock 9 mm modificada para disparar en ráfaga, hiriéndolo
gravemente en la cabeza. Uribe Turbay fue trasladado a la Clínica Fundación
Santa Fe, donde falleció el 11 de agosto de 2025 tras 65 días de lucha. El
ataque, calificado como magnicidio, es el primero de un aspirante presidencial
en Colombia en más de tres décadas, evocando los asesinatos de candidatos como
Luis Carlos Galán (1989), Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo (1990)
durante la época del narcoterrorismo.El adolescente, capturado en el lugar tras
recibir un disparo en la pierna, confesó que le ofrecieron 20 millones de pesos
(unos 4,900 dólares) para cometer el crimen, aunque afirmó no saber quién era
el objetivo. La Fiscalía determinó que fue reclutado por una estructura
criminal, y el caso involucra a otros cinco detenidos, incluyendo a Elder José
Arteaga Hernández, alias “Chipi” o “El Costeño”, señalado como el coordinador
logístico del atentado.Condena al adolescenteEl 27 de agosto de 2025, un juez
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó al menor
con siete años de privación de libertad en un Centro de Atención Especializada
(CAE) bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La condena se basó en los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas,
que el menor aceptó tras negociar con la Fiscalía, lo que le permitió una
reducción de un año en la pena máxima de ocho años establecida por la Ley 1098
de 2006 (Código de la Infancia y Adolescencia). El menor permanece en el búnker
de la Fiscalía por razones de seguridad, mientras el ICBF supervisa su proceso
de resocialización.Críticas de Miguel Uribe Londoño“Un insulto a Colombia”En
una entrevista en el programa Vélez por la Mañana el 28 de agosto de 2025,
Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado y precandidato presidencial
del Centro Democrático, expresó su indignación por la condena:Cuestionamiento a
la pena: Calificó los siete años como un “insulto a Colombia, a la sociedad y a
los colombianos”, argumentando que el adolescente “sabía lo que estaba
haciendo” y no debería ser tratado como un menor. Criticó la reducción de un
año por aceptación de cargos, considerando que la sanción es insuficiente para
un magnicidio.
Condiciones
de reclusión: Lamentó que el menor probablemente será alojado en “condiciones
muy cómodas” en un centro del ICBF, lo que percibe como una falta de justicia
para las víctimas.
Comparación
con EE.UU.: Propuso adoptar el modelo estadounidense, donde menores de 14 años
pueden ser juzgados como adultos en casos de crímenes graves, como homicidios.
“Es una vergüenza”, afirmó, insistiendo en que Colombia debe reformar su
legislación para garantizar “seguridad al país”.
Crítica a
la “paz total”: Atacó la política de “paz total” de Gustavo Petro, argumentando
que fomenta la impunidad y deja desprotegidos a los ciudadanos. “Sin seguridad
no hay nada”, afirmó, vinculando la muerte de su hijo a la inseguridad generada
por las políticas del gobierno.
Búsqueda de
autores intelectualesUribe Londoño expresó esperanza en que la investigación de
la Fiscalía identifique a los autores intelectuales del crimen, afirmando que
su hijo fue “silenciado por sus ideas”. Reconoció avances en la investigación,
aunque señaló que ha sido “lenta” en ocasiones. “Espero que finalmente concluya
en que vamos a encontrar quiénes son los autores intelectuales”, declaró,
enfatizando que el magnicidio tuvo motivaciones políticas debido al liderazgo
de su hijo en la oposición.
Legislación
colombiana sobre menoresSistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
(SRPA)La legislación colombiana, regulada por la Ley 1098 de 2006 (Código de la
Infancia y Adolescencia) y la Convención sobre los Derechos del Niño, establece
un trato diferenciado para menores de edad que cometen delitos:Menores de 14
años: Son inimputables y no enfrentan procesos penales. En caso de delitos
graves, se les aplican medidas de protección y restablecimiento de derechos
bajo el ICBF, enfocadas en la educación y reintegración social.
Menores de
14 a 17 años: Son procesados bajo el SRPA, que prioriza la justicia
restaurativa sobre el castigo punitivo. La pena máxima para delitos graves,
como el homicidio agravado, es de ocho años en un Centro de Atención
Especializada, con énfasis en la resocialización.
Protección
especial: La Constitución colombiana (Art. 44) y tratados internacionales
consideran a los menores como sujetos de especial protección, teniendo en
cuenta su desarrollo psicosocial y capacidad de discernimiento.
En el caso
del adolescente que mató a Uribe Turbay, la Fiscalía imputó inicialmente
tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, cargos que aceptó antes de la
muerte del senador. Tras el fallecimiento, los cargos se recalificaron a
homicidio agravado, pero la legislación no permitió modificar la imputación
inicial debido a que la audiencia de acusación ya se había realizado.
Contexto
del menorEl adolescente, de 15 años, vivía en Villas de Alcalá, un barrio de
clase baja en Bogotá, con una tía, tras la muerte de su madre y la ausencia de
su padre, quien estaría en Polonia participando en la guerra de Ucrania. Fue
contactado por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud (Idipron) y el programa Jóvenes en Paz del gobierno de Petro, pero
abandonó ambos programas. Según la Fiscalía, fue reclutado por una estructura
criminal que le ofreció 20 millones de pesos para cometer el crimen,
aprovechando su vulnerabilidad socioeconómica.
Críticas al
sistemaUribe Londoño y el Centro Democrático: Argumentan que la legislación
actual incentiva el uso de menores por estructuras criminales, ya que las penas
son leves y los centros del ICBF son percibidos como poco estrictos. El abogado
Víctor Mosquera Marín, representante de la familia Uribe, criticó la Ley de
Infancia y Adolescencia por fomentar la impunidad.
ICBF y
justicia restaurativa: La directora del ICBF, Astrid Cáceres, defendió el
enfoque de resocialización, destacando que el menor está colaborando con la
justicia y que se le garantizan condiciones de seguridad excepcionales. Sin
embargo, sectores de derecha, como el Centro Democrático, rechazan este modelo,
exigiendo penas más duras.
Comparación
con EE.UU.Uribe Londoño citó el modelo estadounidense, donde en algunos estados
los menores de 14 años pueden ser juzgados como adultos en casos de homicidio.
Por ejemplo:En estados como Florida y Texas, los menores de 14 años pueden
enfrentar cargos como adultos en delitos graves, con penas que incluyen cadena
perpetua.
Sin
embargo, la Corte Suprema de EE.UU. ha limitado las sentencias de cadena
perpetua sin posibilidad de libertad condicional para menores (Miller v.
Alabama, 2012), priorizando la rehabilitación en algunos casos.
En
Colombia, la Convención sobre los Derechos del Niño y el enfoque de justicia
restaurativa hacen inviable adoptar este modelo sin reformas constitucionales y
legales, lo que generaría un debate sobre los derechos de los menores frente a
la seguridad pública.
Hipótesis
sobre los autores intelectualesInvestigación de la FiscalíaLa Fiscalía General
de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, ha capturado a seis personas
relacionadas con el magnicidio, incluyendo:El adolescente de 15 años, ejecutor
material.
Elder José
Arteaga Hernández, alias “Chipi” o “El Costeño”, señalado como el jefe
logístico, con un historial delictivo de más de 20 años. La Fiscalía lo vincula
a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC liderada por Iván Márquez.
Carlos
Eduardo Mora González, conductor del vehículo usado en el atentado.
Otros tres
implicados, cuya identidad no ha sido revelada, encargados de tareas
logísticas.
La
investigación, recalificada como magnicidio, implica penas de 33 a 50 años para
los autores intelectuales, pero aún no se ha identificado a los responsables
finales. La Fiscalía y la Policía Nacional, bajo el general Carlos Fernando
Triana, han señalado que el crimen pudo deberse al rol de Uribe Turbay como
senador y precandidato presidencial, destacando su oposición al gobierno de
Petro y su discurso de “mano dura” contra el narcotráfico.
Hipótesis
de Gustavo PetroEl presidente Gustavo Petro ha planteado múltiples hipótesis
sobre los autores intelectuales, sin presentar pruebas concretas:Segunda
Marquetalia: Inicialmente, la Fiscalía y el general Triana apuntaron a esta
disidencia de las FARC, liderada por Iván Márquez, como posible responsable.
Sin embargo, Uribe Londoño cuestionó esta teoría, afirmando que la Segunda
Marquetalia está “acabada” y que el presunto sicario, Zarco Aldinever,
trabajaba para quien le pagara, no necesariamente para una organización
estructurada.
ELN: Petro
mencionó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como posible implicado el 11
de agosto de 2025, pero luego se retractó, negando haberlo señalado
directamente. El ELN rechazó cualquier responsabilidad.
Junta del
narcotráfico en Dubái: Petro ha insistido en la existencia de una estructura
transnacional basada en Dubái, sin proporcionar detalles. Esta hipótesis no ha
sido respaldada por la Fiscalía.
Esmeralderos:
En agosto de 2025, Petro sugirió que esmeralderos podrían estar detrás del
crimen, lo que Uribe Londoño desestimó como una “desviación” de la
investigación.
El ministro
de Defensa, Pedro Sánchez, ha reforzado la tesis de que el crimen está ligado a
“organizaciones que viven del narcotráfico”, destacando su carácter
transnacional y la activación de una junta de inteligencia conjunta con la
comunidad internacional para rastrear transferencias financieras y
comunicaciones.
Motivaciones
políticasUribe Londoño y el Centro Democrático sostienen que el asesinato fue
motivado por las ideas de Miguel Uribe Turbay, quien era un crítico feroz del
gobierno de Petro, se oponía al acuerdo de paz de 2016 con las FARC y abogaba
por políticas de seguridad estrictas contra el narcotráfico. La Fundación Paz y
Reconciliación (Pares) señaló que el magnicidio podría fortalecer los discursos
de “mano dura” de la derecha, liderada por figuras como María Fernanda Cabal y
Paloma Valencia, en un contexto de polarización preelectoral.
Implicaciones
políticas y socialesPolarización y elecciones de 2026El asesinato de Uribe
Turbay, ocurrido a nueve meses de las elecciones presidenciales de 2026, ha
reavivado el debate sobre la seguridad en Colombia, desplazando temas como el
medio ambiente y las reformas sociales impulsadas por Petro. La Fundación Paz y
Reconciliación (Pares) advirtió que el magnicidio podría ser capitalizado por
la derecha para reforzar su narrativa de “inseguridad” bajo el gobierno de
Petro, en un país donde la tasa de homicidios en 2024 fue de 25.4 por cada
100,000 habitantes, la más baja en cuatro años, pero aún alta en comparación
con la región.
Miguel
Uribe Londoño, de 79 años, asumió la precandidatura presidencial de su hijo
dentro del Centro Democrático, enfrentándose a figuras como María Fernanda
Cabal, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón. Su
campaña se centra en la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la
oposición a la “paz total”, un proyecto de Petro que busca negociar con grupos
armados como el ELN y las disidencias de las FARC.
Críticas a
la “paz total”Uribe Londoño vinculó la muerte de su hijo a las políticas de
Petro, argumentando que la “paz total” fomenta la impunidad al negociar con
grupos criminales. Esta crítica resuena con sectores de la derecha que acusan
al gobierno de ser blando con el narcotráfico y la delincuencia. Sin embargo,
Petro ha defendido su enfoque, destacando que programas como Jóvenes en Paz
buscan prevenir que los menores caigan en redes criminales, aunque en este caso
el adolescente abandonó el programa.
Uso de
menores en el crimenEl caso ha reabierto el debate sobre la instrumentalización
de menores por estructuras criminales, aprovechando su vulnerabilidad y las
penas más leves del SRPA. Según la Fiscalía, los menores son blancos frecuentes
para el sicariato debido a vacíos legales y su situación socioeconómica. La
Defensoría del Pueblo condenó esta práctica, calificándola como una “grave
amenaza a los derechos políticos y la democracia”.
Análisis
críticoLegislación sobre menores:A favor: El SRPA y la Ley 1098 de 2006
priorizan la resocialización de menores, alineándose con tratados
internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Este enfoque
reconoce que los adolescentes son víctimas de contextos de pobreza y
manipulación por redes criminales, como ocurrió con el menor reclutado por 20
millones de pesos.
En contra:
La percepción de penas “blandas” y condiciones “cómodas” en los centros del
ICBF, como criticó Uribe Londoño, alimenta el argumento de que el sistema no
disuade a los grupos criminales de reclutar menores. La comparación con EE.UU.
refleja un deseo de políticas más punitivas, pero ignora las diferencias
culturales y legales entre ambos países.
Investigación
de autores intelectuales:A favor: La captura de seis implicados y la
colaboración del menor con la Fiscalía sugieren avances en la investigación. La
vinculación de Elder José Arteaga con la Segunda Marquetalia apunta a una
posible motivación política o narcotraficante, dado el historial de Uribe
Turbay como crítico del narcotráfico y el gobierno.
En contra:
Las hipótesis de Petro sobre la Segunda Marquetalia, el ELN o una “junta del
narcotráfico” en Dubái carecen de pruebas públicas, generando especulaciones
que polarizan el debate. La retractación de Petro sobre el ELN y las dudas de
Uribe Londoño sobre la Segunda Marquetalia sugieren que la investigación aún no
tiene una línea clara.
Polarización
política:Narrativa de la derecha: Uribe Londoño y el Centro Democrático
utilizan el magnicidio para reforzar su discurso de “mano dura”, capitalizando
el dolor de la familia para posicionarse contra la “paz total” de Petro. Esto
podría fortalecer su base electoral, pero también exacerbar la polarización.
Narrativa
de Petro: Al señalar a grupos como la Segunda Marquetalia o una “junta del
narcotráfico” sin pruebas, Petro podría estar desviando la atención de críticas
a su gestión de seguridad, especialmente en un contexto de alta polarización
preelectoral.
Riesgos: El
magnicidio y las críticas de Uribe Londoño podrían impulsar una agenda de
seguridad más punitiva, pero también deslegitimar los esfuerzos de paz de
Petro, complicando las negociaciones con el ELN y las disidencias.
Conexión
con el Catatumbo:La hipótesis de la Segunda Marquetalia conecta este caso con
la militarización del Catatumbo, donde Petro ha desplegado 25,000 efectivos
para combatir a grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, en
coordinación con 15,000 tropas venezolanas. La posible implicación de esta
disidencia en el magnicidio sugiere que el crimen podría estar vinculado a
intereses narcotraficantes en la región, donde Uribe Turbay abogaba por
políticas antidrogas estrictas.
Sin
embargo, la falta de evidencia concreta y las declaraciones contradictorias de
Petro y Uribe Londoño dificultan establecer un vínculo directo con el Cártel de
los Soles o el narcotráfico transnacional.
ConclusiónLa
condena de siete años al adolescente que asesinó a Miguel Uribe Turbay ha
desatado la indignación de Miguel Uribe Londoño, quien la calificó como un
“insulto a Colombia” y abogó por reformar la legislación para juzgar a menores
como adultos, inspirándose en el modelo estadounidense. Su crítica a la “paz
total” de Gustavo Petro y su énfasis en la seguridad reflejan la polarización
política en Colombia, a nueve meses de las elecciones de 2026. La investigación
de la Fiscalía ha avanzado con la captura de seis implicados, pero los autores
intelectuales aún no han sido identificados, con hipótesis que van desde la
Segunda Marquetalia hasta una supuesta “junta del narcotráfico” en Dubái. El
caso pone en tela de juicio el Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes, la instrumentalización de menores por el crimen organizado y la
efectividad de las políticas de seguridad de Petro, en un contexto de creciente
tensión regional por el narcotráfico y la militarización del Catatumbo. Si
necesitas más detalles sobre la legislación, las investigaciones o las
implicaciones en el Catatumbo, indícalos