El Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado el 30 de
agosto, es una fecha que en Colombia resuena con profundo dolor y una exigencia
constante de justicia y verdad. En 2025, esta jornada destacó en Cúcuta, Norte
de Santander, una región marcada por la violencia del conflicto armado y la
complejidad de la frontera con Venezuela. La historia de Carmen Cecilia Torres,
quien busca a su hijo Sergio Abril Torres, Hawkins desde 2009, y de Rosa Reyes,
cuyo hijo Jhaylander Raúl Arévalo Reyes desapareció en 2022, refleja el drama
de miles de familias afectadas por este flagelo. A continuación, se amplía la
información sobre este tema, integrando los casos específicos mencionados, el
contexto regional, los esfuerzos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas (UBPD), y las dinámicas del conflicto armado en la frontera
colombo-venezolana.Contexto del Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas en CúcutaEl 30 de agosto de 2025, Cúcuta fue escenario
de una marcha convocada por la UBPD, en la que familiares de personas
desaparecidas, como Carmen Cecilia Torres y Rosa Reyes, alzaron sus voces para
visibilizar la ausencia de sus seres queridos y exigir respuestas. Las calles
de la ciudad se convirtieron en una “galería de la ausencia”, con un centenar
de fotografías de personas desaparecidas, en su mayoría jóvenes, sostenidas por
familiares y organizaciones sociales. Este acto simbólico buscó mantener viva
la memoria de las víctimas y rechazar la práctica de la desaparición forzada,
una herida abierta en Colombia, donde se estima que hay entre 98,000 y 200,000
personas desaparecidas debido al conflicto armado, según el Comité de la ONU
contra la Desaparición Forzada.
Norte de
Santander, y particularmente Cúcuta, es una de las regiones más afectadas por
las desapariciones forzadas en Colombia. Según el Centro Nacional de Memoria
Histórica, entre 1958 y 2016 se registraron 5,542 casos en el departamento,
incluyendo 3,066 desapariciones forzadas, 2,138 secuestros y 338 reclutamientos
de menores. La frontera con Venezuela agrava esta problemática debido a la
presencia de grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC, y
organizaciones criminales transnacionales, así como las dinámicas de migración
y tráfico ilícito en las trochas (caminos informales). La desaparición
transfronteriza, como en los casos de Sergio y Jhaylander, plantea desafíos
adicionales, ya que involucra actores fuera del territorio nacional, dificultando
la búsqueda y coordinación entre países.
Casos
Emblemáticos: Carmen Cecilia Torres y Rosa ReyesCarmen Cecilia Torres: A sus 68
años, Carmen lleva 16 años buscando a su hijo Sergio Abril Torres, desaparecido
en 2009 en las trochas fronterizas entre Cúcuta y el estado venezolano de
Táchira. Su rutina diaria refleja el peso emocional de la incertidumbre:
prepara comida para dos, como si Sergio pudiera regresar en cualquier momento.
Su testimonio, compartido con EFE, subraya el dolor persistente y la esperanza
inquebrantable de las familias buscadoras.
Rosa Reyes:
Rosa busca a su hijo Jhaylander Raúl Arévalo Reyes, desaparecido en 2022 tras
cruzar la frontera para comprar materiales de construcción. Su frase, “es como
si la tierra se lo hubiera tragado”, refleja la angustia de no tener pistas
sobre su paradero. Este caso reciente evidencia que las desapariciones no son
solo un legado del pasado, sino una práctica que persiste, incluso tras el
Acuerdo de Paz de 2016.
Ambas
mujeres participaron en la marcha de Cúcuta, portando fotografías de sus hijos,
un gesto que simboliza tanto el duelo como la resistencia frente al olvido. Sus
historias son representativas de las 5,793 personas desaparecidas en Norte de
Santander, según la UBPD, muchas de ellas víctimas de paramilitares, guerrillas
y otros actores armados.
El Rol de
la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)La UBPD, creada
tras el Acuerdo de Paz de 2016, es una entidad estatal de carácter humanitario
y extrajudicial que busca a personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de
2016. En Norte de Santander, la UBPD, bajo la coordinación de Sonia Rodríguez
Torrente, enfrenta un entorno complejo donde operan todos los grupos armados
del conflicto colombiano. La entidad ha registrado 132,877 personas
desaparecidas a nivel nacional, de las cuales 111,640 están relacionadas con el
conflicto armado hasta 2016.
Entre sus
logros, la UBPD ha:Recibido 28,815 solicitudes de búsqueda desde 2018.
Identificado
7,689 lugares de interés (fosas comunes, cementerios, etc.).
Realizado
muestras biológicas a 5,848 familiares.
Recuperado
929 cuerpos, entregando dignamente 196 e identificando a 16 personas vivas.
En Cúcuta,
la UBPD ha trabajado en casos como el de Éder Luis Cantero, cuyos restos fueron
exhumados en 2022 del Cementerio Central de Cúcuta y entregados a su familia en
Tierralta, Córdoba, tras 13 años de búsqueda. Además, la UBPD organizó la
marcha del 30 de agosto en Cúcuta, junto a actividades como conversatorios,
exposiciones fotográficas y jornadas pedagógicas, para visibilizar la
problemática y apoyar a las familias buscadoras.
El Contexto
del Conflicto Armado y la FronteraNorte de Santander es un epicentro del
conflicto armado colombiano debido a su ubicación estratégica en la frontera
con Venezuela. La región ha sido escenario de violencia por parte de
paramilitares (como el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las AUC,
liderado por Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”), guerrillas como el ELN y
las disidencias de las FARC, y grupos criminales dedicados al narcotráfico y la
trata de personas. Se estima que solo en los hornos crematorios operados por
paramilitares en la región fueron incineradas unas 500 personas.
La frontera
colombo-venezolana, especialmente las trochas entre Cúcuta y Táchira, es un
área de alta vulnerabilidad. Las desapariciones transfronterizas, como las de
Sergio y Jhaylander, son agravadas por la falta de coordinación entre las
autoridades de ambos países y la presencia de actores armados que controlan
estas rutas informales. La Defensoría del Pueblo reportó 37 víctimas de
desaparición forzada en Norte de Santander entre enero de 2022 y julio de 2023,
destacando las dificultades para la búsqueda en zonas fronterizas.
Marco Legal
y Desafíos InstitucionalesLa desaparición forzada en Colombia está tipificada
como delito desde 2000, pero muchos casos históricos, como el de Omaira Montoya
Henao (1977), permanecen en la impunidad por la falta de legislación previa. La
Ley 2364 de 2023, conocida como la “Ley de las Buscadoras”, reconoce los
derechos de las mujeres que lideran la búsqueda de desaparecidos, quienes
enfrentan amenazas y violencia. Sin embargo, el Comité de la ONU contra la
Desaparición Forzada señaló en 2024 deficiencias sistémicas en Colombia, como
la fragmentación del marco jurídico, la ineficacia institucional y la ausencia
de un registro centralizado de desaparecidos, con estimaciones que varían entre
98,000 y 200,000 casos.
La UBPD y
otras entidades, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión
de la Verdad, trabajan para esclarecer casos, pero la coordinación entre las 60
autoridades nacionales y territoriales involucradas es un obstáculo. Además, el
miedo a represalias y la falta de confianza en las instituciones desalientan
las denuncias, especialmente en comunidades marginadas como migrantes,
indígenas y afrocolombianos.
Actividades
Conmemorativas y Lucha de las FamiliasEl 30 de agosto de 2025, además de la
marcha en Cúcuta, se realizaron actividades en 20 departamentos de Colombia,
incluyendo:Conciertos, conversatorios y exposiciones fotográficas, como la
muestra “La desaparición nos separa, el camino de la búsqueda nos une” en
Bogotá.
Actos
simbólicos, como la siembra de jardines de la memoria y murales en Ocaña, Norte
de Santander.
Jornadas
pedagógicas en colegios y bibliotecas de Cúcuta para concienciar sobre la
desaparición forzada.
Las
mujeres, como Carmen y Rosa, son protagonistas en estas iniciativas.
Organizaciones como la Asociación Caminos de Esperanza – Madres de la
Candelaria han documentado más