Diálogos de Paz entre el Gobierno Colombiano y el Clan del Golfo en Doha
El 18 de septiembre de 2025, el Gobierno de Colombia, bajo la presidencia de Gustavo Petro, y el Clan del Golfo (también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia o EGC), la principal organización criminal del país, formalizaron el inicio de un proceso de diálogos de paz en Doha, Catar. Esta reunión marca un hito en la política de "Paz Total" impulsada por Petro desde su llegada al poder en 2022, que busca negociar con todos los grupos armados no estatales, incluyendo bandas criminales heredadas de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La primera ronda de negociaciones se extendió del 14 al 18 de septiembre, y concluyó con una declaración conjunta firmada por Álvaro Jiménez (jefe de la delegación gubernamental) y Luis Armando Pérez (representante del Clan del Golfo).
Este proceso se enmarca en un contexto de violencia persistente en regiones como el Urabá antioqueño y el Chocó, donde el Clan del Golfo controla rutas de narcotráfico, minería ilegal y extorsión. El grupo, con unos 4.000-6.000 miembros estimados, ha sido responsable de masacres, desplazamientos forzados y el asesinato de más de 200 líderes sociales y excombatientes de las FARC en los últimos años, según informes de la ONU. A pesar de esto, el Gobierno ve en los diálogos una oportunidad para desmovilizar al grupo y reducir la violencia en zonas rurales.
Acuerdos Alcanzados en la Primera Ronda
La declaración conjunta establece una fase inicial de "construcción de confianza" y acciones concretas para avanzar hacia la desmovilización. Los principales compromisos incluyen:
| Compromiso | Detalles | Partes Responsables |
|---|---|---|
| Sustitución de cultivos ilícitos | Plan piloto en 5 municipios con fuerte presencia del Clan: Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). Incluye pedagogía voluntaria, asistencia técnica y alternativas de vida (ej. cultivos legales como cacao o café). | Gobierno (implementación) y Clan del Golfo (no interferencia). |
| Protección de derechos humanos | Respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes como "primer piso" de la paz. Cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH). | Clan del Golfo (cese de reclutamiento infantil). |
| No interferencia electoral | Garantía de no obstruir las elecciones de 2026. | Clan del Golfo. |
| Rechazo a etiquetas paramilitares | El Gobierno "toma nota" del rechazo del Clan a ser clasificado como paramilitar o neo-paramilitar. | Ambas partes (solicitud a ONU para acompañamiento). |
| Monitoreo internacional | Invitación al Gobierno de Catar, Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y la Conferencia Episcopal Colombiana para verificación. Solicitud a la Cancillería para pedir apoyo al Consejo de Seguridad de la ONU. | Ambas partes. |
Estos acuerdos buscan transformar territorios abandonados por el Estado, donde el Clan controla economías ilícitas por valor de miles de millones de dólares anuales. Se planea una segunda ronda en Doha en fecha a definir, con énfasis en la renuncia al uso de armas y mecanismos para víctimas.
Contexto Histórico y Antecedentes
- Orígenes del Clan del Golfo: Surgido en 2013 tras la desmovilización de las AUC, es el heredero directo de bloques paramilitares como los de Bananeras y Centauros. Controla el 30-40% del narcotráfico colombiano y ha expandido su influencia a minería ilegal en el Pacífico. En 2022, tras la captura y extradición de su líder Dairo Antonio Úsuga ("Otoniel"), el grupo se fragmentó en facciones, pero mantiene operaciones en 15 departamentos.
- Acercamientos previos: Exploraciones iniciales en 2023-2024 se congelaron por desconfianza mutua y operativos militares como "Operación Orión". Petro anunció en agosto de 2025 la reapertura de conversaciones en el exterior, con Qatar como mediador neutral (similar a su rol en diálogos con el ELN).
- Paz Total de Petro: Esta política ha negociado con el ELN y disidencias de las FARC, pero enfrenta críticas por lentitud. Hasta septiembre de 2025, solo el 10% de los compromisos con el ELN están implementados, y el Clan del Golfo sigue en guerra abierta con guerrillas por control de enclaves cocaleros como Catatumbo.
Reacciones y Controversias
La noticia generó un amplio debate en Colombia y la región:
- Apoyo gubernamental: Petro la calificó como un "paso histórico" hacia la paz rural, enfatizando la sustitución voluntaria de cultivos para romper el ciclo de violencia. La Consejería para la Paz destacó el rol de garantes internacionales.
- Críticas políticas: Opositores como el uribismo argumentan que negociar con criminales sin una "Ley de Sometimiento" (que incentive desmovilizaciones con beneficios penales) es ingenuo. La Corte Suprema de Justicia expresó desacuerdos con propuestas similares, priorizando a víctimas. Analistas dudan de la viabilidad, citando combates recientes entre el Clan y el ELN en zonas ricas en coca y oro.
- En redes sociales (X/Twitter): Posts reflejan escepticismo, con usuarios cuestionando si los acuerdos sobrevivirán sin presencia estatal efectiva en territorios. Ejemplo: "El reto real será transformar el territorio: sin presencia estatal, los acuerdos quedan en letras sobre tierra herida" (@PuntoCriticoCo). Otros celebran el cese potencial de reclutamiento infantil.
- Internacional: La OEA y ONU han ofrecido apoyo, pero EE.UU. (principal socio antidrogas de Colombia) mantiene reservas, ya que el Clan es designado como Organización Terrorista Extranjera.
Víctimas y ONGs como Indepaz exigen mecanismos de reparación prioritarios, recordando que el Clan debe miles de millones en indemnizaciones por crímenes de lesa humanidad.
Próximos Pasos y Desafíos
- Segunda ronda: Programada para octubre-noviembre 2025, enfocada en desarme y reincorporación.
- Desafíos clave: Fragmentación interna del Clan, rivalidades con ELN y disidencias FARC, y el impacto de fumigaciones aéreas (suspensas por Petro pero presionadas por EE.UU.). El éxito dependerá de inversión estatal en desarrollo rural: solo el 20% de los programas de sustitución han avanzado efectivamente desde 2017.
- Indicadores de impacto: Monitoreo de ceses al fuego locales y reducción de homicidios en los 5 municipios piloto.
Este proceso podría reducir la violencia en un 15-20% en el Pacífico si se implementa, según expertos, pero requiere consensos amplios para evitar el fracaso de procesos pasados como la desmovilización de las AUC (2003-2006), que dejó legados criminales como el propio Clan