Procuraduría General de la Nación (PGN) de Colombia destituyó e inhabilitó por 15 años y seis meses al patrullero John Antonio Gutiérrez Rodríguez

 





Procuraduría General de la Nación (PGN) de Colombia destituyó e inhabilitó por 15 años y seis meses al patrullero John Antonio Gutiérrez Rodríguez (también referido como Jhon Antonio Gutiérrez), por el homicidio de dos manifestantes durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 (conocidas como "9S") en Bogotá. Esta sanción disciplinaria se suma a una condena penal previa de 10 años de prisión dictada en diciembre de 2024 por un juzgado de Bogotá. La PGN determinó que Gutiérrez abusó de su poder al usar fuerza letal sin justificación, violando derechos fundamentales como la vida y el derecho a la protesta pacífica. El uniformado actuó con dolo (intención plena), disparando de manera indiscriminada su arma de dotación en un contexto de disturbios cerca del CAI Verbenal.

Esta decisión es de primera instancia y puede ser apelada por Gutiérrez. Representa un avance en la búsqueda de justicia por las víctimas de la represión policial durante el estallido social de 2020, aunque persiste la impunidad en casos de responsabilidad de mando superior.

Antecedentes de las Protestas del 9S

Las manifestaciones del 9 de septiembre de 2020 surgieron como respuesta al asesinato de Javier Humberto Ordóñez Peralta, un estudiante de 46 años que murió bajo custodia policial en el CAI de Villa Luz (occidente de Bogotá) tras ser sometido con exceso de fuerza, incluyendo el uso prolongado de una pistola eléctrica Táser por dos agentes. Lo que inició como protestas pacíficas contra la brutalidad policial —con plantones, velatones y cacerolazos en plazas como la de Bolívar y cerca de CAIs— escaló a enfrentamientos violentos.

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) intervino con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, pero en varios puntos, como el CAI Verbenal (norte de Bogotá), se reportó el uso de armas de fuego por parte de policías. El saldo total en Bogotá y Soacha (municipio vecino) fue de 13 personas asesinadas, más de 70 heridas por impactos de bala y cientos de heridos por golpes o gases. Organizaciones como dh Colombia lo califican como una "masacre", destacando la desproporcionalidad de la respuesta estatal.

A cinco años del 9S (conmemoración el 9 de septiembre de 2025), solo una condena penal ha sido emitida (la de Gutiérrez), y la impunidad reina en la cadena de mando: la Fiscalía no ha imputado a oficiales como el teniente Reinero Alberto Cuartas o el coronel Roberto Carlos Sánchez, pese a evidencias de omisiones. La PGN absolvió a Sánchez de dar órdenes de disparo, pero multó a Cuartas por no proteger escenas del crimen.

AspectoDetalles del 9S
Muertes totales13 (10 en Bogotá, 3 en Soacha)
Heridos por balaMás de 70
Víctimas identificadas (parcial)Andrés Felipe Rodríguez Ávila, Jaider Alexander Fonseca Castillo, Julián González Fory, Cristian Hernández Yara, Julieth Ramírez Meza, Anthony Gabriel Estrada Espinoza, Angie Paola Baquero (juicio en curso), entre otros.
Condenas emitidas1 (Gutiérrez, 10 años prisión + destitución). Otra en proceso (Óscar Alexander Márquez, por muerte de Estrada).
Impunidad en mandoNinguna imputación a altos oficiales; apelaciones en curso por dh Colombia.

Detalles del Incidente Involucrando a Gutiérrez

El 9 de septiembre de 2020, alrededor de las 8:00 p.m., un grupo de manifestantes se concentró cerca del CAI Verbenal, que estaba siendo vandalizado con piedras y objetos improvisados. Gutiérrez, adscrito al CAI Toberín, formaba parte de la respuesta policial. Según la investigación, disparó múltiples veces su arma de dotación (una pistola Glock) de forma indiscriminada, impactando a dos jóvenes que no representaban una amenaza inminente. Balística confirmó que las balas en los cuerpos de las víctimas provenían de su arma.

La PGN y el juzgado penal coincidieron en que no había justificación: no se reportaron heridas graves en Gutiérrez ni amenaza letal que ameritara fuerza letal. Además, mintió al declarar que había perdido su cargador de municiones para evadir responsabilidad. La procuradora delegada Lina María Vega Abello enfatizó: "Actuó con pleno conocimiento de que su comportamiento era antijurídico y contrario al derecho", violando su formación en control de disturbios y uso proporcional de la fuerza.

Las Víctimas

  • Jaider Alexander Fonseca Castillo: 17 años, residente del barrio Verbenal. Iba en bicicleta durante la protesta cuando fue alcanzado por un disparo. Era padre reciente; su pareja, Mayra, dio a luz a su hijo poco después de su muerte.
  • Andrés Felipe Rodríguez Ávila: Joven que intentaba ingresar a una estación alimentadora de TransMilenio, pero terminó en Verbenal uniéndose a un cacerolazo. Murió por impactos de bala.

Ambas muertes ocurrieron en el mismo incidente, cerca de las 8:30 p.m.

Proceso Judicial y Disciplinario

EtapaFechaDetallesResultado
Investigación inicial2020-2024Fiscalía y PGN recolectan evidencias: balística, videos, testimonios. Gutiérrez capturado en 2021.Pliego de cargos por PGN en enero 2025.
Condena penalDiciembre 2024Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá. Homicidio en preterintención (sin dolo directo, pero con conocimiento de riesgo).10 años de prisión. Gutiérrez preso desde junio 2025.
Sanción disciplinariaSeptiembre 2025PGN, primera instancia. Abuso de poder con dolo.Destitución + inhabilidad 15 años 6 meses. Apelable.

El juzgado penal lo describió como "un ultraje a los principios que sostienen el orden social", ya que un uniformado "llamado a ser escudo y no filo" agredió a manifestantes.

Reacciones

  • Familias de las víctimas: Mayra (madre del hijo de Jaider) expresó alivio parcial: "Han pasado 4 años, 10 meses y 22 días desde aquella horrible noche... Esta noticia nos devuelve un poco de esperanza de paz y tranquilidad porque sabemos que por fin está pagando la persona que nos lo arrebató todo. Sabemos que no va a devolvernos la vida de Jaider, pero sí permite que nuestro corazón se regocije de alegría". Sin embargo, las familias denuncian revictimización, amenazas y estigmatización, exigiendo justicia integral para las 13 víctimas del 9S.
  • Organizaciones y activistas: dh Colombia y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos celebraron la sanción como un paso, pero criticaron la impunidad en la cadena de mando: "La respuesta estatal fue actuar como victimarios en lugar de protectores". En la conmemoración del 5º aniversario (septiembre 2025), concejales como Heidy Sánchez Barreto recordaron: "Bogotá no olvida: 13 manifestantes asesinados bajo el gobierno de Iván Duque y la alcaldesa Claudia López". Exigen reforma estructural a la Policía.
  • Medios y sociedad: Cobertura amplia en prensa (El Colombiano, Infobae, Caracol), con énfasis en el avance contra la impunidad policial. En X (Twitter), posts de @PGN_COL y @lafm destacaron la noticia, generando debates sobre derechos humanos. No se reportan reacciones oficiales del gobierno Petro más allá de apoyo general a la justicia transicional.
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