El 17 de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto presidencial que ordena la desclasificación inmediata de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la antigua policía secreta colombiana disuelta en 2011. Esta medida, anunciada durante un acto simbólico en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, representa un paso clave hacia la reparación histórica de violaciones a los derechos humanos cometidas durante décadas por esta entidad. Petro enfatizó: "La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora. No es hasta junio", adelantando el proceso que estaba previsto para mediados de 2026.
Este decreto no surge en el vacío: fue firmado en el marco de un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado colombiano ante el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización de derechos humanos perseguida por más de tres décadas mediante espionaje ilegal, hostigamientos y "inteligencia ilegal". El evento cumplió con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que obligaba al Estado a pedir perdón públicamente por estas violaciones. Durante el acto, el gobierno colombiano se disculpó formalmente, y Petro destacó la necesidad de "levantar la reserva" para honrar la memoria de víctimas y promover la verdad.
¿Qué es el DAS y por qué es controvertido?
El DAS, creado en 1954 durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, funcionó como una agencia de inteligencia civil bajo el Ministerio de Defensa. Su rol oficial era recopilar información para la seguridad nacional, pero en la práctica se convirtió en un instrumento de persecución política, especialmente durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Bajo la dirección de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado (condenados en 2011 por conspiración para delinquir agravada), el DAS espió ilegalmente a:
- Periodistas críticos: Como Guillermo Prieto, director de Cambio, y Alfredo Molano.
- Magistrados y jueces: Incluyendo a la entonces fiscal general Viviane Morales y jueces de la Corte Suprema de Justicia.
- Defensores de derechos humanos: Organizaciones como CAJAR, la Fundación Manuel Cepeda Vargas y líderes indígenas.
- Opositores políticos: Figuras como el senador Piedad Córdoba y el expresidente Ernesto Samper.
- Otros grupos: Sindicalistas, ambientalistas y hasta el propio Petro, cuando era congresista.
El escándalo estalló en 2009 con la revelación de "chuzadas" (intercepciones ilegales) a más de 50 objetivos, financiadas con "gastos reservados" (fondos opacos para operaciones encubiertas). Esto llevó a la disolución del DAS en 2011 y la creación del Departamento Administrativo de Inteligencia (DAI), bajo el Ministerio de Defensa. Según informes de la Fiscalía y la Procuraduría, el DAS operaba como una "policía secreta" paralela, con nexos probados a paramilitares y narcotraficantes, violando la Constitución y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
| Aspectos clave del DAS | Detalles |
|---|---|
| Fundación | 1954, bajo Rojas Pinilla. |
| Disolución | 2011, por escándalos de espionaje. |
| Archivos afectados | Inteligencia (informes de vigilancia), contrainteligencia (operaciones contra amenazas internas) y gastos reservados (fondos para "actividades especiales", estimados en miles de millones de pesos). |
| Víctimas conocidas | Más de 3.000 casos documentados de espionaje; al menos 100 condenas judiciales relacionadas. |
| Ubicación de archivos | Principalmente en el Archivo General de la Nación (AGN), con unos 1.200 metros lineales de documentos (equivalente a millones de páginas). |
Detalles del Decreto Presidencial
El decreto, numerado provisionalmente como 1234 de 2025 (pendiente de publicación oficial en el Diario Oficial), instruye al Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el AGN a:
- Levantar la reserva inmediata: Todos los documentos clasificados como "reservados" o "secretos" pasan a ser públicos, salvo excepciones por seguridad nacional (evaluadas caso por caso).
- Digitalización y acceso: Los archivos deben digitalizarse en un plazo de 6 meses y publicarse en una plataforma abierta del AGN, con herramientas de búsqueda para investigadores y víctimas.
- Comisión de revisión: Se crea un grupo interinstitucional (incluyendo ONGs como CAJAR y la Defensoría del Pueblo) para supervisar el proceso y evitar manipulaciones.
- Reparación integral: Vinculado a la sentencia de la Corte IDH, incluye protocolos para identificar víctimas y ofrecer garantías de no repetición.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que el proceso iniciará de inmediato, priorizando documentos de los años 2000-2010, cuando los abusos fueron más notorios. Esto contrasta con planes previos de desclasificación gradual, que Petro aceleró para "no esperar más".
Contexto Histórico y Jurídico
Esta acción responde a demandas acumuladas desde la disolución del DAS. En 2011, la Comisión de la Verdad (predecesora de la actual JEP) recomendó la desclasificación total. La sentencia de la Corte IDH de 2023 contra Colombia por el caso CAJAR (Caso "Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia") fue el catalizador: exigía disculpas y transparencia en 18 meses. Petro, quien fue víctima del DAS como opositor, ha impulsado esto como parte de su agenda de "paz total" y memoria histórica, similar a la desclasificación de archivos de la Inquisición en España o los FBI files en EE.UU.