Fredy León Gómez
· Preocupación y rechazo ha generado entre las comunidades del occidente antioqueño la resolución 581 de 2025, expedida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mediante la cual se ordena el desalojo de más de mil familias en el municipio de Buriticá. ASOMINACOL pide garantías humanitarias para este proceso.
La comunidad denunció que no existe un censo claro de las familias afectadas ni un plan de reubicación, lo que ha generado preocupación por la situación humanitaria que podría desencadenarse. Entre los casos más sensibles se encuentra el de Virgelina Rodríguez, una mujer de 93 años que vive sola en una vivienda humilde y que también figura dentro del listado de posibles desalojos.
ASOMINACOL pide garantías del debido proceso
El procedimiento, notificado bajo el número FMI 024-2361 y referente al sector Canalón Rico, contaría con el apoyo de la Personería Municipal, la Alcaldía de Buriticá, la Defensoría del Pueblo y la multinacional Continental Gold, que tiene operaciones en la zona. El desalojo estaba programado para el pasado jueves 30 de octubre, pero fue suspendido tras la presión de la organización ASOMINACOL, que se ha manifestado en defensa de los habitantes.
La notificación bajo el número FMI 024-2361 cuenta con el respaldo la Personería Municipal, la Alcaldía de Buriticá, la Defensoría del Pueblo y la multinacional Continental Gold.
Las zonas señaladas incluyen Los Asientos (con más de 30 familias), San Román (con al menos 15 familias) y La Somadera, donde se estima habitan cerca de mil familias. Una comisión de ASOMINACOL, encabezada por su representante legal, la abogada Teresa Maso Higuita, visitó la Personería Municipal para buscar respuestas. Sin embargo, según la organización, no fue posible registrar declaraciones debido a que las autoridades locales exigieron autorización de la Procuraduría Provincial y la Defensoría del Pueblo para cualquier grabación.
ASOMINACOL aseguró que continuará acompañando a las
comunidades y solicitó a las autoridades nacionales revisar la legalidad y las
garantías del proceso, antes de proceder con cualquier desalojo.