Canciller colombiana ve "muy posible" un acuerdo con el Clan del Golfo antes de agosto de 2026
Madrid/Bogotá, 19 de noviembre de 2025 – La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, expresó este miércoles un optimismo cauteloso sobre las negociaciones con el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC), la mayor banda criminal del país. Durante su intervención en la Tribuna EFE-Casa de América en Madrid, la canciller afirmó que "hay evidencias de que sí quieren" llegar a un entendimiento y que "es muy posible que antes de que acabe el gobierno [de Gustavo Petro, en agosto de 2026] pueda haber una decisión y ese acuerdo con ellos para desactivar toda la actividad ilegal".
Villavicencio subrayó que el proceso, iniciado formalmente en septiembre de 2025 en Doha (Catar) con mediación qatarí, no es una negociación de paz tradicional como la que se intentó con guerrillas insurgentes, sino un "diálogo socio-jurídico" orientado al sometimiento colectivo a la justicia. Este enfoque busca la suspensión de actividades delictivas –narcotráfico, minería ilegal y tráfico de migrantes– a cambio de beneficios judiciales y programas de reintegración social para sus cerca de 9.000 integrantes.
"Sentarse a la mesa significa que realmente tengan voluntad de negociar y llegar a acuerdos concretos", explicó la canciller, contrastando el avance con el Clan del Golfo frente a la suspensión de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por falta de compromiso. Según Villavicencio, el EGC ha dado "muestras de voluntad" hasta ahora, como la reducción de operaciones en zonas clave, incluido el Tapón del Darién (frontera con Panamá), donde controlaba gran parte del tráfico de personas, un negocio casi tan lucrativo como la cocaína.
La ministra anticipó una segunda ronda de conversaciones en Catar "este mes o el próximo", con el objetivo de fijar "acuerdos muy concretos". Destacó la "atomización" interna del grupo: aunque mantiene una estructura centralizada, el poder es mayoritariamente territorial, lo que facilita acuerdos parciales pero complica la unidad de mando.
Contexto del proceso: de exploratorios a mesa formal
Los acercamientos con el Clan del Golfo forman parte de la política de "Paz Total" del presidente Gustavo Petro, que busca desmantelar las economías ilegales que alimentan la violencia. En septiembre de 2025, el Gobierno emitió la Resolución 294, reconociendo al EGC como Grupo Armado Organizado (GAO), lo que habilita diálogos bajo el Derecho Internacional Humanitario sin otorgar estatus político.
La primera ronda en Doha (14-18 de septiembre) culminó con compromisos iniciales, como programas piloto de sustitución de cultivos ilícitos y el respeto al proceso electoral de 2026. Catar, que ya facilitó otros procesos regionales, fue elegido por su neutralidad y experiencia en mediación.
A diferencia de intentos previos –como los fallidos bajo el gobierno de Juan Manuel Santos o los exploratorios de 2023-2024 con Petro–, este proceso avanza con un marco jurídico más claro, aunque depende de la aprobación en el Congreso de un proyecto de ley de sometimiento que permita beneficios como reducción de penas y no extradición para delitos no graves.
Desafíos pendientes y críticas
Pese al optimismo oficial, analistas advierten riesgos. El Clan del Golfo ha crecido exponencialmente en los últimos años (165% de integrantes entre 2018 y 2025, según informes de la Fundación Ideas para la Paz), controla rutas clave de narcotráfico y mantiene enfrentamientos con el ELN por territorios ricos en coca y oro, como el sur de Bolívar.
Además, persisten tensiones internas: en diciembre de 2024, el Gobierno excluyó a tres cabecillas (incluido "Chiquito Malo") por órdenes de captura y extradición pendiente. Críticos temen que un acuerdo parcial deje estructuras disidentes activas o que el proceso se use con fines electorales, elevando costos para el próximo gobierno.
Villavicencio, quien asumió la Cancillería en julio de 2025 tras una trayectoria en migración y cooperación internacional, defendió la estrategia como esencial para "pacificar territorios" y permitir la "vuelta a la vida civil" de miles de combatientes rasos, muchos reclutados forzosamente.
El Gobierno insiste en que no habrá "mesas indefinidas": solo avanzarán con grupos que demuestren voluntad real. Si se concreta antes de agosto de 2026, este acuerdo marcaría un hito en la "Paz Total", desactivando la mayor maquinaria criminal del país y potencialmente reduciendo la exportación de cocaína, de la que Colombia sigue siendo el principal productor mundial. Por ahora, Doha sigue siendo el epicentro de una esperanza frágil pero tangible.