Captura de nueve militares en Frontino revive fantasmas de los "falsos positivos" en Colombia: Tortura y homicidio de un joven con discapacidad cognitiva
Bogotá, 7 de noviembre de 2025 – La Fiscalía General de la Nación capturó este miércoles a nueve miembros activos del Ejército Nacional acusados de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada en contra de Esneider Flórez Manco, un joven campesino de 26 años con déficit cognitivo, en la base militar Antorcha del municipio de Frontino, Antioquia. El caso, ocurrido el 7 de octubre pasado, expone un presunto exceso en el uso de la fuerza que ha generado un escándalo nacional y ha sido calificado por el Gobierno como un ejemplo de "transparencia" en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública.
El incidente se desencadenó cuando Flórez Manco, residente de la zona rural de Frontino y conocido en su comunidad por su condición de discapacidad cognitiva, fue visto "merodeando" las inmediaciones de la Base Militar Antorcha, dependiente del Batallón de Infantería N.º 32 "General Pedro Justo Berrío" de la Cuarta Brigada del Ejército. Según el informe oficial del Ejército compartido por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, los uniformados lo retuvieron y, bajo el mando del sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros (unidad Demoledor 2) y el teniente Léider Ortiz Ortiz (unidad Córdoba 1), incurrieron en un "exceso de uso de la fuerza" que derivó en su muerte por torturas. El cuerpo de la víctima no fue localizado hasta el 29 de octubre, cuando fue entregado a Medicina Legal para identificación por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
La secuencia de eventos, detallada en el reporte castrense, revela un intento inicial de encubrimiento. El 8 de octubre, un soldado alertó a un subintendente de la Estación de Policía de Frontino sobre el homicidio, lo que activó la cadena de mando: el comandante del batallón informó a la Cuarta Brigada, quien notificó a la Séptima División y a la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia. Ese mismo día, se abrió una investigación disciplinaria interna (radicado No. 40218 de 2025) y se coordinó con la Fiscal 2223 especializada en Justicia Penal Militar, Mayerling López. El 9 de octubre, se realizó una reunión con el director del CTI Antioquia, Andrés Calle, para trasladar el pelotón implicado a Medellín y permitir el ingreso de la Policía Judicial a la base en busca de pruebas y el cadáver.
La captura de los nueve implicados –un teniente, un sargento segundo, un cabo segundo y seis soldados profesionales– se materializó el 5 de noviembre gracias a la individualización de responsables por el Fiscal 27 Especializado de Medellín. Los detenidos, apartados de sus funciones y trasladados a disposición judicial, responden a los nombres de: Léider Ortiz Ortiz (teniente), Andrés Olivio Gutiérrez Mideros (sargento segundo), Cristian Daniel Córdoba Piamba (cabo segundo), Fabián Alberto Rojo Giraldo (soldado), Brayan Stiven Osorio (soldado), Jhonn Edwin Quejada Fabra (soldado), Neider de Jesús Oyola Ortiz (soldado), Divian Fernando Ruiz Rojas (soldado) y Miguel Ángel Caicedo Hernández (soldado). Todos pertenecen al pelotón Demoledor 2 y enfrentarán cargos ante la justicia ordinaria, en un proceso que el Ejército ha calificado de "acto individual" contrario a sus políticas institucionales.
El presidente Petro, en un extenso hilo publicado en X el 5 de noviembre, defendió la divulgación del informe completo como un acto de transparencia: "He querido que la fuerza pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violación de derechos humanos. Ha acontecido ahora y transmito como comunicado público la información completa que me envían las mismas fuerzas militares". El mandatario elogió la respuesta inmediata de los comandantes del Batallón 32, la Cuarta Brigada y la Séptima División, quienes "informaron inmediatamente a las autoridades judiciales, cumpliendo lineamientos de honestidad, transparencia, respeto a la dignidad humana, derechos humanos y DIH del Ejército Nacional". Sin embargo, la mención explícita de los nombres de los acusados generó críticas de sectores militares y opositores, quienes lo acusaron de exponer innecesariamente a los uniformados.
El Ejército Nacional emitió un comunicado rechazando "cualquier actuación contraria a la Constitución y la ley", expresando condolencias a la familia de Flórez Manco y comprometiéndose a colaborar con la Fiscalía y la Jurisdicción Penal Militar. "No toleraremos que sus integrantes actúen en contra de la Constitución", reafirmó la institución, que facilitó el acceso a la base para recolección de pruebas y abrió un proceso disciplinario interno. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, fue más contundente en una entrevista con Caracol Radio: "Nueve personas, nueve seres humanos que golpearon los principios y valores, se salieron de toda la ética". Sánchez defendió la acción de Petro como un ejemplo de rendición de cuentas y minimizó el incidente como una "excepción" que afecta solo al 0,1% de los 410.000 uniformados: "Desde el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional se combate el delito y no se tolera que hechos criminales manchen a la institución. Por algo somos la institución con mayor favorabilidad de todos los colombianos".
Este caso irrumpe en un contexto histórico de graves violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, marcado por el escándalo de los "falsos positivos" –ejecuciones extrajudiciales sistemáticas entre 2002 y 2008 para inflar cifras de guerrilleros abatidos–. El Tribunal Especial para la Paz (JEP), surgido del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, ha documentado al menos 6.402 asesinatos de civiles en ese período, la mayoría campesinos pobres como Flórez Manco. Aunque el Ejército insiste en que este homicidio no busca "inflar resultados operativos", organizaciones de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y Amnistía Internacional han alertado sobre patrones persistentes de abuso en zonas rurales como Antioquia, donde persisten vestigios del conflicto armado pese al posconflicto.
La familia de la víctima, aún en duelo, ha recibido apoyo psicológico de entidades locales, pero exige justicia rápida. Mientras la investigación avanza –con audiencias preliminares programadas para las próximas semanas–, el caso pone a prueba el compromiso del Gobierno Petro con la reforma de la Fuerza Pública y la erradicación de abusos. "No más impunidad", ha sido el clamor en redes sociales y manifestaciones en Frontino, donde residentes temen que este sea solo la punta del iceberg en una región golpeada por décadas de violencia. La Fiscalía promete esclarecer los hechos en un plazo razonable, pero el país espera que esta transparencia no sea efímera.