Colombia conmemora 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia: rostros de víctimas iluminan la memoria y claman por verdad
Bogotá, 7 de noviembre de 2025 – Bajo un cielo nublado y cargado de simbolismo, Colombia revivió este jueves el dolor de una de las heridas más profundas de su historia reciente: el asalto guerrillero al Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de Abril (M-19) el 6 de noviembre de 1985, seguido de una retoma militar que dejó un saldo de al menos 98 muertos –incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia– y un número indeterminado de desaparecidos. En la Plaza de Bolívar, epicentro de la conmemoración del 40 aniversario, los rostros de las víctimas se proyectaron como gigantes efímeros en la fachada del emblemático edificio, un recordatorio visual de que la justicia, aunque herida, no se apaga.
El acto central, organizado por las altas cortes y la Alcaldía de Bogotá, reunió a familiares de las víctimas, sobrevivientes, magistrados y representantes institucionales en un homenaje que combinó arte, oración y denuncia. Vestidos con camisetas estampadas con fotos de los caídos y portando faroles que flotaban como almas en la penumbra, los asistentes presenciaron la proyección de mapping interactivo titulada El Palacio cobra vida. Esta narración lumínica reconstruyó las 28 horas de caos –desde la irrupción de 35 guerrilleros del M-19 hasta el incendio que devoró gran parte del edificio durante la noche del 7 de noviembre–, enfatizando no solo el horror, sino la resiliencia de las instituciones. "El objetivo es reconocer el dolor, honrar a las víctimas y reafirmar que la justicia no puede ser silenciada", declaró Jorge Enrique Vallejo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, durante el evento, al recordar cómo "muchas vidas se perdieron por la acción terrorista de un grupo que pretendió hacer una reivindicación política, pero de una forma absolutamente equivocada".
Un asalto que sacudió las bases de la democracia
Para contextualizar el drama, es esencial retroceder cuatro décadas. El 6 de noviembre de 1985, poco antes del mediodía, un comando del M-19 –grupo guerrillero de corte nacionalista y urbano, en el que militó en su juventud el actual presidente Gustavo Petro– irrumpió en el Palacio de Justicia cargando armas automáticas, granadas y exigiendo un "juicio popular" al entonces presidente Belisario Betancur por el presunto incumplimiento de acuerdos de paz firmados en 1984. Su objetivo declarado: juzgar al mandatario y destruir expedientes judiciales relacionados con el narcotráfico, en particular aquellos vinculados al Cartel de Medellín de Pablo Escobar, quien habría financiado la operación con hasta 2 millones de dólares.
La respuesta del Estado fue inmediata y controvertida: tanques del Ejército y helicópteros del Ejército Nacional rodearon el edificio, iniciando una operación de retoma que duró hasta la madrugada del día siguiente. El fuego, iniciado por los guerrilleros para cubrir su huida pero exacerbado por los disparos de artillería, consumió el 80% de la estructura neoclásica, símbolo de la rama judicial. Entre los fallecidos figuran nombres como el magistrado Carlos Pizarro Leongómez (no confundir con el líder del M-19) y la abogada Ana Rosa Cuéllar, así como empleados administrativos, visitantes y 12 miembros de las fuerzas armadas. Al menos 11 personas, entre ellas la desaparecida Luz Mary Portela, siguen sin ser localizadas, presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por agentes estatales.
La Comisión de la Verdad, en su informe final de 2022, catalogó el episodio como un "holocausto" y un crimen de lesa humanidad, señalando responsabilidades compartidas: el M-19 por el asalto inicial y el Estado por una respuesta "desproporcionada" que incluyó torturas y ejecuciones sumarias. Sin embargo, las sentencias judiciales han sido asimétricas: el general Jesús Armando Arias Cabrales, quien comandó la retoma, cumple 35 años de prisión por homicidio, mientras que exguerrilleros del M-19 como Antonio Navarro Wolff –hoy senador– y el propio Petro, quien no participó directamente pero defendió la causa del grupo, no enfrentaron cargos por este hecho específico tras su desmovilización en 1990.
La conmemoración: entre homenaje y reclamos
La jornada del 6 de noviembre se extendió con múltiples actividades en Bogotá. En la Catedral Primada, se ofició una misa solemne presidida por el arzobispo Luis José Rueda, donde familiares depositaron ofrendas florales en memoria de los magistrados. Paralelamente, centros de memoria como el recién inaugurado en el Palacio de Justicia –con una toga simbólica de un juez asesinado– abrieron sus puertas al público, exhibiendo documentos desclasificados, testimonios audiovisuales y réplicas de los archivos quemados. La Alcaldía de Bogotá, bajo la dirección de Carlos Fernando Galán, impulsó intervenciones artísticas en la Plaza de Bolívar, incluyendo lecturas de manifiestos juveniles como Memoria de Luz, que enfatizó: "Memoria es resistencia".
Este viernes 7 de noviembre, los actos continuaron con una ceremonia eucarística en la plazoleta Alfonso Reyes Echandía del Palacio de Justicia, presidida por las altas cortes. Allí, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, hizo un "duro llamado" a los responsables históricos: "Deben hablar, la verdad no puede seguir silenciada". La Defensora del Pueblo, Margarita Cabello, acompañó a las familias y subrayó: "Todos perdimos en esa tragedia; que la memoria autocrítica nos una". Ausente en los eventos principales, el presidente Petro publicó un mensaje en redes recordando su paso por el M-19 como "juventud rebelde" y abogando por "paz con justicia social", lo que generó críticas de sectores opositores que lo acusan de minimizar el terrorismo.
En redes sociales, el debate ardió con intensidad. Usuarios como @RevistaSemana compartieron imágenes de la eucaristía, mientras que colectivos como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (#CAJAR) amplificaron voces de familiares como Rosa Milena Cárdenas, quien exigió: "Queremos saber qué pasó con Luz Mary; la sentencia de la Corte Interamericana debe cumplirse". Por otro lado, figuras como el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, rechazaron tajantemente intentos de "enaltecer" el asalto: "No fue genialidad ni heroísmo; fue un ataque terrorista que destruyó el alma de la justicia". El Procurador General, Gregorio Eljach, intervino recordando la "fortaleza inmensa de nuestras instituciones" pese a las tragedias.
Heridas abiertas y lecciones pendientes
Cuatro décadas después, el Holocausto del Palacio de Justicia –como lo denomina la jurisprudencia colombiana– sigue siendo un espejo de las contradicciones nacionales: el tránsito de la violencia armada a la política, el peso del narcoterrorismo en los años 80 y la lucha por la memoria histórica en un país con más de 260.000 víctimas de desaparición forzada en su conflicto armado. Organizaciones como el Centro por la Justicia y la Responsabilidad (CJA) y CEJIL insisten en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2021, que obliga al Estado a investigar las ejecuciones extrajudiciales y reparar integralmente a las familias.
En un contexto de "paz total" impulsada por el gobierno Petro, la conmemoración reavivó tensiones: ¿puede Colombia perdonar sin verdad? ¿Cómo honrar a los caídos sin revictimizar a los sobrevivientes? Como lo expresó el periodista y autor Olga Behar, quien cubrió el evento en 1985 y escribió sobre la guerrillera sobreviviente Clara Elena Enciso: "Aquella tragedia cambió a Colombia para siempre; hoy, sus ecos nos obligan a no repetir errores".
Mientras los faroles se apagan en la Plaza de Bolívar, una certeza persiste: la memoria no es solo duelo, sino antídoto contra el olvido. En palabras de Vallejo: "Nunca más". Colombia, en su diversidad de voces, asiente, pero el camino hacia la reconciliación luce aún largo.