Colombia: La Fiscalía imputa seis delitos de corrupción al hijo mayor del presidente Petro en el 'Caso Fucoso'
Barranquilla, 10 de noviembre de 2025 – En un nuevo revés para el entorno del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación imputó este lunes seis graves delitos a Nicolás Fernando Petro Burgos, su hijo mayor, por presuntas irregularidades en la gestión de contratos públicos durante su período como diputado en la Asamblea Departamental del Atlántico. La audiencia, realizada en el Juzgado 41 de Control de Garantías de Barranquilla, marca el inicio de una segunda línea de investigación contra el exfuncionario, quien ya enfrenta un proceso por lavado de activos.
La fiscal delegada Lucy Laborde, adscrita al Tribunal Superior de Bogotá, presentó los cargos durante una audiencia pública que se extendió por varias horas y que fue transmitida en vivo por varios medios. Los delitos imputados son: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. Según la acusación, estos hechos ocurrieron entre 2021 y 2022, cuando Petro Burgos, entonces diputado del Atlántico, habría intervenido en la adjudicación de dos contratos por valor de recursos públicos entre la Gobernación del departamento y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), una entidad dedicada a programas sociales.
Detalles del 'Caso Fucoso': Apropiación de 111 millones de pesos
La Fiscalía sostiene que Nicolás Petro Burgos no tenía una administración directa sobre los fondos públicos, pero actuó como "interviniente" en el peculado por apropiación, facilitando el desvío de 111 millones de pesos (aproximadamente 29.500 dólares) a favor de terceros. "Estos hechos, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, se le imputan porque usted no tenía administración funcional directa sobre esos recursos públicos del contrato. Es por esto que su responsabilidad se estructura a título de interviniente en el peculado por apropiación cometida por quienes sí administraban los dineros públicos", explicó Laborde durante la formulación de cargos.
El caso, conocido como 'Fucoso', surgió de una compulsa de copias ordenada por el Juzgado 74 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, y no responde a "retaliaciones personales", aclaró la fiscal. La investigación revela un entramado de influencias donde Petro Burgos habría usado su posición para direccionar los contratos, falsificando documentos y proporcionando falso testimonio en declaraciones previas. La Fiscalía también solicitó una medida de aseguramiento en su contra, argumentando riesgo de fuga o interferencia en la investigación, aunque el juez separó esta petición para una audiencia posterior.
El juez Octavio Cabrera, a cargo de la diligencia, rechazó las objeciones de la defensa, liderada por el abogado Alejandro Carranza, quien alegó vulneraciones al debido proceso y pidió la suspensión de la audiencia. "No proceden las peticiones de la defensa", resolvió el magistrado, permitiendo que la imputación se formalizara sin interrupciones.
Antecedentes: Un historial de acusaciones por manejo ilícito de fondos
Este no es el primer escándalo judicial para Nicolás Petro Burgos, de 36 años, quien ha sido una figura controvertida en el círculo cercano de su padre desde la campaña presidencial de 2022. En julio de 2023, la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por recibir hasta 500 millones de pesos (alrededor de 132.000 dólares) de fuentes ilícitas, incluyendo al narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias "Hombre Marlboro", extraditado a Estados Unidos, y Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso "Turco" Hilsaca, también vinculado al crimen organizado.
En ese proceso, su expareja Day Vásquez se convirtió en testigo clave, declarando que parte de esos fondos se destinaron a la campaña de Gustavo Petro, aunque el hijo del presidente insistió en una entrevista con la revista Semana que su padre desconocía el origen del dinero. El juez de conocimiento ya avaló la validez de esas declaraciones, y el caso principal avanza hacia un juicio oral.
Nicolás Petro, quien renunció a su curul en la Asamblea del Atlántico en 2022 para apoyar la campaña de su padre, ha negado todas las acusaciones y prometió defenderse "con la verdad". En redes sociales, su imputación generó un torbellino de reacciones inmediatas. Usuarios como @Melquisedec70 listaron los cargos con ironía: "Don Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del Presidente de la República, casi agota el Código Penal", mientras otros, como @lunatico48, cuestionaron por qué no se le imputa también enriquecimiento ilícito. Medios como El Colombiano y El País destacaron la gravedad del caso en tiempo real, con transmisiones en vivo que acumularon miles de visualizaciones.
Implicaciones políticas en un gobierno bajo escrutinio
El caso irrumpe en un momento delicado para el gobierno de Gustavo Petro, quien asumió el poder en agosto de 2022 prometiendo combatir la corrupción endémica en Colombia. Aunque el presidente no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la imputación de su hijo –quien lo acompañó en la noche electoral de 2022–, analistas ven en estos episodios un desafío a la credibilidad de la izquierda colombiana. "Es un golpe a la narrativa anticorrupción del petrismo", comentó un experto en derecho penal consultado por Infobae.
La oposición, liderada por figuras como el expresidente Iván Duque, ya ha calificado el hecho como "la hipocresía del cambio", exigiendo transparencia total. Mientras tanto, la Fiscalía enfatizó que las investigaciones son independientes y basadas en evidencia, no en motivaciones políticas.
Nicolás Petro Burgos no se pronunció al término de la audiencia, pero su defensa anunció apelaciones inmediatas. El próximo paso será la audiencia de formulación de acusación, programada para las próximas semanas. Este caso, sumado al anterior, podría derivar en penas acumuladas de hasta 30 años de prisión si se prueban las imputaciones.