La ONU prorroga la Misión de Verificación en Colombia, pero recorta su alcance: ¿Un retroceso en la implementación de la paz?
Bogotá, 1 de noviembre de 2025 – En una decisión que ha generado alarma entre defensores de los Acuerdos de Paz de 2016, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este viernes la prórroga por un año más del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Sin embargo, la resolución 2729 excluye dos pilares fundamentales de su labor: el monitoreo de las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al Capítulo Étnico del pacto con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). La votación, con 13 votos a favor y abstenciones de Estados Unidos y Rusia, rompe por primera vez el consenso unánime que ha marcado los ocho años de existencia de esta misión, señalando tensiones geopolíticas y dudas sobre el compromiso internacional con la consolidación de la paz en el país.
La resolución, adoptada en Nueva York tras un debate acalorado, extiende el mandato de la Misión hasta el 31 de octubre de 2026, pero redefine su enfoque de manera drástica. Creada en 2017 para supervisar el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, la Misión ha sido un pilar en la transición postconflicto, con más de 100 verificadores desplegados en todo el territorio colombiano. Hasta ahora, su rol abarcaba no solo la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad, sino también la vigilancia de mecanismos transicionales como la JEP –encargada de juzgar los crímenes del conflicto con énfasis en la verdad, justicia y reparación– y el Capítulo Étnico, que busca remediar las desproporcionadas afectaciones a pueblos indígenas y afrocolombianos durante cinco décadas de guerra.
Las exclusiones: Un golpe a la reparación y los derechos étnicos
Las "sanciones restaurativas" de la JEP, introducidas en la Ley Estatutaria de 2024, obligan a excombatientes y terceros reconocidos (incluidos militares y políticos) a contribuir activamente a la reparación de víctimas mediante obras comunitarias, educación o apoyo económico, en lugar de penas privativas de la libertad. Esta modalidad, inspirada en modelos de justicia restaurativa como los de Ruanda o Sudáfrica, ha sido clave para más de 13.000 exguerrilleros reinsertados, según datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Su exclusión de la supervisión ONU, argumentan expertos, podría debilitar el cumplimiento de estas obligaciones y erosionar la confianza de las víctimas, que superan las 9 millones según el Registro Único de Víctimas.
Por su parte, el Capítulo Étnico –suscrito en 2017 como adenda al acuerdo principal– prioriza la consulta previa con etnias, la protección de territorios ancestrales y la implementación de planes de desarrollo diferenciales. Comunidades como los wayúu en La Guajira o los emberá en el Chocó han reportado avances parciales, pero persisten amenazas de despojo y violencia: en 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) registró un incremento del 20% en desplazamientos forzados en zonas étnicas. La ONU, hasta el año pasado, emitía informes semestrales sobre estos avances; ahora, esa labor recae exclusivamente en el Estado colombiano, lo que organizaciones como la Cumbre de Consejos Comunitarios y Autoridades Tradicionales de Pueblos Étnicos (COCOMACIA) califica como "un abandono institucionalizado".
"La decisión de hoy es un retroceso peligroso. Sin el ojo internacional, las sanciones restaurativas corren el riesgo de convertirse en letra muerta, y los pueblos étnicos quedamos expuestos a la indiferencia del Gobierno", declaró a este medio Francisco Rojas, coordinador de la Comisión de Seguimiento a la Implementación del Capítulo Étnico (CSIVE). Rojas, quien ha liderado diálogos con la ONU desde 2017, enfatizó que esta exclusión ignora las recomendaciones de su último informe, que alertaba sobre el rezago en el 40% de los compromisos étnicos.
Antecedentes y fracturas en el Consejo de Seguridad
La Misión de Verificación surgió como sucesora de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (2016-2017), liderada por el entonces secretario general Ban Ki-moon, y ha sido renovada anualmente con respaldo casi total. En 2024, por ejemplo, la resolución 2711 amplió su mandato para incluir el monitoreo de disidencias FARC, tras el asesinato de más de 350 excombatientes desde 2016, según la ONU. Pero este año, las dinámicas globales han influido: la guerra en Ucrania y las tensiones en Oriente Medio han desviado recursos y prioridades, mientras que en América Latina, el enfoque de Washington se ha desplazado hacia migración y narcotráfico.
Estados Unidos, principal donante de la Misión con aportes anuales de unos 15 millones de dólares, objetó explícitamente la inclusión de las funciones de la JEP y el Capítulo Étnico. Fuentes diplomáticas citadas por Reuters indican que la administración Biden-Harris argumentó que estos temas deben ser "de soberanía nacional", alineándose con presiones internas de republicanos en el Congreso que cuestionan el costo de la supervisión (alrededor de 40 millones de dólares anuales globales). "No estamos en contra de la paz en Colombia, pero creemos que es hora de que el Gobierno de Petro asuma plena responsabilidad", habría dicho la embajadora Linda Thomas-Greenfield durante el debate cerrado, según filtraciones a The New York Times.
Rusia, por su parte, optó por la abstención, citando "inconsistencias en el enfoque selectivo de la ONU hacia conflictos internos". Moscú, que ha incrementado sus lazos con Bogotá en materia de defensa (incluyendo ventas de helicópteros Mi-17 en 2024), ve en esta resolución un sesgo occidental. "La Misión debería fortalecerse, no recortarse por caprichos geopolíticos", tuiteó el embajador Nebenzia post-votación, en un post que acumuló miles de interacciones en X (antes Twitter).
El Gobierno colombiano, bajo el presidente Gustavo Petro –quien fue M-19 guerrillero y firmante de los acuerdos como congresista–, reaccionó con cautela. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se "acogió favorablemente" la prórroga, pero se lamentó la exclusión, prometiendo "mecanismos nacionales robustos" para suplirla. Petro, en su cuenta de X, fue más directo: "La paz total exige vigilancia internacional. EE.UU. y Rusia deben repensar su postura; Colombia no puede sola contra el olvido". La oposición, liderada por el uribismo, celebró el recorte como un "fin a la injerencia extranjera", según el senador Paloma Valencia.
Implicaciones para la "paz total" de Petro
El mandato renovado se concentra en tres ejes: la reincorporación de ex-FARC (con énfasis en cooperativas productivas, donde el 70% de excombatientes han avanzado, per ARN), garantías de seguridad (ante 150 líderes sociales asesinados en 2024, según Indepaz) y la reforma rural integral (que ha titulado 1.2 millones de hectáreas, pero solo el 30% de lo pactado). Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión, reiteró en su informe al Consejo que "la paz es reversible sin apoyo sostenido", advirtiendo sobre el resurgir de disidencias como el Estado Mayor Central, que controla el 40% de las rutas cocaleras.
Analistas como el exnegociador Humberto de la Calle ven en esta decisión un "golpe simbólico" a la agenda de Petro, cuya "paz total" busca diálogos con el ELN y Clan del Golfo. "Sin la ONU en la JEP, la impunidad percibida crecerá, desmotivando a más excombatientes", advierte De la Calle en una columna para El Tiempo. Organizaciones de víctimas, como el colectivo José Alvear Restrepo, han convocado protestas para el lunes en Bogotá, exigiendo una revisión de la resolución.
En el octavo aniversario de los Acuerdos –cumplido hace dos semanas–, esta prórroga deja un sabor agridulce. Colombia, el país con más desplazados internos del mundo (8.3 millones, per ACNUR), necesita más que extensiones parciales: requiere un compromiso global que no se doblegue ante agendas bilaterales. Mientras la Misión se repliega, la pregunta persiste: ¿podrá el Estado solo tejer los hilos sueltos de una paz que aún sangra?