Tensiones entre Petro y Trump escalan: Presidente colombiano acusa a EE.UU. de "racismo y displicencia" tras recorte al mandato de la ONU en el posconflicto
Bogotá, 2 de noviembre de 2025 (EFE/Grok News). El presidente de Colombia, Gustavo Petro, intensificó este viernes sus críticas contra el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, al calificar de "demostración de racismo" y "displicencia" la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de prorrogar por un año el mandato de la Misión de Verificación, pero excluyendo el monitoreo de las sanciones restaurativas y el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC-EP. En un contexto de crecientes fricciones bilaterales por la política antidrogas y la implementación del posconflicto, Petro vinculó la medida a presuntos lazos entre aliados políticos colombianos y el narcotráfico, avivando un debate internacional sobre la supervisión de la paz en el país.
La resolución 2728, aprobada el jueves 30 de octubre en Nueva York con 13 votos a favor, una abstención de Rusia y sin vetos, marca un giro significativo en el rol de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Hasta ahora, esta delegación de unos 80 observadores internacionales no solo vigilaba la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad y la reforma rural, sino también el cumplimiento de las "sanciones propias" —medidas restaurativas para reparar a víctimas— y el Capítulo Étnico, que busca garantizar los derechos de pueblos indígenas y afrocolombianos, comunidades que sufrieron desproporcionadamente el conflicto armado de más de 50 años.
La exclusión de estos dos pilares, impulsada principalmente por la objeción estadounidense, ha generado un aluvión de reacciones en Colombia y la comunidad internacional. Petro, en un hilo de mensajes publicados en su cuenta de X (anteriormente Twitter) el viernes por la mañana, no escatimó en acusaciones directas. "Que se quite el capítulo étnico, demostración de racismo, y la JEP muestra la displicencia del gobierno actual de los EE.UU. con la verdad en Colombia", escribió el mandatario, refiriéndose a la Jurisdicción Especial para la La Paz (JEP), el tribunal transicional creado por el acuerdo. Agregó: "Esto tiene una razón básica: los gobernantes norteamericanos saben que sus actuales aliados políticos en Colombia son aliados también del narcotráfico, y son en el pasado los responsables de un genocidio, de la violencia".
Contexto de las tensiones bilaterales
Las declaraciones de Petro llegan en un momento de alta volatilidad en las relaciones Colombia-EE.UU., exacerbadas desde la reelección de Donald Trump en noviembre de 2024. Trump, quien asumió su segundo mandato en enero de 2025, ha endurecido su postura contra la "diplomacia de la cocaína" impulsada por Petro, que prioriza la sustitución de cultivos ilícitos sobre la fumigación aérea y la extradición masiva de capos. En septiembre pasado, el Departamento de Estado estadounidense recortó la ayuda militar a Colombia en un 20%, argumentando "falta de avances en la erradicación de narcóticos", una medida que Petro calificó de "chantaje imperial".
Fuentes diplomáticas consultadas por EFE indican que la posición de EE.UU. en el Consejo de Seguridad fue influida por el embajador estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, quien durante las negociaciones privadas enfatizó que "la responsabilidad primaria de la implementación recae en el Estado colombiano, no en observadores internacionales". Esta visión choca con la de Petro, quien defiende una supervisión robusta de la ONU para blindar el acuerdo de paz frente a presiones internas de sectores uribistas —opositores al proceso— y amenazas externas como las disidencias de las FARC.
Rusia, por su parte, se abstuvo en la votación, citando "preocupaciones sobre la politización del mandato". El representante ruso, Vassily Nebenzia, declaró en la sesión que "la resolución diluye compromisos clave sin justificación, reflejando agendas unilaterales". Países como Francia y el Reino Unido, aliados tradicionales de EE.UU., apoyaron la prórroga limitada, mientras que Brasil y México —miembros no permanentes— defendieron en vano la inclusión del Capítulo Étnico, argumentando que su exclusión "deslegitima los derechos de minorías étnicas".
Reacciones en Colombia: De la JEP al Congreso
La JEP, epicentro de las críticas de Petro, respondió con prontitud. Su presidente, Alejandro Ramirez Ocampo, emitió un comunicado el mismo viernes afirmando que "esta decisión no afecta el monitoreo y la verificación de las Sanciones Propias". La jurisdicción, que ha procesado a más de 12.000 excombatientes y terceros involucrados, anunció que continuará su labor interna, incluyendo el seguimiento de las primeras sentencias condenatorias por crímenes de lesa humanidad, como las emitidas en julio contra exjefes paramilitares por masacres en el Urabá antioqueño.
"Valoramos positivamente la renovación del mandato de la Misión de Verificación, pero lamentamos la exclusión de elementos esenciales para la reparación integral", agregó Ramirez. La JEP ha sido un blanco recurrente de Trump, quien en una entrevista con Fox News la semana pasada la tildó de "tribunal de impunidad para terroristas".
En el Congreso colombiano, la oposición de centro-derecha celebró la resolución como un "paso hacia la soberanía". El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, tuiteó: "Basta de tutelaje internacional. Colombia debe asumir su paz sin excusas étnicas ni restaurativas que benefician a victimarios". En contraste, la coalición de gobierno, liderada por el Pacto Histórico, convocó para el lunes una sesión extraordinaria para debatir una moción de solidaridad con el Capítulo Étnico. La senadora Aída Avella acusó a EE.UU. de "interferir en nuestra justicia transicional para proteger a sus socios en el paramilitarismo".
Organizaciones indígenas y afrocolombianas, como la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) y el PCN (Proceso de Comunidades Negras), multiplicaron protestas en Bogotá y Cali. "Este recorte es un borrón y cuenta nueva para el genocidio étnico que hemos padecido", declaró Fátima Murillo, líder afro, en una rueda de prensa. Según datos de la Defensoría del Pueblo, el conflicto dejó más de 300 masacres contra comunidades étnicas, con solo el 15% reparadas hasta 2025.
Implicaciones para el posconflicto
El Acuerdo de Paz de La Habana, firmado en 2016 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, ha reducido la violencia en un 70% según la ONU, con 13.500 exguerrilleros reincorporados y 1.200 proyectos productivos en marcha. Sin embargo, persisten desafíos: disidencias armadas controlan el 40% de los cultivos de coca, y las garantías de seguridad han fallado en al menos 250 asesinatos de firmantes desde 2016.
Expertos como el analista político Rodrigo Uprimny advierten que la exclusión del Capítulo Étnico podría desmotivar a comunidades clave, que representan el 15% de la población colombiana. "Es un retroceso que ignora la interseccionalidad del conflicto: etnia, género y territorio", escribió Uprimny en su columna de El Espectador. Internacionalmente, Amnistía Internacional y Human Rights Watch emitieron comunicados conjuros pidiendo a la ONU reconsiderar la medida en revisiones futuras.
Mientras tanto, la Misión de Verificación, dirigida por el mexicano Carlos Ruiz Massieu, reafirmó su compromiso con los ejes restantes: reincorporación, seguridad y reforma rural. En su informe anual de septiembre, la misión documentó avances en 80 zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), pero alertó sobre "crecientes riesgos" por la fragmentación de grupos armados ilegales.
Hacia una cumbre bilateral inminente
Con la cumbre de la Alianza del Pacífico programada para el 15 de noviembre en Lima, donde Petro y Trump coincidirán por primera vez desde la investidura, las expectativas son tensas. Fuentes de la Cancillería colombiana revelan que Bogotá prepara una "carta de navegación" para resetear la agenda bilateral, incluyendo cooperación en migración venezolana y cambio climático, pero exigiendo respeto a la JEP.
Petro, fiel a su estilo confrontacional, cerró su hilo en X con una advertencia: "La paz total no se negocia con narcoparamilitares ni con sus protectores en Washington. Colombia merece verdad y reparación, no displicencia". En un país donde el 62% de la población apoya el acuerdo de paz según una encuesta Invamer de octubre, el pulso entre Bogotá y Washington podría redefinir no solo el posconflicto, sino la soberanía colombiana en la era Trump 2.0.