ONU expresa "profunda preocupación" por muerte de siete menores en bombardeo militar en Guaviare: Petro asume responsabilidad en medio de críticas por posible violación al Derecho Internacional Humanitario
Bogotá, 16 de noviembre de 2025 – La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) manifestó este domingo su "profunda preocupación" por la muerte de siete menores de edad durante un bombardeo militar ordenado por el presidente Gustavo Petro contra disidencias de las FARC en el departamento de Guaviare. El organismo internacional atribuyó a los grupos armados ilegales la responsabilidad principal por reclutar y utilizar a niños y adolescentes como "escudos humanos", pero instó al gobierno a redoblar esfuerzos para proteger a la niñez y prevenir su vinculación forzada a la conflictividad armada.
El incidente, ocurrido el pasado 10 de noviembre en una zona selvática del municipio de Calamar, forma parte de una serie de operaciones aéreas ordenadas por Petro esta semana contra las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, lideradas por Néstor Gregorio Vera, alias "Iván Mordisco", considerado el hombre más buscado del país por su rol en el narcotráfico y extorsiones. Según fuentes militares, el ataque buscaba neutralizar a la cúpula guerrillera, logrando la muerte de al menos 20 combatientes, pero dejó un saldo trágico de 25 cuerpos recuperados, de los cuales siete corresponden a menores entre 13 y 17 años: cuatro niñas y tres niños.
La confirmación de las edades de las víctimas llegó el sábado por la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), que detalló los perfiles de los fallecidos: una niña de 13 años originaria de Meta, otra de 14 años de Guaviare, una de 15 años de Caquetá, una de 17 años de Nariño, y los niños de 14, 15 y 17 años, todos reclutados forzosamente por las disidencias. "Estos menores no eran combatientes voluntarios, sino víctimas de un reclutamiento sistemático que viola la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y el Protocolo Opcional de 2000", enfatizó la Defensoría en un informe preliminar.
El bombardeo: Una operación "de alto impacto" con fallos en la inteligencia
La operación, bautizada como "de alto impacto" por el Ejército Nacional, involucró aviones Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana y fue ejecutada tras inteligencia que detectó la presencia de "Iván Mordisco" y su lugarteniente, alias "Calarcá", en un campamento improvisado en la vereda La Fuga. Fuentes militares consultadas por Infobae explicaron que la penetración a la estructura guerrillera se logró mediante infiltrados y drones, pero admitieron fallos en la verificación de la composición del grupo objetivo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó este domingo en una rueda de prensa que el mando militar tenía conocimiento de la posible presencia de menores, pero defendió la decisión: "No había niños, no había niñas; eran combatientes armados que representaban una amenaza inminente para nuestros soldados". Esta declaración generó contradicciones con el presidente Petro, quien inicialmente negó información previa sobre reclutas infantiles.
El bombardeo se enmarca en el giro de la política de "Paz Total" impulsada por Petro desde 2022, que buscaba diálogos con todos los grupos armados pero que, ante el fracaso de las negociaciones con el EMC, derivó en la reactivación de acciones ofensivas. Esta semana, Petro también ordenó ataques similares en Arauca, dejando un saldo de 15 guerrilleros abatidos, pero sin víctimas civiles reportadas.
Petro asume responsabilidad, pero rechaza comparaciones con Gaza
En un extenso mensaje publicado el sábado en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario izquierdista asumió "plenamente la responsabilidad" por la orden de bombardeo, lamentando las muertes: "Duele en el alma la pérdida de estos niños, víctimas del horror del reclutamiento forzado por las disidencias. Pero esta operación salvó vidas de soldados que enfrentaban una emboscada inminente". Petro justificó la acción como un acto de "defensa propia" y rechazó las analogías con los bombardeos en Gaza, calificándolas de "descaradas" y "hipócritas" por parte de la oposición.
La vicepresidenta Francia Márquez, en un comunicado separado, expresó su "profunda tristeza" y llamó a una "investigación exhaustiva" para esclarecer las circunstancias, enfatizando que "la niñez no puede ser carne de cañón en este conflicto que debe terminar".
La voz de la ONU: Llamado a proteger a la niñez y culpar a los reclutadores
El comunicado de la OACNUDH, difundido en redes sociales, reiteró la prohibición absoluta del reclutamiento de menores por grupos armados no estatales, según el artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de 2000, ratificado por Colombia. "Los grupos armados son responsables de exponer a la niñez a alto riesgo y utilizarla como escudo humano, pero el Estado debe hacer todos los esfuerzos necesarios para prevenir estas vulneraciones", se lee en el texto, dirigido directamente al gobierno de Petro. La oficina también urgió una investigación independiente para determinar si se respetaron los principios de distinción y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Expertos en DIH consultados por Infobae coinciden en que el ataque podría constituir una violación, al no diferenciar entre combatientes y civiles (aunque reclutados) y al usar fuerza desproporcionada en un área con presencia confirmada de menores. "El DIH obliga a tomar todas las precauciones factibles para evitar daños colaterales a protegidos, como los niños", explicó un analista de la Universidad de los Andes.
Críticas de la oposición y reacciones en redes: ¿Renuncia del ministro?
El alto saldo de menores ha avivado las críticas de la oposición, que acusa al gobierno de hipocresía al reactivar bombardeos tras años de promesas de "cambio". El exministro de Defensa de Iván Duque, Diego Molano, comparó el incidente con operaciones pasadas: "Es un copiar y pegar de lo que criticaban; ahora que les duele, claman por justicia". La senadora Catherine Juvinao (Centro Democrático) exigió la renuncia del ministro Sánchez, argumentando "falta de control sobre el uso de la fuerza".
En redes sociales, el debate se intensificó. La congresista Isabel Zuleta (Pacto Histórico) generó controversia con un tuit: "Para los que pedían bombardeos, ahí lo tienen", refiriéndose a sectores que exigían mano dura contra las disidencias; el mensaje acumuló miles de críticas por insensibilidad. Usuarios como @CarrillonavasG cuestionaron: "¿Hipocresía? Cuando era Duque, genocidio; con Petro, aplausos". Otros, como @Pfrobledo, ironizaron sobre las contradicciones del presidente: "Petro azota al Petro del pasado".
Organizaciones como la Red de Veedurías Ciudadanas y UNICEF Colombia pidieron una moratoria a operaciones aéreas en zonas con alto riesgo de reclutamiento infantil, recordando que Guaviare es uno de los departamentos con mayor incidencia de niños desvinculados de grupos armados: al menos 250 casos reportados en 2025.
Contexto: El reclutamiento infantil, una plaga persistente
Guaviare, una región amazónica rica en cultivos de coca, ha sido epicentro del conflicto desde los años 90. Las disidencias de "Iván Mordisco", que controlan el 40% de los cultivos ilícitos según la ONU, reclutan forzosamente a menores de comunidades indígenas y campesinas, prometiendo "protección" ante la pobreza extrema. En 2024, la Defensoría registró 187 casos de reclutamiento en el país, un aumento del 15% respecto al año anterior, pese a los avances del proceso de paz con las FARC firmados en 2016.
Este bombardeo reaviva el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos en Colombia, donde el "Paz Total" de Petro ha logrado ceses al fuego con el ELN y Clan del Golfo, pero tropieza con el EMC. Analistas advierten que sin una reforma rural integral, el ciclo de violencia y reclutamiento persistirá.
La Fiscalía General de la Nación anunció una investigación preliminar, mientras la OACNUDH ofrece apoyo técnico para una pesquisa imparcial. Por ahora, las familias de las víctimas exigen no solo justicia, sino un fin definitivo al horror que convirtió a sus hijos en estadísticas de un conflicto que no termina.