Tragedia en la Amazonia: Siete menores reclutados por disidencias FARC mueren en el bombardeo más letal del gobierno Petro
Bogotá, 16 de noviembre de 2025 – La muerte de siete menores de edad en un bombardeo militar contra un campamento de las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare ha desatado una tormenta política y humanitaria en Colombia. El ataque, ordenado en el marco de la ofensiva intensificada por el presidente Gustavo Petro contra los grupos armados, dejó al menos 25 fallecidos en total y ha reavivado el debate sobre el reclutamiento forzado de niños y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH). La Defensoría del Pueblo confirmó las identidades y edades de las víctimas –cuatro niñas y tres niños entre los 13 y 17 años–, mientras el mandatario defiende la operación como "necesaria y proporcional" para proteger la vida de soldados.
El bombardeo ocurrió el lunes 11 de noviembre en una zona remota de la Amazonia guaviareña, específicamente en la vereda La Falla, donde inteligencia militar detectó un alto mando de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), lideradas por alias "Iván Mordisco", el hombre más buscado del país por narcotráfico y reclutamiento forzado. Según fuentes del Ejército, el ataque aéreo con aviones Kfir buscaba neutralizar una amenaza inminente: un grupo de guerrilleros pretendía emboscar a una patrulla de 20 soldados en la zona. El saldo inicial reportado fue de 20 muertos, pero el Instituto Nacional de Medicina Legal elevó la cifra a 25 tras el análisis forense de los cuerpos recuperados. Entre ellos, los siete menores, cuya presencia en el campamento fue confirmada por la Defensoría del Pueblo como resultado del reclutamiento forzado por parte de las disidencias.
Las víctimas: Niños y niñas convertidos en "objetivos militares"
Las identidades de los menores fueron reveladas este domingo por Medicina Legal: se trata de Yulieth Sánchez (13 años), Mayerly Castro (14), Nair González (15), Yulieth Mendoza (15), Yeiler Mendoza (15), Yeferson Mendoza (16) y un niño de 17 años no identificado públicamente por respeto a su familia. La más joven, Yulieth Sánchez, apenas había cumplido 13 años y provenía de comunidades indígenas de la región, donde el vacío estatal facilita el reclutamiento por parte de grupos armados.
Iris Marín, Defensora del Pueblo, emitió un audio conmovedor a la prensa el sábado, describiendo el suceso como "la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares". En un posterior mensaje en X (antes Twitter), Marín detalló: "4 niñas y 3 niños... adolescentes", y responsabilizó directamente a alias Iván Mordisco por el reclutamiento, pero instó a las fuerzas militares a "adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los niños", citando principios internacionales que obligan a evaluar "muy cuidadosamente los medios y métodos de guerra para evitar daños desproporcionados o innecesarios".
El Ejército, por su parte, reportó el "rescate" de tres menores adicionales en las horas posteriores al ataque, quienes fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para su desmovilización y atención psicológica. Sin embargo, esta acción no ha mitigado las críticas, que apuntan a una posible violación del DIH, el cual clasifica a los niños reclutados como víctimas y no como combatientes legítimos, exigiendo su protección prioritaria incluso en zonas de conflicto.
Petro defiende la ofensiva: "Cumplimos el DIH, la responsabilidad es de las guerrillas"
En medio de un fin de semana marcado por protestas y debates en redes sociales, el presidente Gustavo Petro salió al paso de las acusaciones este domingo desde su cuenta en X. "Ese es el gran riesgo que solo el presidente asume", escribió, refiriéndose a la decisión de autorizar bombardeos pese al riesgo de presencia de menores –un dilema que él mismo había reconocido días antes. Petro argumentó que la operación salvó la vida de 20 militares y que el gobierno ha liberado a más de 2.000 niños de la guerra desde su llegada al poder en 2022. "Cumplimos con el DIH. La responsabilidad recae en los grupos armados que reclutan niños", enfatizó, al tiempo que lamentó las muertes como "un dolor inmenso".
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue aún más controvertido en una rueda de prensa el sábado. Admitió que la inteligencia militar tenía indicios de la presencia de menores en el campamento, pero defendió el ataque: "No había niños, no había niñas. Eran combatientes reclutados forzosamente, pero la amenaza era inminente". Sánchez calificó la operación como "necesaria y proporcionada" y anunció que el gobierno notificará a la ONU sobre el incidente, como exige el DIH en casos de bajas civiles.
La vicepresidenta Francia Márquez, en un comunicado oficial, expresó "mi profunda tristeza" y rechazó "enérgicamente" el reclutamiento forzado: "Son crímenes inaceptables que claman justicia. Es nuestro deber redoblar esfuerzos para blindar a nuestra niñez frente a la barbarie".
Reacciones internacionales y nacionales: De la ONU a la oposición
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó "profunda preocupación" por las muertes y exigió al gobierno "frenar el reclutamiento forzado" por parte de grupos armados, al tiempo que llamó a investigar si el bombardeo respetó el DIH. "La muerte de los siete menores fue confirmada por la Defensoría y Medicina Legal, que recibió 20 cuerpos", precisó el organismo en un informe preliminar.
En el ámbito nacional, la controversia ha polarizado el debate preelectoral. La subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, calificó el bombardeo como "una clara violación al DIH", argumentando que la presencia de menores obligaba a abortar la operación. La congresista Isabel Zuleta (del Pacto Histórico) generó repudio en redes por un tuit que decía: "Para los que pedían bombardeos, ahí lo tienen", interpretado como insensible ante las muertes infantiles. Usuarios en X la tildaron de "cínica" y exigieron su renuncia.
El exministro de Defensa de Iván Duque, Diego Molano, comparó el incidente con operaciones de su gobierno: "Es un copiar y pegar. En mi época salvamos vidas; hoy, con Petro, mueren niños". Opositores como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia han calificado el suceso de "crimen de guerra" y pidieron la renuncia de Sánchez, quien enfrenta una moción de censura en el Congreso.